INICIATIVA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE
París acepta entregar a una militante de Batasuna por su actuación política
El Estado francés da un salto cualitativo contra Batasuna a petición del español. La Corte de Casación de París rechazó ayer el último recurso contra la entrega de Aurore Martin, a la que sólo se imputa por participar en actos políticos.
Ramón SOLA | DONOSTIA
Los intereses de Estado se han impuesto en el caso de Aurore Martin. En una decisión sin precedentes -y adoptada contra el criterio de la mayoría social, política e institucional en Ipar Euskal Herria-, la Corte de Casación dio ayer el último aval a la entrega de la joven bajonavarra militante de Batasuna, que puede ser enviada al Estado español en los próximos días para ser procesada allí bajo la acusación de relación con ETA. Esta imputación se sustenta únicamente en su participación en actos políticos de Batasuna tanto en el Estado español como en el francés, donde esta formación no está ilegalizada.
La decisión supone un salto cualitativo en la medida en que supone la entrega de una ciudadana de nacionalidad francesa por una imputación mera y exclusivamente política. Así las cosas, la euroorden había sido rechazada contundentemente por todo tipo de formaciones políticas, incluido el PS, homólogo del PSOE que gobierna en Madrid. El Consejo de Electos también criticó esta medida. Y lo mismo hicieron organizaciones de derechos humanos.
La decisión avanzada ayer, que todavía no se conoce en detalle, no puede ser recurrida, por lo que la entrega queda ahora pendiente únicamente de que el Gobierno francés firme la orden, según avanzaron agencias de información.
La defensa de Martin declinó hacer valoraciones por el momento, a la espera de conocer en detalle la decisión.
150 electos en contra
El caso ha cosechado un importante rechazo en Euskal Herria, además de abrir un intenso debate sobre la persecución de las actividades políticas de la izquierda abertzale en los dos estados. El último exponente fue el rechazo del Consejo de Electos el lunes, después de que 150 miembros se posicionaran contra la entrega de Martin.
Antes, el 4 de diciembre, unas 2.000 personas recorrieron las calles de Baiona para proclamar su rechazo a esta medida y su voluntad de «acumular fuerzas y construir un muro ante esta línea represiva». La izquierda abertzale ve claro que no se trata de una agresión a una persona concreta, sino que el objetivo último es importar la estrategia de ilegalización adoptada en el Estado español. En esa marcha, el presidente de la Liga por los Derechos Humanos en Ipar Euskal Herria, Christophe Desprez, recalcó que «entregar a una persona por militar en un partido legal en Francia es atacar las libertades políticas».
La movilización suscitó una unidad de acción prácticamente desconocida en los últimos años. Se plasmó, por ejemplo, en un comunicado previo conjunto de PS, PCF, PG, LDH, Cimade, NPA, FSU, CFDT Pays Basque y ATTAC Pays Basque en el que decían que la euroorden «refleja no una voluntad de luchar contra el terrorismo, sino de criminalizar la acción política e instrumentalizar la Justicia».
Cuando se conoció el primer aval a la entrega del Tribunal de Pau, el pasado 23 de noviembre, destacó la posición de la dirección del PS en el Departamento de Pirineos Atlánticos. En una nota de prensa, consideró el fallo judicial «inaceptable para nosotros en nuestra condición de demócratas». Y en una lectura general del procedimiento de la euroorden, censuró que «su fundamento se ha pervertido y provoca cuestionamiento del derecho a la defensa y de las libertades individuales. Refleja voluntad no de luchar contra el terrorismo, como prevé el mandato de arresto europeo, sino de criminalizar actos políticos democráticos».
Por citar algunas otras reacciones, el representante de Modem en Maule Jean-Pierre Mirande dijo que «me revuelvo contra esta decisión. Estoy muy, muy extrañado. Esto no hace presagiar nada bueno de cara al futuro». Y por parte de Europe Ecologie, la consejera regional Alice Leiciaguezahar hizo hincapié en que «aceptar trasladar a una persona a la Justicia española es algo antidemocrático. El Estado francés no puede comprometerse a sí mismo en esta vía. Si legitima la ilegalización en el Estado español, le abre la puerta también en Francia».
Por lo que respecta a Ipar Euskal Herria, por tanto, únicamente la derecha francesa ha eludido situarse contra esta nueva ofensiva. El PNB tampoco ha hecho una valoración oficial, aunque algunos de sus electos sí han rechazado la euroorden.
En cuanto al Estado español, el caso ha tenido cierto eco en sus medios pero apenas ha deparado declaraciones políticas. El mayor valedor de la medida fue el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, que dijo el pasado 24 de noviembre que la decisión del Tribunal de Pau demuestra «la máxima colaboración, esfuerzo y trabajo de las autoridades francesas».
Ya fue encarcelada
Aurore Martin ya fue encarcelada durante algunos días antes de que se posicionara el Tribunal de Pau, aunque quedó libre con medidas cautelares y así sigue en la actualidad.
La izquierda abertzale ya había dejado claros sus temores, tanto antes como después de ese primer posicionamiento judicial. «Desde que detuvieron a Aurore ya vimos que había una decisión de ponerla en manos de la Audiencia Nacional», explicaban en una rueda de prensa en noviembre. Martin, por su parte, se ha mostrado convencida de que, aun en el caso de que quedara libre, los estados español y francés tratarían de abrir esta vía a través de otros compañeros de militancia.
Aurore Martin podría ser condenada a hasta doce años de cárcel en función de la acusación de «pertenencia a ETA» que se le dirige desde Madrid.
La abogada de la ex mahaikide de Batasuna, Amaia Rekarte, censuró que el procedimiento de la euroorden incurría en numerosas contradicciones. Y llamó la atención sobre un aspecto concreto significativo: para materializarla se había suprimido la mención a los actos políticos de Baiona y Uztaritze en los que participó Martin y que sí se citaban en la petición de la Audiencia Nacional. Una manera de intentar «maquillar» una decisión sin parangón.
Ya no caben más recursos contra esta decisión, por lo que la entrega al Estado español de Aurore Martin quedaría sólo a expensas de la firma correspondiente por parte del Gobierno francés.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional dio a conocer ayer la presentación de un recurso contra la absolución de Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez, acusados por el Estado de «enaltecimiento del terrorismo» por el acto del velódromo de Anoeta en el que en noviembre de 2004 la izquierda abertzale presentó una propuesta de paz y un método de resolución del conflicto.
Poco después de hacerse público este anuncio, trascendió también que la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra los ocho procesados de la redada del 13 de octubre de 2009. Se trata de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Mañel Serra, Amaia Esnal y Txelui Moreno. Se les acusa de tratar de reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune. Tambien figura la fantasmagórica imputación de «conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA».
Pero si el Estado no ceja en su persecución contra Otegi y otros dirigentes de la izquierda abertzale, también van creciendo de forma cuantitativa y cualitativa las exigencias de su puesta en libertad y de la legalización de la nueva formación independentista.
El pasado 9 de diciembre tuvo lugar en Vigo un acto por la libertad de Arnaldo Otegi que contó con tres de los cuatro representantes históricos más significados del nacionalismo popular gallego: Xose Manuel Beiras (ex portavoz nacional del BNG), Camilo Nogueira (ex eurodiputado del BNG) y Xose Luis Mendez Ferrín (escritor y actualmente presidente de la Real Academia Gallega). En ese acto se dio a conocer que se habían adherido al manifiesto los escritores Manuel Rivas, Suso de Toro (considerado uno de los ideólogos de José Luis Rodríguez Zapatero) y Neiras Vilas. El escrito lleva también la firma de otro centenar largo de personas de diferentes organizaciones políticas, populares, sociales y culturales.
Al día siguiente, otras cien personas participaron en Madrid en el acto de presentación de la campaña internacional por la libertad del político de Elgoibar, que contó con la presencia en la mesa de oradores de Andrés Sorel, Doris Benegas, Begoña Lalana y Diego Paredes Manot, hermano de «Txiki».
También desde Catalunya han llegado exigencias de liberación de Arnaldo Otegi. Entre ellas figuran la firmada por Josep Lluis Carod-Rovira y otra de Jordi Miralles, coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA).
Se están intensificando además los movimientos en los que se pide la legalización de la nueva formación que prepara la izquierda abertzale. Stefan Liebich, parlamentario en el Bundestag y miembro de la comision internacional del partido Die Linke, saludó la apuesta del independentismo vasco y declaró que «el Estado español debería aprovechar la nueva oportunidad y actuar en la misma medida; es decir, garantizar los derechos civiles y políticos y posibilitar la participación legal en la toma de decisiones y dialogo político democrático de todas las fuerzas que no ejerzan la violencia».
También el PCPE, Corriente Roja, NÓS-UP y Causa Galicia valoran los pasos de la izquierda abertzale y piden su legalización. GARA
PSOE y PP siguen adelante con su apuesta represiva, endureciendo la legislación electoral y la propia Ley de Partidos en el intento de evitar que la izquierda abertzale pueda concurrir a las próximas elecciones municipales y forales a pesar de su determinación de cumplir la ley.
El tema volvió ayer también al Parlamento de Gasteiz de la mano, como siempre, del PP. El PSE presentó una enmienda y al final ambos alcanzaron una redacción de consenso a la que se sumó UPyD. De esta forma, la Cámara autonómica aprobó un texto en el reafirma su apoyo al Gobierno español «en su lucha contra el terrorismo» y los acuerdos alcanzados en el Congreso para endurecer las leyes. Y se dice que «de manera singular respaldará al Gobierno para evitar que se produzca una sucesión fraudulenta de los herederos de Batasuna en las elecciones previstas para el mes de mayo de 2011».
Pero esta resolución es la consecuencia de la mayoría de escaños que la distribución territorial y la aplicación de la Ley D'Hont dieron al Parlamento. Porque, en realidad, los partidos que se opusieron a la misma y volvieron a exigir la legalización de la izquierda abertzale -PNV, Aralar, EA y EB- suman más votos emitidos en las últimas elecciones (536.685) que los que como PSE, PP y UPyD abogan por incrementar la prohibición (486.493).
Eusko Alkartasuna había presentado una enmienda a la totalidad en la que se proponía que el Parlamento instara al Gobierno español a derogar la Ley de Partidos, «al objeto de facilitar que todas las formaciones políticas vascas puedan concurrir en igualdad de condiciones a las elecciones municipales y forales de 2011». El texto no se llegó a votar, al aprobarse la transaccional pactada por PSE, PP y UPyD.
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, planteó que la iniciativa del unionismo español se debe a que «al PSOE y al PP ya no les vale con aplicar la legislación vigente porque la Ley de Partidos se les ha quedado corta; están viendo que ahora, como en Euskal Herria las cosas están cambiando, con esa ley igual no les llega para preservar sus intereses políticos y electorales».
Mikel Arana (EB), Mikel Basabe (Aralar) y Joseba Egibar (PNV) coincidieron en que lo que PSOE y PP pretenden es poner nuevas condiciones que van más allá del mero cumplimiento de la legalidad, para evitar que los movimientos de la izquierda abertzale les permita participar en las elecciones.
También hubo coincidencia entre todos ellos en que la participación normalizada de todas las fuerzas políticas en las instituciones y los cambios que se anuncian pondrían fin a las aspiraciones de poder de PSE y PP basadas en un escenario electoral trucado.
I. I.
