Cambio de nombre, pero no de ventanilla
Lanbide echa a andar lastrado por sus importantes carencias
Lanbide inició ayer una nueva andadura, con más atribuciones pero lastrado por la falta de herramientas para desarrollar una política de empleo eficaz. El Servicio Vasco de Empleo gestionará 785 millones de euros, con los que deberá afrontar una coyuntura especialmente complicada.
Juanjo BASTERRA | BILBO
Las oficinas del Inem en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son ya ventanillas de Lanbide (Servicio Vasco de Colocación) en cuanto a la intermediación laboral. Han asumido las políticas activas de empleo, como ocurre en el resto del Estado español, y que, en vista de su evolución, no han cosechado resultados positivos en el mercado laboral. De hecho, el Estado español es el estado que más empleo ha destruido de la Unión Europea durante la crisis económica.
El Gobierno de Madrid, el de Lakua y el PNV se conformaron con esa solución de transferencia de las políticas activas, como se aplica en el resto del Estado , pero que impide, al no contar con las cotizaciones sociales de los trabajadores, desarrollar una política propia de impulso del empleo de calidad, ya que el Gobierno español se ha guardado la competencia sobre las políticas pasivas.
Lanbide nace cojo en ese proceso y, en principio, sólo supone un cambio de nombre, ya que se mantienen las mismas ventanillas del Inem y se añaden una docena de Lanbide que estaban funcionando hasta la fecha. Hasta junio del año pasado, la lista de demandantes de empleo llegó a los 71.705 personas y se ofertaron 14.379 puestos de trabajo. Según los datos oficiales, los servicios públicos de empleo sólo consiguen el 2,4% de las colocaciones, mientras que son las agencias privadas de empleo las que colocan a más de un 13% de los demandantes de trabajo, y las ETT alcanzan en Hego Euskal Herria el 19%. Además, con la nueva reforma laboral, las agencias privadas de colocación tienen más competencias.
Javier Ramos, director de Lanbide, explicó en una entrevista en Radio Euskadi que hasta ayer «no se había podido comenzar con la integración de distintos servicios previos» y mandó un mensaje de tranquilidad, tanto a empresas como a las personas, porque «podrán recibir los mismos servicios que al cierre de 2010, bien en las antiguas oficinas del Inem como en las de Lanbide», que son una docena en este momento.
Es cierto, por otra parte, que Lanbide asume más competencias respecto al Inem, como es la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos, la intermediación laboral directa entre desempleados y empresarios y la formación directa, como recordó ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua, Gemma Zabaleta.
«Caja de herramientas»
Hasta este momento, esas competencias se gestionaban por parte de otros organismos como los ayuntamientos y las diputaciones en lo que tiene que ver con las ayudas para hacer frente a la pobreza y la exclusión social; Hobetuz se encargaba de la formación continua de trabajadores y el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) era el escenario de encuentro entre empresarios y sindicatos. La consejera Gemma Zabaleta sostuvo, por otro lado, que Lanbide «ofrecerá una caja de herramientas a cada uno de los desempleados» en forma de «itinerarios personalizados de actuación, de manera que puedan mejorar su empleabilidad» y justificó que, por ese motivo, en el consejo de administración de este organismo «se sientan no sólo agentes sociales, como sindicatos y patronal», sino que también están representados los departamentos de Trabajo, Educación e Industria del Ejecutivo de Patxi López.
Lanbide es un ente público de derecho privado cuya finalidad «es contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad, y favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, y a cubrir las necesidades de personal adaptado a los requerimientos de las empresas, así como a favorecer la cohesión social y territorial, a través de la gestión de las políticas de empleo que le sean encomendadas en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi».
Temporalidad y precariedad
Es evidente que tiene un gran trabajo por delante, dado que desde 2007 y en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hay 58.619 parados más; se han realizado 155.727 contratos menos, de ellos 26.856 indefinidos; y la tasa de temporalidad sigue creciendo en las nuevas contrataciones, ya que alcanzó en noviembre al 93,08% en el ámbito de la CAV. De hecho, Lanbide asegura que los contratos de trabajo tuvieron hasta setiembre una duración de 53 días de media, aunque bajan a 24 días si son empleos no cualificados y de 31 días para trabajadores de servicios.
Hasta el tercer trimestre de 2010, por otro lado, el porcentaje de asalariados de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con trabajo temporal ascendía al 23% frente al 13,2% de la UE-27, una situación sólo mejor que la del Estado español (24,4%), Polonia (26%) y Portugal (23,3%), mientras que las mujeres del mercado laboral de la CAV llegan a un 28% de tasa de temporalidad, el doble de la media europea (14%), y es la más alta, por encima del Estado español (25,8%).
La desigualdad territorial en materia de paro es además cada vez más grande, y de las 39 pueblos y ciudades de la CAV que cuentan con más población superan la tasa de paro medio del 12,4%. Sestao tiene el 19,8% de paro, seguido de Santurtzi (17,1%) y 15,7% en Basauri.
La idea que subyace en el nuevo Lanbide es que sea «un instrumento facilitador de la inserción laboral activa», pero a la vez este servicio será el organismo pagador de la Renta de Garantía de Ingresos, sobre la cual existe una polémica importante dado que el Gobierno de Lakua quiere dejar a más de 6.000 perceptores sin esa cantidad. Según Zabaleta, la nueva renta básica la perciben 55.000 personas, de las que 13.000 la llevan cobrando durante más de cinco años. «Lo que queremos es que no sigan dentro de ese sistema asistencial durante cinco años, sino que tengan una oportunidad para mejorar su posición», arguyó. Aunque, mientras tanto, se quedan sin prestación.
Los interesados deberán acudir a las oficinas del Inem o a las pocas que había del antiguo Lanbide para tramitar el desempleo o las ayudas para recibir la renta de garantía de ingresos. En la CAV se desplegarán 44 oficinas, de ellas 11 en las tres capitales. Sus responsables pidieron «tranquilidad» a parados y empresarios en estos primeros días de puesta de largo.
Millones es el presupuesto que destina Lanbide para su actividad. 226 millones serán para políticas activas; 325 millones -la mayor parte- se destinará a pagar la Renta de Garantía de Ingresos y 150 millones a bonificaciones.
El Consejo de Administración de Lanbide tendrá carácter «tripartito, paritario y decisorio». Es una de las virtudes que la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, destaca de la llegada del control de las políticas activas de empleo.
Es un ente público de derecho privado, cuya finalidad es contribuir «al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad, y favorecer un mercado de trabajo que contribuya a garantizar la empleabilidad de las personas».
Las disposiciones adicionales del decreto que regula Lanbide fija que el consejo de administración estará compuesto por un órgano «tripartito, paritario y decisorio». En principio, serán cinco miembros de la Administración pública; cinco designados por Confebask; y otros cinco por parte de los sindicatos: dos de ELA, mientras que LAB, CCOO y UGT, tendrán uno cada uno. En principio, ELA y LAB han rechazado participar en el mismo, porque supone entrar dentro del juego de la mesa de diálogo social que, según han denunciado, no respeta a la mayoría sindical vasca y, por otro lado, porque confiere a los empresarios una posición de ventaja, entre otras razones, como ocurría, por ejemplo en el CES Vasco, donde las dos centrales de la mayoría sindical vasca lo abandonaron.
Tanto el director de Lanbide, Javier Ramos, como la consejera Gemma Zabaleta, han pedido a las centrales que lideran Adolfo Muñoz y Ainhoa Etxaide que participen en el consejo de administración de Lanbide, aunque todavía ni ELA ni LAB han respondido directamente a esa nueva invitación.
Sin embargo, sí se conoce que Confebask ventó la presencia de las cooperativas vascas en ese órgano de decisión de Lanbide, para evitar que restaran protagonismo a los empresarios. Según explicó la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop) a mediados de diciembre en el Parlamento de Gasteiz, emplean a más de 50.000 cooperativistas y el año pasado crearon 1.560 empleos y 80 nuevas cooperativas «a pesar de la crisis». Por este motivo entendían que «estaba acreditada» su valía para participar, pero no ha sido así, según consta en el decreto.
Lanbide se desplegará en treinta comarcas. 21 oficinas se situarán en Bizkaia -cinco, en Bilbo-; en Araba, irán nueve oficinas -tres, en Gasteiz- y, otras catorce, en Gipuzkoa, tres, en Donostia. Trabajarán 575 profesionales, que procederán de las sociedades Egailan, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Departamento de Empleo del Ejecutivo de Lakua. Contará con un presupuesto de 785 millones. De ellos, 226 millones serán para impulsar políticas activas y 325 millones corresponden a la renta de garantía de ingresos y, entre otras partidas, tendrá otra de 150 millones para destinar a bonificaciones a la contratación de trabajadores. J. BASTERRA
La desigualdad territorial en materia de empleo se extiende en la CAV. Existen 39 pueblos y ciudades con tasas de paro superiores a la media del 12,4%. Destaca Sestao con un desempleo del 19,8%, seguido de Santurtzi con un 17,1% y Basauri (15,7%).
