El día después de la Operación Galgo, en la que 14 personas fueron detenidas en relación con una trama antidopaje, el terremoto que ha removido el atletismo español seguía intacto. A la hora de cerrar esta edición, siete continuaban detenidas, mientras los periodistas hacían guardia en la puerta de la casa de Marta Domínguez, la campeona mundial de 3.000 obstáculos que por la mañana fue suspendida como vicepresidenta de la Federación Española.

Ayer hablaron casi todos, menos el presidente de la RFEA, José María Odriozola, que lo hizo por carta y se remitió al lunes tras desplazarse a Albufeira (Portugal) donde mañana se celebra el Europeo de cross en el que no podrá defender su título Alemayehu Bezabeh, el etíope nacionalizado español entrenado por Manuel Pascua Piqueras, uno de los detenidos, porque horas antes admitió haber tomado sustancias prohibidas.

Sí estará otra de sus pupilas, Nuria Fernández, oro en el Europeo de Barcelona'2010 en el 1.500, que ayer fue llamada a declarar en calidad de testigo junto con Reyes Estévez, Murillo y Barrios.

Más de 60 atletas hicieron público un documento a través del cual apoyan el proceso judicial iniciado y esperan que se llegue hasta el final y se depuren responsabilidades. Los firmantes, entre los que figuran el marchador Mikel Odriozola y la pertiguista Naroa Agirre, añaden que «los tramposos han disfrutado de una impunidad desesperante para el resto de los deportistas, que se veían condenados a competir en inferioridad de condiciones». Paquillo también habló para decir que él no ha delatado a nadie. Entre la sorpresa, la cautela y la indignación se movieron políticos, deportistas y miembros de sus estamentos.