Desde el momento mismo en que la última filtración de Wikileaks aireó los íntimos secretos del Departamento de Estado, EEUU ha profundizado en la caza de brujas contra la organización y se muestra determinado en llevar ante los tribunales al fundador del sitio web, Julian Assange, calificado de «terrorista» o «traidor» por no pocos políticos estadounidenses que piden su cabeza. El objetivo no se anuncia fácil.

«En este mismo momento, créanme, muchos abogados del Departamento de Justicia están buscando en virtud de qué leyes, de qué jurisprudencia, se lo podría querellar [a Assange] con más eficacia», aseguró a AFP Bruce Zegaris, experto en derecho internacional.

Tras la publicación en verano de decenas de miles de documentos sobre las operaciones estadounidenses en Irak y Afganistán, Washington abrió oficialmente una investigación penal contra cualquier persona responsable de las filtraciones difundidas por Wikileaks, confiada al Departamento de Justicia en cooperación con el todopoderoso Pentágono.

La Casa Blanca no oculta que no lo tiene fácil. «Si hay lagunas en el derecho estadounidense, vamos a superarlas», dijo el secretario de Justicia, Eric Holder.

Concretamente, EEUU tiene dos vías principales para demandar a este misterioso australiano de 39 años: mediante la ley de espionaje o en virtud de la ley «antiterrorista».

Votada durante la Primera Guerra Mundial, la ley contra el espionaje dice que «cualquier persona que haya recibido u obtenido (...) de otra persona cualquier documento, nota o escrito relativo a la defensa nacional» sin autorización, puede ser objeto de demandas judiciales.

Pero el éxito de este procedimiento no está garantizado, señaló Scott Silliman, profesor de la Universidad Duke, «a menos que se logre probar que existe un móvil y que él solicitó personalmente esa información» .

Zagaris rechazó la amenaza de la pena de muerte agitada por algunas personalidades políticas, ya que «él no tiene nacionalidad estadounidense y las extradiciones desde la UE solo son admisibles si la pena de muerte no está en consideración».

Sea cual sea la base jurídica utilizada para llevarlo ante la justicia, pronto surgirá la cuestión de la libertad de información, protegida por la Primera enmienda de la Constitución estadounidense.

«Los tribunales han dicho claramente que la Primera enmienda protege a los terceros independientes que proceden a la publicación de informaciones clasificadas», afirmó Hina Shamsi, de la ACLU, una influyente asociación estadounidense de las libertades civiles.

Nunca hubiéramos sabido...

«Si los diarios hubieran estado en riesgo de ser considerados penalmente responsables de la publicación de filtraciones sobre los actos del gobierno, nunca hubiéramos sabido de las prisiones secretas de la CIA», añadió.

Mientras parte de la inquisitorial administración estadounidense persigue a Assange, la Casa Blanca anunció la noche del miércoles la creación de una comisión para Acceso a la Información y Política de Seguridad, encabezada por Russell Travers, cuyo trabajo será asesorar al Consejo Nacional de Seguridad sobre medidas paliativas y correctivas sobre la filtración. Además, deberá desarrollar opciones, tanto tecnológicas como en el ámbito político para evitar que vuelva a darse un caso similar. Por ahora, ya han limitado el número de personas con acceso a información clasificada.

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Suecia rechazó ayer el recurso de la defensa de Assange a la orden de ingreso en prisión dictada en su contra como supuesto autor de varios delitos sexuales.

La corte sueca tomó la decisión al considerar que no hay motivos suficientes para conceder un auto de avocación, procedimiento necesario para revisar un dictamen de un tribunal inferior.

Por lo tanto, sigue vigente la «notificación roja» dictada por Interpol. Además, las autoridades suecas enviaron a la Policía británica una nueva orden de captura, complementaria a la primera, que incluye matizaciones necesarias de acuerdo con la justicia de este país para poder proceder al arresto del fundador de Wikileaks, de quien se presume que se encontraría al sureste de Gran Bretaña.

Su abogado británico, Mark Stephens, confirmó ayer la noticia publicada por «The Times», señalando que Scotland Yard y los servicios de seguridad de otros países conocerían el paradero de Assange, aunque sin revelarlo explícitamente.

El otro defensor de Assange, el letrado sueco Björn Hurtig, aseguró que si es detenido en Gran Bretaña, Julian Assange se opondrá a ser extraditado.

Presiones

Por otra parte, Wikileaks estuvo fuera de servicio gran parte del miércoles después de que la compañía estadounidense Amazon dejase de albergar su página, decisión que llegó después de que el martes, el senador Joe Lieberman increpase a la empresa sobre la situación.

El acceso a la página se reanudó ayer después de que la organización regresase a Bahnof, su anterior servidor sueco.