El Congreso español autorizó ayer al Gobierno, con los votos a favor del PSOE, CiU, PNV y CC, y la abstención del PP, a prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 15 de enero para afrontar lo que calificaron como «alarma social» por la crisis de los controladores. ERC, IU-ICV, BNG, UPyD y Nafarroa Bai votaron en contra, considerando que no se ha resuelto el problema con los controladores, sino que se ha «anestesiado».

El diputado del PNV José Ramón Beloki defendió que la situación vivida hace dos semanas fue «muy grave» y es consecuencia de la cesión por parte de las autoridades a las exigencias de los privilegios laborales dados a los controladores. El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, justificó la necesidad de la prórroga porque «la amenaza» de los controladores sigue «plenamente vigente» de cara a las navidades y «no tenemos ninguna garantía» de que este «grupo salvaje» no vaya a repetir su plante.

Por su parte, Uxue Barkos, diputada de NaBai, criticó que el Gobierno recurriera a militarizar a los controladores, algo que, opinó, «recuerda demasiado a la peor política decimonónica española, hace regresar al siglo XIX». Desde el BNG, su portavoz, Francisco Jorquera, recordó las dudas jurídicas que existen sobre la constitucionalidad de la medida de alarma.