Las navarras Garazi Autor, Oihana López, Izaskun Goñi y Eneko Villegas; la gasteiztarra Ainhoa Villaverde; la vizcaina Saioa Zubiaurre; y los abogados Haizea Ziluaga y Haritz Escudero forman parte desde ayer de la lista de personas arrestadas por su actividad política. Sus identidades eran bien conocidas para las FSE, ya que sus nombres salieron en los interrogatorios a los que fueron sometidos, durante su detención incomunicada, otros catorce jóvenes el pasado mes de octubre.

Los jóvenes detenidos eran plenamente conscientes del riesgo que padecían e incluso comparecieron el pasado noviembre para alertar a la sociedad de la situación de indefensión que atraviesan cerca de cincuenta jóvenes abertzales.

Izaskun Goñi envió incluso una carta a la Audiencia Nacional española en la que se ponía a su disposición para declarar. La joven no tuvo respuesta del tribunal especial... hasta ayer.

Garazi Autor -destacada en la mayoría de los medios por ser hija de la concejala independentista de Iruñea Mariné Pueyo- relataba entonces a GARA lo que supone formar parte de la «lista negra» de las FSE. Insistía en la «rabia» que sentía por saber cómo habían conseguido su nombre, pero apuntaba que tras superar el miedo y el nerviosismo inicial contaba «con más ganas de trabajar» por los derechos de la juventud y de Euskal Herria.

Exactamente ése era el mensaje que enviaban los jóvenes independentistas desde Usurbil: «Volverán a intentarlo con más violencia, pero no nos pararán».

No se equivocaban, porque cuando ni siquiera se han cumplido dos meses desde el último ataque al movimiento juvenil, otra redada policial comenzaba a desarrollarse a primera hora de la noche del miércoles. El argumento esgrimido desde el Ministerio de Interior español ha sido el manido «descabezamiento de Segi».

El mayor número de detenciones se produjo en Nafarroa. En Iruñea fueron apresadas Autor, en el barrio de Donibane, y Goñi, en el de la Txantrea.

Una docena de agentes se personaron, con maza incluida, en la vivienda de la primera, donde se incautaron de numeroso material informático propiedad de Mariné Pueyo. Tras el registro del inmueble, la joven, muy activa en los movimientos juvenil, vecinal y feminista, fue trasladada al establecimiento hostelero Toki Eder de Donibane. El local fue registrado durante horas bajo el argumento de que la joven había trabajado allí, un hecho que fue desmentido por sus familiares.

Antes de llevar a Garazi Autor al bar, la Policía española había retenido durante dos horas a su camarero, al que amenazaron, intimidaron e interrogaron en torno a su actividad política. Los agentes se incautaron de tres ordenadores, así como de carteles y de una cantidad de dinero.

Sobre las 00.30, la Policía se personó en Burlata, en la vivienda que Oihana López comparte con su compañero, donde el registro se dilató hasta las 4.30. Los allegados alertaron de que la joven es «muy nerviosa y sufre de ansiedad, por lo que en momentos de gran tensión llega a desmayarse». Trabaja en el instituto de la citada localidad, donde 32 alumnos y profesores denunciaron su detención en la mañana de ayer.

También a medianoche, pero esta vez en la vecina Atarrabia, apresaban a Eneko Villegas, integrante del Consejo de la Juventud de la localidad. De su domicilio se llevaron, según de- nunciaron, dinero de su compañera, militante del movimiento feminista, y con el que pensaban costear las multas a las que fueron objeto el 8 de marzo.

En Gasteiz, por su parte, fue arrestada Ainhoa Villaverde, que colabora en el programa «Gazte Taupadak» de Hala Bedi Irratia. Y en Bilbo, concretamente en el barrio de Uribarri, la Policía apresó a Saioa Zubiaurre, natural de Zeberio y estudiante en el campus de la EHU-UPV de Gasteiz, donde sus compañeros censuraron la detención.

Dos abogados

El operativo, sin embargo, se había iniciado a última hora de la tarde del miércoles y lejos de Euskal Herria. El primer arresto tuvo lugar a las puertas de la prisión de Aranjuez.

La abogada Haizea Ziluaga -citada también por los medios de comunicación por ser hija del histórico militante de la izquierda abertzale Txomin Ziluaga- abandonaba sobre las 20.00 la cárcel madrileña tras realizar una visita a un preso en compañía de otro letrado. Al salir de la prisión, varios policías de paisano detuvieron a Ziluaga y registraron el vehículo de los abogados, sus bolsas y los dossieres que tenían. Alfontso Zenon, abogado vizcaino, relató a GARA que la Policía se incautó de documentos jurídicos necesarios para su trabajo.

Sobre la misma hora, pero en Lanzarote, era arrestado el también letrado bilbaino Haritz Escudero, que se encontraba de vacaciones en la isla canaria. Los agentes policiales registraron la habitación del hotel en la que se alojaba. Este abogado, al que las agencias de información intentaban vincular ayer con el operativo contra los letrados del pasado abril, mostró entonces su total disposición a comparecer ante el juez Grande Marlaska, que declinó el ofrecimiento.

Ziluaga y Escudero fueron trasladados a Bilbo durante la jornada de ayer, donde los agentes procedieron a registrar sus respectivas viviendas y el despacho de abogados que comparten en la calle Elcano. Allí se vivieron momentos de tensión entre la Policía y sus compañeros de trabajo. Estos últimos denunciaron, en declaraciones a GARA, que tras la irrupción policial hallaron destrozada la cerradura del bufete.

Los familiares de los arrestados denunciaron también el gran despliegue mediático que encontraron en plena madrugada ante sus domicilios.

«Habeas corpus» y protocolo

Sus abogados han solicitado para los ocho arrestados la aplicación del protocolo contra la tortura y del habeas corpus, que en el caso de López han ido acompañados de partes médicos. Asimismo, en el caso de Escudero y Ziluaga demandan que todas las diligencias se realicen en presencia del decano del Colegio de Abogados de Bizkaia. Grande-Marlaska anoche no se había pronunciado aún sobre ello.

El que sí se posicionó sobre estas detenciones fue el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que acusa a los jóvenes de ser «máximos responsables de la organización» de Segi y a los dos abogados de «asesorarles». En tono amenazante, advirtió que quienes piensen sustituir a los detenidos «tendrán a la Policía detrás».

El movimiento pro-amnistía denunció con contundencia el operativo y mostró su preocupación ante el trato que puedan estar padeciendo. Recordaron, en este sentido, las denuncias por torturas presentadas por los jóvenes arrestados en octubre, cuando incluso se produjeron hospitalizaciones.