Pero se podían hacer todavía más sumas. En la operación para arrestar a los seis acusados de pertenecer a Ekin la Guardia Civil empleó a «más de 300 agentes desplegados». Para apresar a los cuatro acusados de militar en Askatasuna, «90 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y, entre ellos, miembros de la unidad de ciberterrorismo de la Comisaría General de Información». En total, según datos del propio Ministerio, casi 400 agentes. O, si prefieren, 50 guardias civiles por cada uno de sus detenidos y 22,5 policías por cada uno de los suyos. Todos armados hasta los dientes para arrestar de noche y por sorpresa a diez personas desarmadas. Toda una demostración de violencia y de presupuesto. Para esto no hay recortes.

No especularemos sobre cómo ha sido la noche para otros, pero si hacemos caso a la frase de Winston Churchill de que «la democracia es el sistema político en el cual, cuando alguien llama a la puerta a la seis de la mañana se sabe que es el lechero», habrá que decir no ha sido buena para la democracia. Y aquí entra en escena la tal Democracia y, como la Sombra de Alfonso Sastre, responde: «Hace tiempo que yo no tengo nada que ver con lo que pasa en el Estado español; ni de noche, ni de día».

Alfredo Pérez Rubalcaba dice que las detenciones demuestran que el Gobierno, con o sin alto el fuego, sigue la lucha contra ETA «con firmeza y determinación». Y el ministro de Justicia (¿?), Francisco Caamaño, le hace los coros desde el desayuno con la frase de que no va a haber diálogo ni con ETA ni con Batasuna. De nuevo, asaltos a domicilios, detenciones nocturnas, incomunicación y posibles encarcelamientos como lenguaje para reforzar el mensaje de dureza. Es decir, uso de la violencia con fines políticos.

Todo ello sin ninguna acusación delictiva individualizada. Basta que el ministro diga que unos de los acusados son de Ekin, «organización de ETA que trata de imponer las tesis de la banda al conjunto de la izquierda abertzale», y los otros de Askatasuna, que «intenta presionar al Gobierno en el ámbito de la política penitenciaria», para que ningún periodista se pregunte si eso es motivo para que a alguien le saquen de la cama a punta de fusil, entre gritos y empujones, y lo incomuniquen durante días en acuartelamientos donde -según dicen organismos competentes- los derechos humanos están apagados o fuera de cobertura.

Conviene detenerse en el detalle de que parte de la operación armada se ha hecho para «desarticular el aparato de propaganda de Askatasuna en Navarra» y que la única acusación que se conoce contra los detenidos es la de «alimentar» la página www.apurtu.org.

Hace unas semanas la Asociación de Internautas y compañía montaron una enorme bola de nieve ante la perspectiva de que una ley permitiera intervenir contra páginas web que facilitaran la descarga gratuita de películas y música. Clamaron por la libertad de expresión. A los políticos y grupos parlamentarios que se subieron a aquella ola habría que recordarles que ahora, de pronto, nos encontramos ante la aplicación bestia de la «Ley Sinde», donde para actuar contra una web en la que sólo se ofrece información sobre la cara de la realidad vasca menos visible en el resto de medios mandan a 90 policías a detener a parte de sus autores. Quizá la Asociación de Internautas o Anonymous tengan alguna opinión formada sobre esto o libertad de expresión es sólo poder tener la última entrega de «The walking dead» antes de que se emita por televisión.

Sin vergüenza, alguien escribirá que con estas detenciones se pretende despejar el camino a los «posibilistas» de la izquierda abertzale, pero con estas divisiones entre «duros» y «blandos» lo que en realidad buscan es generar contradicciones y, si les fuera posible, alimentar escisiones.

La disyuntiva que ofrece Rubalcaba a la izquierda abertzale no es «votos o bombas», lo que quiere es «unos, votos, y otros, bombas». Divide y vencerás. Nada indica que le vayan a dar ese gustazo.