Hace justo tres años, en enero de 2008, una gran parte de la ciudadanía vasca asistíamos a una escalada represiva, probablemente inédita desde los no tan lejanos tiempos del franquismo. Comenzó con las ilegalizaciones de partidos que permitieron expulsar de la vida política a una parte importante de nuestros conciudadanos para facilitar el acceso futuro de un gobierno PSE-PP como así ha sido. Previamente ya habían cerrado dos periódicos, «Egin» y «Egunkaria», y abierto en la Audiencia Nacional el macrosumario 18/98. Luego vino el encarcelamiento de un elevado número de dirigentes de Batasuna al amparo del «todo es ETA». Cuando todavía no habíamos salido del impacto de los más de 500 años de cárcel de condena por el citado sumario, tuvieron lugar las detenciones de los miembros de ETA Portu y Sarasola y la más que mayor evidencia de torturas.

La reacción del Gobierno Vasco de entonces, presidido por el lehendakari Ibarretxe, fue la de cuestionar la versión oficial sobre las circunstancias de las detenciones y pedir una investigación. Hoy, tres años después, y con la sentencia condenatoria a varios guardias civiles por las graves torturas infligidas a Portu y Sarasola, conviene repasar algunas de las declaraciones que hicieron entonces destacados líderes del PP y del PSOE, indignados con esa simple petición de esclarecimiento de los hechos. Bono: «Que las bajas no sean nuestras», Chivite (PSN): «Vergonzosa doble moral por reclamar derechos humanos para los terroristas y negarlos para los guardia civiles». Sanz (UPN): «En Capbreton no hubo costilla rota, sino tiro en la nuca». Carmelo Barrio (PP): «No hace falta pedir explicaciones». Paulino Luesma (PSOE): «Las declaraciones de la portavoz del Gobierno Vasco [Miren Azkarate entonces] constituyen un episodio lamentable que ofende». Pero todavía más, dos perlas, una del actual consejero de Interior y otra nada menos que del actual lehendakari: Rodolfo Ares: «Los miembros del Gobierno Vasco deben pedir disculpas porque cometieron una terrible irresponsabilidad, un despropósito y una indecencia política al dudar de la forma en que se produjeron las detenciones». Patxi López: «El Ejecutivo autonómico se carga la presunción de inocencia, dando cobertura a ETA en lugar de al Estado de Derecho».

Cabría preguntarse si con la sentencia condenatoria el hoy lehendakari López se va a disculpar por aquellas manifestaciones, por no decirlo de ese turbio personaje que es Rodolfo Ares, siempre dispuesto a ofender a los que denuncian las violaciones del Estado de Derecho, habiendo llegado incluso a enmendar la plana al Relator de DDHH de la ONU por haber denunciado precisamente eso, la utilización de la tortura en España.

No quiero aburrir más al amable lector con más citas, pero cuando la Audiencia Nacional, tribunal de excepción cuyo único final no puede ser otro que la desaparición, cerró «Egunkaria», las mismas personas hicieron las mismas lamentables declaraciones, de las que luego, con sentencia absolutoria, tampoco se han arrepentido. Por no decir ya de la comprensión, incluso alborozo, con que reciben la interminable relación de detenciones, prisión preventiva y sentencias condenatorias de largos años de cárcel a numerosos conciudadanos ajenos a ETA pero englobados en la teoría de «todo es ETA» .

Éstos son los defensores del Estado de Derecho, o lo que es lo mismo, de la aplicación del Estado de Derecho «sin contemplaciones», en vergonzante expresión de un ex rector de la UPV; los que dicen que nada o prácticamente nada ha cambiado con la última declaración de ETA, frustrando las esperanzas de numerosos ciudadanos; los que harán lo imposible por no legalizar a la izquierda abertzale argumentando reparos democráticos, cuando más bien es porque ello conllevaría su más que probable salida de las instituciones vascas. En fin, ése es el binomio PP-PSOE, cada uno con su diferente matiz pero unidos en lo esencial: la defensa de la españolidad del país.

Ante ese binomio, y con la misma naturalidad, los partidos vasquistas deben unirse sin complejos en lo fundamental: la defensa de los derechos del país y sus ciudadanos. La siempre demandada disolución de ETA, hoy probablemente más cercana que nunca, debe ir unida al respeto de los derechos humanos, civiles y políticos de todos los ciudadanos vascos, que nunca se debían haber quebrado. Ello conlleva de inmediato a la legalización de la izquierda abertzale, que por de pronto restauraría la normalidad democrática en las elecciones y posibilitaría sin duda la vuelta del vasquismo a las instituciones del autogobierno. Después, una Euskadi en paz y donde todos sus ciudadanos puedan decidir libremente su futuro...