La economía española entra en 2011 afectada por dificultades económicas, tanto por el déficit de la balanza comercial (cerca de 50.000 millones de euros en 2010) y el déficit de la balanza por cuenta corriente (40.000 millones de euros en 2010) como por la fuerte recesión de la construcción y el impresionante volumen de créditos concedidos por los bancos al sector inmobiliario (en crisis) que alcanza la cifra de 430.000 millones de euros. El nivel muy elevado de la deuda del sector privado (familias más empresas), con una cifra de 2,4 billones de euros, es otro factor que lastra el potencial de crecimiento de la economía del Estado español. Por ello, la previsión de crecimiento del PIB para 2011 es del 0,7 % y del 1,8% para 2012.

Los problemas de los bancos están estrechamente ligados a los créditos impagados de las inmobiliarias, lo que ha obligado a los bancos a embargar pisos, tanto de segunda mano (300.000) como en construcción y suelo edificable (600.000). Se estima que el diferencial entre el valor consignado de dichas viviendas en el balance y el valor real, en 2011, es de un 30%, y van a seguir desvalorizándose. Además los bancos poseen títulos de deuda pública por valor de 203.000 millones de euros.

La deuda pública española alcanzará un valor cercano a los 700.000 millones de euros en 2011, pagándose un tipo de interés próximo al 3% (salvo la deuda a largo plazo cuyo tipo de interés es del 5,6%).

Este conjunto de factores y los efectos recesivos en la economía que origina el plan de austeridad vigente hacen muy difícil cumplir los compromisos que exige la Unión Europea. A considerar, asimismo, que el volumen de la deuda privada es de 2,35 billones de euros (1,4 billones de deuda empresarial y el resto, deuda de las familias). Es decir, más de tres billones de euros entre deuda pública y privada. Los mercados financieros analizan la economía considerando todas las deudas, tanto públicas como privadas, y concluyen que la fragilidad tanto de la dinámica económica actual como el volumen creciente de las deudas públicas, hacen poco fiable dicha deuda, y por ello se produce el aumento del tipo de interés exigido, especialmente en las deudas a largo plazo.

Por todo lo anterior, muchos analistas y responsables financieros auguran un rescate, tanto en el caso portugués como en el español, dado que entienden que el Estado no puede hacer frente a los compromisos de su deuda. La UE, a través de su fondo de rescate (FSEF) proporciona un préstamo para liquidar las deudas pendientes e impone un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la devolución del préstamo concedido. Las medidas, de corte neoliberal, han supuesto en el rescate irlandés el despido de 24.000 funcionarios, rebaja del sueldo de los funcionarios en un 15%, bajar el salario medio en un 11%, reducir las pensiones en un 10% y elevar el IVA hasta el 23%. El ventajoso Impuesto de Sociedades queda inalterado en el 12,5%.

El caso español será parecido al caso irlandés y, como señala J.Torres, el rescate incluiría: recorte de gasto público, incluyendo tanto reducción de personal como de sueldos en todas las administraciones, y especialmente los gastos sociales (educación, sanidad...); disminución de gasto público corriente y en inversiones; profundización en la reforma laboral, especialmente en la negociación colectiva, disminuyendo el poder sindical; reforma del sistema de pensiones, ampliando la edad de jubilación, periodo de cómputo de años...; reforma fiscal, elevando impuestos indirectos y disminuyendo el impuesto de sociedades; privatización de las empresas públicas existentes, como en el caso AENA; reconsideración del marco institucional en sintonía con lo presentado por los 50 grandes empresarios ante el Rey, es decir, fusionando ayuntamientos menores y diputaciones, y modificando el sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Parte de este tipo de medidas ya se han puesto en marcha, pero si se llevara a cabo el rescate, aumentaría, aún más, el poder de la banca y de la gran empresa y se debilitaría, aún más, el deficiente marco democrático.

Sólo los especuladores están interesados en planes de rescate. Al emitirse bonos de deuda pública, mediante operaciones especulativas se genera una prima de riesgo elevada contra dichos bonos. A la vez, se realizan compras especulativas de activos del seguro sobre la deuda, se cobra un alto interés después de haber generado ese riesgo. Se genera de este modo la necesidad de un plan de rescate, asegurando la obtención de sus préstamos y de sus intereses. No es casualidad que en los planes de rescate para Irlanda y Grecia, los grandes beneficiados hayan sido principalmente bancos alemanes e ingleses.

Hay que señalar que el Banco Central Europeo (BCE), ante la situación creada y contraviniendo sus propias normas, ha comprado deuda pública de varios países, de modo que en el periodo mayo-diciembre de 2010 ha alcanzado la cifra de 69.810 millones de euros.

Por otra parte, hay otros factores que empujan al rescate económico español, dado que los planes de austeridad existentes en varios países europeos no favorecen el desarrollo del comercio del Estado español.

Además, si empeora la situación griega, irlandesa o la de Portugal o incluso aumentan las dificultades económicas y de endeudamiento en los casos italiano y belga, el riesgo de rescate para la economía española aumentará. Es significativo que en enero de 2011 se haya encarecido la deuda pública portuguesa y española al subir la prima de riesgo (diferencia de intereses que se pagan en los bonos a 10 años respecto a los de Alemania). Los bonos españoles se han vendido al 5,5% de interés, precio suficientemente preocupante ante las nuevas emisiones de miles de millones de euros, a 5 años, que origina un montante importante de intereses.

Ante la actividad continuada de los especuladores, la UE no está tomando decisiones que eviten que la lógica especulativa marque la agenda de los mercados. De ahí el rebrote de la subida de tipos de interés exigido a las deudas públicas de ciertos estados. Asimismo, hay que afirmar que el plan de rescate está mal diseñado ya que tiende a empeorar los problemas de solvencia del rescatado. El EFSF no compra al rescatado parte de la deuda sino que le da liquidez con préstamos caros (6% a Irlanda) a cinco años añadiendo así más deuda cara a la elevada del rescatado, aliviando temporalmente su liquidez pero agravando más su solvencia.

A la vista de lo anterior, muchos analistas como Paul Krugman (premio Nobel de economía) plantean la salida del euro de la economía española y de otras economías periféricas como la portuguesa... La salida del euro supondría el pánico financiero, ya que los bancos alemanes, entre otros, tendrían que aceptar pesetas en vez de euros, devaluadas un 30%-40% respecto al euro. Los mercados financieros aprovecharían la coyuntura para realizar una ofensiva especulativa generándose un ciclo devaluación-inflación-austeridad. La deuda aumentaría bruscamente de volumen debido a la devaluación y habría problemas de liquidez. Con una recesión del 3%-4%, aumentaría el paro y disminuirían las rentas.

Volver a la peseta exigiría tener un buen excedente comercial y las cuentas públicas en orden, con bajos déficits públicos, lo que supone recortes sociales. Asimismo, aumentaría la dependencia respecto al FMI, dado que habría que formalizar préstamos en condiciones restrictivas socialmente.

Ante esta disyuntiva tan nefasta rescate-salida del euro, muchos analistas y responsables políticos como Jean-Claude Juncker y Giulio Tremonti han planteado otro tipo de medidas. Siguiendo a J.M Zufiaur, de ATTAC, podemos clasificarlas del siguiente modo: 1) Reestructuración (disminución) de deudas de los estados más fragilizados y compra masiva, por parte del BCE, de la deuda pública, evitando así las practicas especulativas actuales. 2) Crear una Agencia Europea de la deuda y mutualizar las deudas hasta un 60% del valor total. 3) Emitir euro-obligaciones con el fin de reducir el diferencial de los tipos de interés de los créditos entre los estados. 4) Prohibir ventas a corto plazo de seguros de la deuda, como han propuesto los alemanes. 5) Favorecer el federalismo fiscal entre regiones europeas muy favorecidas y las poco favorecidas, como se hace entre los Länder alemanes y los Estados federales de EEUU. 6) Mayor armonización fiscal y un presupuesto comunitario que pase del 1% actual al 3%, al menos, del PIB comunitario.

Pero en la cumbre europea del 16-17 de diciembre pasado han rechazado este tipo de medidas y en cambio han acordado crear un fondo de apoyo permanente (en enero de 2013) que se activará para salvaguardar la estabilidad del euro. Pero se ha rechazado ampliar los 750.000 millones del fondo de rescate actual (aunque este tema se esté volviendo a debatir). Eso sí, se ha hablado de la posibilidad de reestructurar la deuda de un Estado a partir de 2013 ¡cuando el 85% de los acreedores estén de acuerdo!. Es decir, nunca.

De cualquier modo, ante la gravedad y fragilidad financiera de varios estados es posible que antes de 2013 haya que adoptar medidas para evitar la crisis definitiva del euro. José Luis Leal, representante significativo de la banca española, ha señalado que si no se emiten euro-obligaciones pueden realizarse emisiones de bonos estatales con un respaldo total o parcial de la UE. Es evidente que existen diversas orientaciones, desde la perspectiva neoliberal, en la evolución de la UE. Rescatar la economía española sería un error grave, desde una perspectiva global neoliberal, dado que supondría la prueba de fuego en la eurozona al desestabilizarla, con riesgo de generar una posterior crisis del euro.

¿Qué tipo de medidas y orientaciones, de corte antineoliberal, serían necesarias para una evolución de la crisis favorable a los intereses de los trabajadores?

Es evidente que antes de varios años, al menos 4-5 años, no será posible reducir la tasa de paro de forma drástica. La cantidad de factores que influyen, tanto de corte internacional como en el propio marco existente de la economía del Estado español, hace difícil elaborar una «hoja de ruta» precisa, pero sí es posible adelantar ciertas medidas, a corto y medio plazo, que encarrilen y marquen una perspectiva más saneada económica y socialmente. No hay que olvidar que en pleno periodo de crisis, años 2009-2010, los beneficios empresariales han pasado de un valor 80 hasta un valor de 140 (valor 100 para 2002, y a precios constantes); y, en cambio, la masa salarial percibida por las familias ha pasado de un valor 127 a 118, entre los años 2008-2010 (valor 100 para 2002, a precios constantes). La crisis está sirviendo para polarizar más las rentas entre el sector capitalista y los trabajadores.

Entre las medidas a corto plazo, el Gobierno español debe: presionar al BCE para que tome la decisión de comprar deuda soberana a largo plazo, como hacen el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de EEUU, con sus respectivas emisiones de deuda y evitando así el negocio especulativo de la compra de deuda pública; limitación de la venta de seguros sobre la deuda pública, evitando prácticas especuladoras; prohibición a los bancos de depósitos que gestionen el ahorro de particulares en operaciones especulativas. No tener filiales en paraísos fiscales; saneamiento de las cuentas públicas que pase por una reforma fiscal en la que se incluyan medidas que van desde la mayor imposición a las rentas altas, a las SICAV, junto con una lucha eficaz contra el fraude fiscal (se estima, al menos, en 80.000 millones de euros) y la implantación de un impuesto a las transacciones financieras internacionales; frenado al proceso de privatización de las cajas de ahorros y transformación de dichas cajas en un sistema de Banca Pública, que colabore con el ICO en facilitar el crédito a las pequeñas empresas, a los autónomos y a las familias; reorganización territorial de las cajas, manteniendo su carácter público, mediante fórmulas jurídicas, que favorezcan el control social de las mismas; transparencia de los balances bancarios de modo que no haya rescate de bancos en caso de quiebras de bancos muy endeudados.

En paralelo, y con perspectiva de medio plazo, sería necesario un conjunto articulado de medidas de fomento del consumo y de la inversión que genere empleo. Esta orientación pasa por enfrentarse al plan de austeridad existente y conseguir la disminución-reestructuración de la deuda, negociando con los acreedores financieros, en su caso.

Es necesario potenciar un sector público que abarque tanto la prestación de bienes y servicios públicos como el desarrollo de la banca pública que provea de recursos al aparato productivo. Un sector público que lidere la dinamización de sectores productivos desde una óptica de desarrollo sostenible y de priorizar la política industrial, en sus diversos aspectos, tanto tecnológicos como científicos, comerciales y de infraestructuras. En el caso del sector energético, dada su vital importancia en el modelo productivo a reconfigurar, debe existir una empresa pública que potencie las energías renovables, reordene la actividad privada existente, considerando la energía como un factor estratégico al servicio del tejido productivo y de la sociedad.

Desde esta perspectiva ha de articularse un conjunto de medidas entre las que destacaría las relacionadas con la mayor democratización económica de las empresas, mayor nivel tecnológico de las mismas, lo que conlleva priorizar inversiones específicas en sectores de alto nivel tecnológico, así como la mejora de la cualificación profesional y salarial del conjunto de los trabajadores. Sólo una orientación estratégica desde un planteamiento de modelo territorial sostenible de economía, será una respuesta coherente a los retos que se nos plantean en un inmediato futuro.

Los desafíos son comunes a varios estados europeos en diverso grado. La crisis europea obliga a repensar estrategias diferentes de los planes de austeridad existentes, para repensar la UE con mayor cohesión social y productiva. Ya vemos que las élites dirigentes y las instituciones europeas actuales no van por ese tipo de caminos. Está claro que deben construirse nuevas sendas que vayan conformando otro proyecto europeo.¿Será posible? Los pueblos europeos tienen la palabra.