Familiares de represaliados políticos vascos, abogados, ex presos y otros componentes del movimiento pro amnistía comparecieron ayer a la tarde en un céntrico hotel de Bilbo para denunciar ante la opinión pública que, en las últimas semanas, los funcionarios de prisiones han emprendido el interrogatorio directo y sistemático de los presos políticos vascos y otras medidas de chantaje hacia éstos. En este sentido, manifestaron que es una práctica gubernamental debidamente planificada para tratar de conseguir doblegar los firmes principios de los prisioneros, que han sido capaces de superar otros duros retos.

En su opinión, esta práctica es una muestra de la situación «extrema» que padecen en los últimos 20 años, al objeto de «dividir y deshacer» el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), y que, como vienen advirtiendo hace tiempo, se está agravando día a día en las decenas de cárceles españolas y francesas en las que se encuentran dispersados.

Quienes ejercieron de portavoces de los reunidos en la capital vizcaina, Alaitz Urien e Ibon Virumbrales, en euskara y castellano respectivamente, insistieron en su intervención en las «estrategias sucias» empleadas contra los presos, que las enmarcaron en la política de dispersión que puso el PSOE en marcha hace ya dos décadas, y que contó y cuenta con la colaboración del PNV, tal y como denunciaron en duros términos en la rueda de prensa.

«Rubalcaba y Urkullu van de la mano en la política represiva», enfatizaron, antes de añadir que ello ha tenido un importante coste económico y humano para los propios represaliados, así como para sus familiares y allegados, con cientos de miles de kilómetros recorridos para visitarles, víctimas mortales en accidentes, otros con graves lesiones y un desembolso económico incalculable.

«La dispersión ha causado pérdidas humanas terribles pero, a pesar de ello, 21 años más tarde, la dispersión ha fracasado», declararon de forma rotunda ante los medios de comunicación que acudieron a la cita. Por ello, desde el movimiento pro amnistía se exigió a los estados español y francés que «dejen de hacer chantajes e interrogatorios en las cárceles, que empiecen a anular las medidas de excepción implantadas y que comiencen a respetar los derechos de los presos políticos vascos». También apuntaron a que las medidas empleadas contra el Colectivo suponen para medio centenar de presos que se le haya ampliado su larga condena en diez años, imponiéndoles la cadena perpetua, o que se niegue la libertad a otros que padeven enfermedades graves, como cáncer o esquizofrenia.

Asimismo, hablaron del aislamiento brutal que están padeciendo otros represaliados, con el único objetivo de profundizar en una política carcelaria que pivota en el chantaje, la amenaza y una sucia presión hacia éstos, aunque resaltaron que la «firmeza» del Colectivo ha sido la que ha dado al traste con los planes en su contra.

Para reivindicar en la calle el fin de la dispersión, convocaron una nueva movilización para el martes 7 de diciembre, a las 18.00, en Durango, coincidiendo con la Azoka.

Dar cuerpo a Gernika

Además de la denuncia pública de los últimos movimientos que se están detectando en las cárceles, para dar una nueva vuelta de tuerca a una política de excepción hacia Euskal Herria y sus ciudadanos presos, quisieron hablar de la situación política y del vuelco que ha dado en los últimos meses gracias a la aportación de agentes políticos, sociales y sindicales de Euskal Herria, entre los que se encuentra el propio movimiento pro amnistía.

Remarcaron el sentimiento «ilusionante» que embarga a la sociedad vasca por vislumbrar en el horizonte que la justicia y la democracia pueden ser una realidad en el país y que está próxima si los diferentes agentes implicados tienen voluntad.

De cara a esta meta, consideraron imprescindible que quienes han hecho posible el Acuerdo de Gernika, en el que entre otros objetivos se reivindica el cese de la actual política penitenciaria y la vulneración de derechos de la ciudadanía, comiencen a trabajar para conseguir el fin de la dispersión y de las medidas de excepción que sufren en la cárceles.

Se trata, precisaron, de «dar cuerpo» al Acuerdo suscrito por formaciones políticas como la izquierda abertzale, Eusko Alartasuna, Aralar y Alternatiba; centrales sindicales como LAB, ESK, STEE-EILAS Y EHNE; y otros organismos sociales de diversa índole, más allá de las declaraciones que se recogen en el documento, en el camino en favor de la amnistía.

Más tarde, aclararon que entienden el término `amnistía' no sólo como la excarcelación de los presos sino la desaparición de los motivos que les llevaron a prisión, una argumentación explicada hasta la saciedad desde el mismo día en que fue encarcelado el primer ciudadano vasco a consecuencia del conflicto político en Euskal Herria.

En varias ocasiones, incidieron en la importancia y urgencia de que el asunto de los presos políticos vascos se sitúe en los primeros puestos de la agenda de los firmantes del Acuerdo de Gernika, al estimar que los represaliados tienen que adoptar un importante papel junto al resto de agentes implicados en el proceso político.

De cara a despejar el camino, reiteraron que, un primer paso, «es terminar con la dispersión», que busca «debilitar» al Colectivo y a quienes apuestan por poner en marcha el proceso.