Las dificultades de las finanzas públicas españolas dependen de varios factores y tienen diversas variables: las que son propiamente económicas; la situación de la banca; la correlación entre el riesgo de la deuda pública y el riesgo bancario; y las dificultades para reducir el déficit público. Veamos, en detalle, los principales aspectos de los factores señalados.

Dificultades de la economía española. Por un lado, tenemos el déficit crónico de la balanza comercial (exportaciones-importaciones). En 2004 este déficit ya alcanzaba la cifra de 60.000 millones de euros; 120.000 millones en 2008, y en 2009, en plena crisis, cerca de 50.000 millones. Si analizamos la balanza por cuenta corriente (además de la balanza comercial, incluye la de servicios, rentas y transferencias), el déficit fue de 6% del PIB en 2004; 11% del PIB (más de 100.000 millones de euros) en 2009 y 4% del PIB en 2010. En los años 2007 y 2008 el PIB ha tenido valores de 1,05 y 1,07 billones de euros, respectivamente, y se espera que para 2011 sea de 1,07 billones.

Además de la dura recesión en el sector de la construcción debido a la burbuja inmobiliaria y su impacto en varios sectores productivos (alcanzando la tasa de paro el 20%), hay que considerar que el potencial de crecimiento económico es débil. Tanto la evolución de la productividad por habitante, cuya variación fue del 3% en 2009 y del 2% en 2010, como el nivel tecnológico bajo y medio predominante en la industria (el gasto español en I+D fue de 1,35% en 2009, bastante alejado de la media europea) son aspectos que no favorecen su potencial de crecimiento económico.

Por otra parte, el nivel elevado de deuda del sector privado, que alcanza valores de 240% del PIB, junto con la deuda pública (63% del PIB) y la bajada de los precios en el sector inmobiliario, produce una fragilidad financiera notable, tanto en las familias como en las empresas. Especialmente llamativo es el volumen de quiebras en el sector inmobiliario (10%) y el volumen de quiebras en el sector empresarial (7%) en 2010. Todo ello se manifiesta en la debilidad de la demanda y de la inversión.

Dificultades de los Bancos y Cajas de Ahorros. Sus dificultades derivan fundamentalmente del tamaño de las pérdidas relacionadas con los préstamos al sector de la construcción, especialmente a la promoción inmobiliaria. Hay que señalar que la deuda viva de dichos promotores a los bancos y cajas ha alcanzado la cifra de 450.000 millones de euros en 2010.

Veamos en detalle la situación de los pisos en venta. Según Natixis, el volumen de viviendas en venta era de 1,13 millones en marzo de 2010. Sin embargo, para Borja Mateo (GARA 12-12-2010), la situación es muy distinta a como se describe oficialmente, y la desarrolla de la siguiente manera:

Hay 3,1 millones de pisos vacíos, de los cuáles 620.000 son de segunda mano en venta; 960.000 terminados sin registrar en venta; 663.000 en construcción paralizados; y 599.000 en construcción (es decir, un total 1,26 millones de pisos en construcción); 120.000 escriturados y no registrados. La demanda real, sin embargo, sería de 220.000. Así, las entidades financieras tiene un total de, al menos, 900.000 pisos, y de ellos, cerca de 300.000 están a la venta y otros 600.000 en construcción.

Vemos, por tanto, que los bancos y cajas poseen un volumen considerable de pisos, y que estos constan en sus activos patrimoniales al precio original de venta. Al respecto, aunque en el test de resistencia financiera realizado a la banca española el pasado mes de julio se consideró que la bajada de los precios de los pisos había sido de un 11% (para el periodo julio 2006-julio 2010), el descenso real, según indica Mateo, experto en el sector inmobiliario, ha sido del 30%, como valor promedio.

Y se prevé que para el periodo 2011-2014 el precio de los pisos baje un 30-40%.

¿Por qué los bancos no sacan los pisos a la venta? Por una parte, el Banco de España está favoreciendo a los bancos al no exigir, en los dos últimos años, transparencia en sus balances. Aunque a partir de enero 2011 habrá mayor conocimiento del volumen de viviendas en manos de los bancos, dado que el Banco de España obligará a las entidades financieras a provisionar el 30% del valor de los pisos embargados que lleven en cartera más de 24 meses. Los dos últimos años los bancos los han utilizado para generar provisiones, a través de obtener beneficios de otras actividades, de modo que puedan hacer frente a las pérdidas de valor de los miles de pisos consignados con su valor de origen en los activos patrimoniales de la banca.

Se entiende, por tanto, que los bancos no saquen al mercado un volumen creciente de pisos, dado que los precios bajarían fuertemente, se reducirían sus activos y provocarían fuertes pérdidas a las entidades financieras. Es sintomático que en diciembre pasado Bancaja haya señalado que el importe de los activos inmobiliarios adjudicados no rentables era de 3.516 millones de euros.

No es extraño, en este sentido, que la agencia Moody's desconfíe de los tests de resistencia bancarios y afirme que la banca española debe hacer frente a posibles pérdidas de 176.000 millones de euros. Y es significativo que dicha cifra supere el valor de los fondos propios de las entidades financieras, 152.000 millones de euros (diciembre 2009).

Las dificultades de la banca española y de las cajas se manifiestan, asimismo, en que el volumen de su financiación directa a través del Banco Central Europeo (BCE) ha alcanzado el valor de 3,43 billones de euros en el periodo enero 2005-octubre 2010. Solamente en 2010 (periodo enero-octubre) el BCE ha financiado a la banca española con 929.000 millones de euros en diversas formas. Por otra parte, la deuda de la banca española respecto a otros bancos es grande. Para el periodo 2011-2012, los bancos tienen que amortizar unos 200.000 millones de euros, según J.Torres.

El gran negocio de la construcción-inmobiliarias-bancos se ha basado no solamente en el volumen de hipotecas, sino también en la titulización de parte de esas hipotecas. A través de la titulización, una hipoteca, o bien un «paquete» de hipotecas en forma de activo bursátil podía ser vendido a cualquier inversor. No es de extrañar, por tanto, que los bancos alemanes tengan invertidos en títulos derivados de hipotecas (cédulas hipotecarias...) que han de valorarse al precio actual del mercado del piso correspondiente a las citadas hipotecas (menor que el valor escriturado en la adquisición del piso).

De ahí viene la desconfianza de los bancos alemanes y de otros inversores, respecto al «valor real» de sus títulos y de la situación patrimonial real de los bancos españoles, y también en la posibilidad de cobrar según lo fijado en el contrato. Y los rumores sobre las posibles quiebras de entidades financieras empujan a los mercados financieros internacionales y a otros acreedores a cobrar cuanto antes las deudas pendientes.

Dificultades para reducir el déficit público. Después de tener un déficit público del 11,1% del PIB en 2009, el año 2010 acaba con un déficit de 9,3% y se pretende reducir al 6% en 2011, 4,4% en 2012 y 3% en 2013. Esta progresiva reducción del déficit supone unos recortes presupuestarios considerables. Asimismo, la deuda pública, que era el 37% del PIB en 2007, asciende, en 2010, al 63% del PIB (cerca de 650.000 millones de euros) y se prevé para 2012 que alcance el 75% del PIB. La dinámica de endeudamiento público da lugar a que los vencimientos de la deuda supongan unas cantidades importantes.

Así, en 2011 el vencimiento (y por tanto, pago) supone 44.300 millones de euros, con un coste medio de 3,6%. En 2012, la cantidad será de 46.170 millones de euros; en 2013, 44.180 millones; y en 2014, 41.210 millones. Y para el periodo 2015-2020 vence deuda pública por un valor de 95.890 millones de euros. Ante estas cifras de devoluciones, el Gobierno español va a emitir deuda, según Natixis, por valor de 93.000 millones de euros este año, al objeto de atender a la refinanciación y obtener recursos para llevar a cabo los planes de saneamiento, tal como ha señalado Alberto Castro en este diario. Este volumen de deuda, junto con los intereses asociados, suponen una fragilización del sector público y aumenta la incertidumbre sobre el pago.

Hay que tener en cuenta que las tasas de interés de la deuda pública emitida son muy diferentes según el plazo. En 2009 la tasa a 1 año fue de 1,5%; la tasa a 2 años tuvo el valor de 2%; y la tasa a 10 años, del 4%. Y esto tiene cierta importancia, dado que la problemática de la deuda pública y sus dificultades de pago hay que relacionarla con los débiles crecimientos económicos (menos del 2% del PIB) previstos para los tres próximos años.

Asimismo, el sector público del Estado español, 46% del PIB, es pequeño (lo que dificulta hacer recortes en el gasto público) en comparación con el de otros estados europeos, como en el caso francés (56% del PIB), italiano e inglés (ambos con el 51%).

Los factores señalados refuerzan el convencimiento de muchos agentes económicos de la gran dificultad de cumplir los compromisos de reducir el déficit público en los plazos señalados. Es cierto que en el caso del endeudamiento público, siempre queda la posibilidad de refinanciar las deudas (algo que ya está previsto hacerlo en 2011), pero fragilizan aún más al sector público. Y esto es inevitable aunque se diversifique la deuda, como parece ser la voluntad del gobierno Zapatero al aceptar China deuda pública española.

Correlación entre el riesgo de la deuda pública y el riesgo de la deuda bancaria. Los bancos españoles son un agente económico fundamental en la financiación del déficit público español. De los cientos de miles de millones de euros obtenidos, con facilidades del BCE (con tipo de interés, a corto plazo, al 1%), han utilizado un porcentaje alto para comprar deuda pública española (20-25% del PIB en 2008-2009) y de otros países con una rentabilidad del 2-4%. En 2010 los bancos españoles poseían deuda por 203.309 millones de euros. Los bancos alemanes, 34.625 millones de euros y menores cantidades los bancos franceses e ingleses, entre otros.

Por tanto, una crisis de la deuda pública (su no pago) conllevaría una crisis bancaria y viceversa. Cabe señalar que los bancos españoles también poseen deuda pública de otros estados «frágiles». Agrupando la deuda pública española, la griega, la portuguesa y la irlandesa, los bancos españoles poseen 280.370 millones de euros.

En este contexto, el endeudamiento español no sólo es importante por las cantidades señaladas, sino por los tipos de interés a pagar a los compradores de deuda. Especialmente, en el caso de préstamos a 10 años, que pueden alcanzar el 5,5%. Si el tipo de interés de la deuda a 10 años sobrepasa el 6-6,5%, es casi imposible estabilizar el volumen de la deuda pública en el futuro (en 2012 el volumen de deuda alcanzará el valor de 75% del PIB, más de 780.000 millones de euros), lo que conlleva una subida del déficit público y hace casi imposible cumplir los compromisos de reducción de dicho déficit.

No es de extrañar que ante esta situación aumente la incertidumbre y el pesimismo de los inversores, especialmente extranjeros, lo que influye, a su vez, en la dinámica inversora en la economía española.

¿Es solvente la economía española? La crisis de solvencia de una economía sobreviene cuando el conjunto de agentes económicos no pueden devolver sus deudas (exteriores, públicas) con sus excedentes (exteriores, presupuestarios) futuros. En esa situación, los préstamos a corto plazo no mejoran la solvencia económica, aunque pueden paliar la insolvencia del Estado. Es sintomático que, ahora, Zapatero afirme que tenemos crisis económica para 5 años.

Desde esta perspectiva se pueden examinar la crisis griega, e irlandesa y, parece ser, que por el mismo camino vienen la crisis portuguesa y la española. Ya hemos señalado el conjunto de factores que inciden en la crisis de solvencia española y, por tanto, se abre un abanico de escenarios, que van desde el «rescate» de la economía española hasta la salida del euro por parte del Estado español.

De cualquier modo, los años 2011-2012 van a ser testigos de desequilibrios crecientes en la Unión Europea y de configuraciones diferentes (Europa a dos velocidades, cambios institucionales...) que conllevarán una mayor degradación social, profundización en los recortes de derechos sociales, mayores tensiones sociales y menor cohesión social europea.