Francisco Larrauri Psicólogo
Juez Tom Burgess: se trata de un cargo adicional
Un cargo adicional es, obviando el lenguaje diplomático, un marrón por la cara, un cargo inventado; en lenguaje aguilareño, una causa penal construida, y la Justicia irlandesa, a tenor de lo revelado, tendría que esmerarse en conocer el verdadero fondo de la cuestión
Estas semanas Wikileaks, parodiando a los alquimistas que asociaron los poderes de la sal con la memoria humana, han esparcido, en forma de cablegramas, la sal para despertar la memoria adormecida de la sociedad. La desmemoria, que a veces llega al grado de amnesia, se debe en parte al nulo cuestionamiento de muchos tertulianos-estrella frente al abuso del poder, que por activa o pasiva comparten y disfrutan. Un abuso que comienza a gran escala sin motivo ni justificación y que no se detiene ante nimiedades en forma humana que cuestionen el millonario dispendio económico y político.
La memoria es corta, pero nos acordamos. Fue muy comentada la burrada «democrática» que aflojó el ex ministro de Justicia español López Aguilar de que para impedir la libertad de los presos políticos vascos, y en concreto de De Juana, se construirían las imputaciones. Poca pesquis para tanta responsabilidad, pero cuando a López Aguilar le faltan los argumentos y le falla la razón, solamente le queda el recurso de echar mano al insulto y a la salvajada. Lo que hizo con los presos políticos vascos cuando fue ministro. Hoy conocemos, gracias a Wikileaks, el comentario de Rubalcaba de que para evitar la libertad de De Juana el Gobierno español le imputó un cargo adicional.
Donde quiera que esté, el ex ministro de Justicia español ha quedado bien retratado, pero no sólo él, sino todo el Gobierno. Por tanto todos son culpables, pero no al estilo de las incipientes democracias que fiscalizaron Nuremberg, que no aplicaron la eximente de cumplir órdenes, sino de acuerdo con una corte penal internacional moderna que exclusivamente les atribuya las acciones que sabían y las que podían impedir. Se tiene que notar que ahora únicamente exigimos una justicia internacional moderna, a diferencia de la rabia que les llevó a los fiscales americanos a ejecutar al general japonés Yamashita porque se le atribuyeron todas las acciones del Sol Naciente, incluidas las que desconocía y las que no pudo impedir.
La represión, la tortura, la violación de derechos y todos los abusos están justificados en la cultura del engaño. En cualquier latitud, el terrorismo es la coartada que lo justifica todo. En su conveniencia, este fraude traspasa tiempo y fronteras: las mentiras dulces a los familiares de Couso por parte de la vicepresidenta española, o el cargo adicional para todos los presos vascos son un fraude a los nombres y a las palabras. Hoy podemos leer un cable comentando la salvajada del ex ministro de Justicia española, la burla de la vicepresidenta, etc. Faltan muchos otros, pero la historia avanza más deprisa de lo que algunos políticos españoles pretenden.
Un cargo adicional es, obviando el lenguaje diplomático, un marrón por la cara, un cargo inventado; en lenguaje aguilareño, una causa penal construida. Y la Justicia irlandesa, a tenor de lo revelado, tendría que esmerarse en conocer el verdadero fondo de la cuestión, a pesar de las múltiples derivadas con simulaciones y disimulaciones con que se la pretende confundir. A los jueces irlandeses, que han seguido la cuerda a la legislación judicial española en su aplicación directa del derecho penal del enemigo, la revelación de Wikileaks debería hacerles pensar en el cumplimiento del principio del deber individual, o sea, hay que oponerse a las órdenes inhumanas. Una corte internacional imparcial les explicaría, si se dejaran, que por presuntamente escribir «aurrera bolie» no pueden perseguir a una persona. Y mucho menos conociendo la historia judicial española, no la de Iñaki de Juana, sino la del prevaricador López Aguilar. Estamos frente a «un deber individual» que la sociedad civil vasca y europea, y también una corte internacional imparcial, deberían exigir a los participantes de la justicia irlandesa, y en concreto al juez Tom Burguess de Belfast que persigue con la voz de Madrid a De Juana.
Wikileaks ha jugado el rol del famoso inspector nuclear sueco que en la guerra del Golfo se desgañitó para informar a la comunidad internacional de que no había encontrado armas de destrucción masiva en Irak, después de darle la vuelta al país al derecho y al revés. El cablegrama difundido con los comentarios de Rubalcaba ante el embajador americano viene a decir que «aurrera bolie» no es un arma de destrucción masiva, sino más bien un inexistente misil biológico de Sadam.
Si funcionase el Derecho internacional de forma imparcial, y sobre todo la justicia irlandesa, el juez Tom Burguess, a la luz de lo revelado, le tendría que responder al juez español Velasco, que le solicitaba el principio de confianza mutua entre profesionales, no con un exabrupto irlandés, sino con un levantamiento inmediato de la orden de busca y captura que pesa contra De Juana.
Mr. Burguess, en el Estado español las instituciones perpetran muchos delitos con el corporativismo, gremialismo y amiguismo por bandera; por tanto, que la confianza exigida desde Madrid no le convierta a su señoría en auténtico cooperador criminal. En el lejano oeste americano se decía «¡antes de colgarlo, vamos a hacerle un juicio!» y los irlandeses bien saben que ése es un tiempo para olvidar.
Visto que la confianza que se concede a las instituciones del Estado español se malbarata con el silencio judicial ante la tortura, por ejemplo, el juez Burgess haría bien en guardarse toda su confianza para realizar libremente su trabajo y no fiarse ni un pelo de los cantos de sirena que le llegan de un lugar en el que el fraude de los nombres no es delito.