Los dos trabajadores heridos el jueves en el accidente laboral que costó la vida a un operario ucraniano en las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Eskoriatza evolucionan favorablemente, según informaron ayer desde Osakidetza y la Policlínica Gipuzkoa. El siniestro, el tercero con víctimas mortales en las obras del macroproyecto, se produjo cuando una cantidad de explosivo goma-2 que había sobrado de las voladuras estalló accidentalmente, lo que causó la muerte de un empleado ucraniano de 55 años y heridas graves a uno de sus compañeros, un trabajador búlgaro de 42 años, y menos graves a una vigilante de las obras.

El trabajador búlgaro fue trasladado al hospital de Txagorritxu con quemaduras en el 15% de su cuerpo, los tímpanos rotos y afectación ocular. Según informaron ayer fuentes de Osakidetza citadas por Efe, su pronóstico es menos grave, evoluciona favorablemente y, tras ser sometido a varias pruebas, podría ser dado de alta en poco tiempo. La otra herida, una vigilante de 34 años, fue evacuada al Hospital de Arrasate, pero ha sido trasladada finalmente a la Policlínica Gipuzkoa, con la que la mutua de su empresa mantiene un concierto. La mujer presenta policontusión de carácter leve y permanece en observación, por lo que si continúa su evolución positiva será dada de alta en los próximos días, informaron fuentes de este centro sanitario donostiarra.

Declaración de las JJGG

Por su parte, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer un comunicado institucional en el que manifiestan su «denuncia y rechazo» ante los accidentes laborales y muestra su «pesar y dolor» ante el fallecimiento del trabajador ucraniano. Asimismo, manifiesta su «solidaridad y apoyo» a la familia y a los compañeros del trabajador fallecido en esta obra pública, así como su preocupación por el estado de los otros dos trabajadores que han resultado heridos, a los que les desea una pronta recuperación.

En la declaración institucional, las Juntas Generales consideran «necesaria e imprescindible» la aplicación «escrupulosa» de la legalidad por parte del tejido económico empresarial en materia de prevención y riesgos laborales y la coordinación e implicación de las administraciones públicas, «cada una en el ámbito de su competencia».