C uando estas líneas vean la luz, aún no habrá concluido el juicio que la Sección tercera de la Audiencia Nacional viene celebrando contra quince donostiarras acusados de actos de «kale borroka» y conexos. El asunto saltó a los medios de comunicación por la actuación del presidente del tribunal con los letrados de la defensa, que solicitaban la suspensión del juicio ante el hecho insólito de que el fiscal se retractara del acuerdo alcanzado con los defensores sobre las penas a imponer a los acusados. Nunca en mi dilatada actuación en esa casa, que se inició cuando aún se llamaba Tribunal de Orden Público, había visto nada semejante. Si hay acuerdo es tras muchas conversaciones, y dejarlo sin efecto inmediatamente antes del inicio del juicio es una actuación paradigma de deslealtad procesal y un ejemplo de lo que prohíbe la buena fe entre las partes, que debe presidir el proceso. Decir digo donde dije Diego y cuando el contrario no tiene oportunidad de reaccionar es usar cartas marcadas y, por eso, mis compañeros que actuaban en el juicio trataban respetuosa y educadamente de hacer ver al Tribunal la necesidad de buscar una solución al entuerto que no cercenara el derecho de defensa de los acusados, convidados de piedra y víctimas inocentes de todo aquél desatino.

Esto provocó las iras del presidente contra ellos. No seré yo quien califique esa actuación, que arrieros somos, pero los medios de comunicación hablaron de pérdida de papeles o de que la Audiencia parecía un cuartel. Bien, pues el problema surgió al desautorizar el fiscal jefe el acuerdo alcanzado por su subordinado que actuaba en el juicio y no comunicarlo éste a los abogados con la suficiente antelación. La ruptura del acuerdo era, además, poco comprensible, pues concurren unas dilaciones indebidas tan cualificadas que sin duda influirán en la dosimetría de las penas en el caso de que hubiera condenas, ya que han tardado doce años en celebrar el juicio y la tramitación estuvo parada durante tres; alguno de los acusados es ya padre de familia.

En definitiva, estamos ante un asunto que produce sonrojo celebrar a la parte acusadora. Pero, pese a todo, el celo represor del máximo responsable de la fiscalía no se vio afectado. Da lo mismo que se hayan superado todos los plazos razonables; no importa que carezca de sentido imponer penas a personas que ya no pueden ser consideradas las mismas que fueron detenidas hace tanto tiempo. Hay que mantener las peticiones de hasta doce años a toda costa; que les caiga todo el peso de la ley, que estamos en un estado de Derecho.

El azar ha querido que tras todo esto hayan salido a la luz las Wikileaks y que entre ellas aparezcan noticias que hablan de que desde esa misma fiscalía se urdían estrategias para torpedear la investigación de la muerte de Couso o las torturas de Guantánamo. Para solucionar el escándalo, han adoptado ya la primera medida: detener al filtrador de noticias. ¡Vivir para ver!