El 1 de diciembre pasado se presentó en el Parlamento Vasco lo que debía ser la continuación del Informe de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos derivadas de la violencia de motivación política. El hecho de que se haya presentado es ya, en sí mismo, una buena noticia por lo que supone de reconocimiento y confirmación de la existencia de esas graves violaciones (muertes, lesiones...) con responsabilidad del Estado y como una asignatura pendiente que precisa de políticas públicas basadas en la verdad, justicia y reparación. Nunca es tarde si la dicha es buena: que sobre todo el PP y el PSE empiecen a alzar la mirada y superar la negación de su existencia es bueno: para ellos, desde luego, pero también y sobre todo para las víctimas y la sociedad. Se añade una pequeña aportación en el camino que se une al paso dado con el Informe presentado la pasada legislatura en junio de 2008 y se adivina ya una senda que, entre todos, hay que recorrer e impedir que de ninguna manera se vuelva a ver interrumpida.

¿Pero cómo caminar? ¿Con qué hoja de ruta? Mucho se ha hablado estos días de consenso entre los partidos. Y eso también es bueno. Los procesos deben cuidarse para evitar que las desavenencias entre los partidos terminen por arrojar más sal a la heridas de las víctimas, que son las paganas últimas de los platos rotos cuando son usadas como munición cainita.

Pero el consenso no es el objetivo. El objetivo es reparar -lo posible-, hacer verdad y sacarla a la luz y hacer justicia. Los muertos y heridos, los torturados... que durante décadas han tenido que oír una y otra vez que no tenían derechos, incluso que era mentira lo que decían, que han sufrido a manos de quienes, con nuestros impuestos, han violado su integridad, su dignidad y han matado e infligido lesiones desde los aparatos del Estado; todos ellos son una inmensa herida abierta en la sociedad que debe ser tratada con delicadeza y prioridad.

Los partidos políticos -más unos que otros-, el Gobierno Vasco, sus direcciones de Derechos Humanos y de atención a las Víctimas deben colocar a esas víctimas en el centro e iniciar una comunicación que no va a ser fácil, a la búsqueda de una mínima sintonía entre la acción pública y sus destinatarios primeros. Y ahí es donde se detecta en el Informe presentado el principal frente a mejorar. El nuevo Informe no acompaña listas de damnificados: en su antecedente de 2008 identificamos de forma preliminar 109 muertes y 538 heridos. Casos concretos que esperan ser atendidos. Si, aunque no se incorporan en el informe nuevo, se confirman como punto de partida, la prueba del algodón pasa por dirigirse a ellas y abrir un periodo de tiempo para que todas aquellas que puedan aportar datos de su condición de víctima lo puedan hacer. En el anterior Informe no dimos más un primer paso pero no hubo tiempo ni colaboración de algunos partidos para poder dirigirnos en una campaña pública abierta al conjunto de la sociedad para que quien sea víctima y no esté en los listados pueda incorporarse. Si el Informe actual va en serio, hay que abrir las puertas del Gobierno a que estas personas digan su palabra, se expresen y puedan pedir su incorporación al censo. No puede haber Informe, ni pasos sucesivos ni políticas en serio sin ellas.

Y en ese sentido, la inclusión junto a las víctimas de «violaciones de derechos humanos» de la referencia a «otros sufrimientos injustos» debe ser bienvenida si supone una ampliación del arco del Informe para evitar dejar a nadie en la cuneta. No desde luego si hubiera la tentación de ser usada como categoría paralela destinada a banalizar el conjunto de violaciones de derechos humanos que se producen a partir del final de la década de los 80. La tortura, o los abusos policiales o de otros elementos parapoliciales que se hayan producido desde este momento y hasta hoy son tan violación de derechos humanos y tan henchidas de motivación política como las demás. Y en consecuencia, deberán ser atendidas sin discriminaciones y en pie de igualdad.

El Informe, por tanto, tiene ese frente crítico: ¿dónde queda la gente? Y entiéndase bien. No es una crítica destructiva. Es un aporte, con humildad, hasta donde yo alcanzo a ver, para lograr que las víctimas de violaciones de derechos humanos de violencia de motivación política que, hasta la fecha, han estado negadas, ninguneadas, discriminadas y objeto incluso de ofensa y escarnio público puedan entender que las políticas públicas les resultan «significativas»: que entiendan éstas como el principio de un diálogo que las saca de la sombra. Y eso implica, y será duro pero necesario, escuchar su verdad. Y que puedan determinar qué quieren como elemento de reparación para poder, a partir de ahí, extraer las demandas legítimas cuya satisfacción será reparadora. No vale el despotismo «ilustrado»: para el pueblo, pero sin el pueblo. Para las víctimas, pero ¿sin contar con ellas?

Si el Informe permanece en una especie de autismo gubernamental o sumido sólo en equilibrios de los partidos políticos (y que, además, no lo olvidemos, no representan hoy por hoy a toda la sociedad vasca por efecto de la Ley de Partidos), puede que su futuro esté herido de muerte y su resultado no sólo no contribuya a sanar, sino a infectar las heridas.

Por ello felicitémonos del paso dado, pero ahora abramos la puertas. Con altura de miras, sin discriminaciones, sin jerarquías, sin cálculos partidistas, sin cortapisas legales como excusa para la Justicia con mayúsculas, con la muleta siempre segura del derecho internacional de los derechos humanos y sin perder el norte. Las políticas deben ser para las víctimas y, a través de ellas, para la sociedad. No al revés.