El vicepresidente del Gobierno español y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó ayer que no ha ordenado ninguna investigación sobre cómo pudieron entrar y salir de prisión las preguntas y las respuestas de las entrevistas a Arnaldo Otegi publicadas por «El País» y «The Wall Street Journal». Rubalcaba aventuró que pudieron realizarse a través de sus abogados, un terreno en el que dijo no tener competencias.

Al ministro se le ha preguntado si, como han solicitado algunos sindicatos policiales, ha ordenado abrir algún tipo de investigación para esclarecer la manera en la que Arnaldo Otegi había concedido esas dos entrevistas. Rubalcaba respondió que «es evidente que un preso puede sacar una entrevista fácilmente, basta con dársela a su abogado, por ejemplo, y los abogados tienen una relación privilegiada con su cliente que escapa del control de las autoridades penitenciarias».

Manifestó que «no es la primera vez que esto pasa» y, aunque no puede confirmar que haya sido a través de sus abogados, «es probable que haya sido así». «En ese caso, ésa es una vía que escapa de nuestro control», se limitó a comentar el vicepresidente, quien remarcó que, desde que él está al frente del Ministerio de Interior, «no se ha autorizado ninguna entrevista a ningún preso de ningún tipo». «Lo que yo he indicado a Instituciones Penitenciarias es que entrevistas de presos ninguna», explicó.

Tras la entrevista de Arnaldo Otegi del pasado día 28 en «The Wall Street Journal», los dos principales sindicatos de policía, el SUP y la CEP, coincidieron al rechazar las palabras del dirigente abertzale. Además, el SUP pidió una investigación interna para esclarecer el modo en el que Otegi ha podido burlar el control de sus comunicaciones para extraer de la cárcel una entrevista por segunda vez en tres meses, mientras que desde la CEP acusaron al Gobierno español de permitirlo y beneficiarse.

«Rechazo real a ETA»

Por otra parte, el fiscal jefe del TSJPV, Juan Calparsoro, afirmó ayer que, aunque ETA mantenga su actividad, la izquierda abertzale podría presentarse a las elecciones de forma legal si «se posiciona en contra del terrorismo» porque, «conforme a la Ley de Partidos, tendría posibilidad de presentarse».

En declaraciones a ETB2, aclaró que «el rechazo a la violencia de ETA lógicamente tiene que ser real», por lo que «no basta con una declaración formal».

Respecto a la posibilidad de que, como señalan algunos dirigentes políticos, no fuera suficiente con una condena de ETA, el fiscal Juan Calparsoro explicó que la decisión sobre la legalidad de un partido correspondería al Tribunal Supremo o al Constitucional.