El Estado español no ha tenido más que imposición para Euskal Herria. No ha sido capaz de entender que somos un pueblo con cultura propia, con identidad... que somos vascos. El Gobierno vio que nuestro pequeño proyecto tenía un gran futuro y se lo llevaron por delante, lo criminalizaron». Son reflexiones recogidas a Xabier Iragorri, ex alcalde de Oiartzun y imputado en el «caso Udalbiltza», en una entrevista realizada en setiembre en Oiartzun días antes de volver a la Audiencia Nacional. Iragorri, junto a otros veinte ex alcaldes, ediles y empleados de Udalbiltza, ha recorrido en demasiadas ocasiones el camino hasta la capital española para asistir a un juicio que está apunto de culminar. Un proceso judicial que ha seguido la estela del «todo es ETA» que han dejado otros sumarios como el de «Jarrai-HaikaSegi», el 18/98 o el llevado a cabo contra Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna, y con el precedente de «Egunkaria».

¿De «Egunkaria» a Udalbiltza?

El juicio, que se llevó a cabo en la Audiencia Nacional durate los meses de julio a octubre, estuvo presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, el mismo que decretó la absolución de los procesados en el «caso Egunkaria». Son varias las similitudes existentes entre ambos sumarios y la defensa del caso Udalbiltza entienden que, siguiendo esa sentencia, se tiene que dar la absolución.

Tal y como resaltaron los letrados Kepa Landa, Jone Goirizelaia y Kepa Manzisidor en las últimas sesiones del juicio, no se han presentado pruebas que justifiquen las acusaciones, como reconoció este tribunal en la sentencia emitida el pasado mes de abril. Los letrados sostuvieron hasta el último momento que no hay delito en las actividades imputadas, ya que son totalmente legítimas, y recordaron que eran públicas, puesto que se tomaron en asambleas abiertas de las que se dio cuenta en los medios. Además, según la defensa, las imputaciones concretas no están individualizadas, como exige la legislación española, y tampoco se relaciona la actividad de cada uno ni las supuestas órdenes que habrían recibido de ETA.

Los encausados, por su parte, han denunciado en más de una ocasión que «este proceso ha sentado en el banquillo las bases de la democracia, porque lo que se juzga es una actividad institucional y pública dirigida por ciudadanos elegidos en las urnas».

El representante del Ministerio Público, Juan Moral, retiró en la última sesión del juicio la acusación de «malversación de caudales públicos» por el que pedían 5 años más de condena para Loren Arkotxa, Joseba Garmendia, Xabier Iragorri y Xabier Alegria, además de los 10 años por «integración en ETA». Aun así, el Ministerio Público ha mantenido sus teorías fantásticas hasta el final.

El fiscal puso todo su empeño en demostrar que en los años que funcionó Udalbiltza hubo dos etapas, concluyendo de esa forma que el denominado «Udalbiltza-Kursaal» «constituye una plataforma bajo control directo y exclusivo de ETA, a través de Ekin y del suspendido e ilegalizado partido político Batasuna». Para afirmar que Udalbiltza cumplía órdenes de la organización armada se apoyaron en que ETA había «valorado positivamente» la labor de Udalbiltza en algunas ocasiones y en que en un «Zutabe» ETA propuso ayudar económicamente a la institución. Asimismo, para demostrar la relación con Ekin señala a Ibon Arbulu y Eider Casanova a quienes da por integrantes de esta organización aunque éstos no hayan sido juzgados bajo esa acusación; y para la relación con Batasuna implicaron en este juicio al navarro Txema Jurado, que lo acusan de crear plataformas electorales y se olvidan de que no fue integrante de Udalbiltza. Junto con la teoría que defiende que la pretensión de Udalbiltza era construir un «órgano de contrapoder» o el creado en torno al EHNA, entre otros, jurídicamente hacen impensable que el fallo pueda ser condenatoria. Mañana se verá si lo es políticamente.