Tres de los cuatro navarros que ayer comparecieron ante el juez Grande-Marlaska han relatado duras sesiones de tortura durante el periodo de incomunicación que han permanecido en manos de la Guardia Civil. Los cuatro -Iñigo González, Gorka Zabala, Jon Patxi Arratibel y Gorka Mayo- fueron enviados a prisión por la tarde acusados de «integración en organización terrorista» en calidad de «desdoblados» de la organización Ekin en distintos organismos de la izquierda abertzale en Nafarroa.

Después de que el viernes el juez español enviara a prisión a Iker Moreno y Mikel Llamas, dejara en libertad a Xabier Beortegi y Oihana Odria, e impusiera unas fianzas de 12.000 euros a Edurne Sanzo y Koldo García para que así eludieran la cárcel, ayer envió a prisión al resto de detenidos que seguían sin pasar ante el juez desde que fueran detenidos en la madrugada del martes en un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía española en Nafarroa.

«Desdoblados» de Ekin

Así, en el auto de prisión emitido ayer por Fernando Grande-Marlaska, imputa a los cuatro comparecientes de ayer -Iñigo González, Gorka Zabala, Jon Patxi Arratibel y Gorka Mayor- ser miembros «desdoblados» de Ekin en distintas estructuras de la izquierda abertzale, y actuaron para ello bajo el mandato de la organización armada ETA.

A la vez que se supo de la decisión de Marlaska, el movimiento pro amnistía informó de que González, Zabala y Jon Patxi Arratibel denunciaron haber sido objeto de duras sesiones de torturas, y Gorka Mayo, por su parte, denunció haber sido amenazado y presionado sicológicamente, así como objeto de largas sesiones de interrogatorio que versaban sobre política.

Los relatos de González, Zabala y Arratibel coinciden en que el trato recibido «ha sido muy duro» en todo momento, y que fueron objeto de métodos de tortura como «la bolsa» hasta llegar a la extenuación, así como «golpes por todo el cuerpo, simulacros de violación y de aplicar los electródos» y constantes amenazas con la familia.

González denunció el trato recibido por la Guardia Civil tanto ante el juez como el médico forense, mientras que Arratibel sí lo hizo ante el juez. En este caso, además, según detalló el movimiento pro amnistía, el vecino de Etxarri describió al juez Grande-Marlaska lo que firmó en una de las declaraciones policiales. Así, junto a su nombre, Arratibel escribió «aztnugal», lo que significa «Laguntza» -ayuda en euskara-, como un medio para evidenciar que «necesitaba ayuda, en medio de las duras sesiones de tortura y la total indefensión» en la que estaba.

Otro de los elementos a destacar sería, según informó el movimiento pro amnistía, que dos de los abogados de oficio de estos cuatro detenidos -los cuatro comparecieron como el resto de detenidos en calidad de incomunicados-, habrían hecho referencias a Marlaska del trato que habrían podido recibir.

Así, el movimiento pro amnistía señaló que el abogado de oficio de Xabier Beortegi -quedó en libertad el viernes- denunció ante el juez que su defendido había sido objeto de torturas y malos tratos. En el caso de Iñigo González, que compareció ayer, su abogado de oficio también se refirió al juez sobre el trato que habría recibido en dependencias policiales.

Seguimientos policiales

Del auto de Grande-Marlaska se desprende que para llevar a cabo la operación policial del pasado martes han utilizado las declaraciones policiales de detenidos en redadas anteriores, así como que los arrestados han sido objeto de seguimientos policiales desde hace tiempo.

Al respecto, en ese uso de declaraciones policiales, Marlaska liga a Iker Moreno e Iñigo González -ambos acusados de ser de Segi- con actos de «kale borroka». Una lógica jurídica obligada en la Audiencia Nacional española desde que el Supremo lo declarase «organización terrorista» y endosara a la organización juvenil la supuesta tarea de dinamizar la «kale borroka» bajo las órdenes de ETA.

Entre las pruebas que describe el juez, además de una declaración policial de uno de los detenidos -que denunció haber sido objeto de torturas-, se recogen también trabajos políticos como reuniones, concentraciones e incluso cita las ruedas de prensa de la izquierda abertzale en Altsasu e Iruñea, en los que se informó de la apuesta estratégica de la izquierda abertzale por vías exclusivamente políticas y democráticas.

La bronca del Constitucional

Esta misma semana se ha conocido que, con fecha del 21 de diciembre, el Tribunal Constitucional abroncó a Marlaska por un auto de encarcelamiento de los jóvenes detenidos en el operativo contra Segi que culminó con 34 detenciones. Marlaska envió primero a prisión al denunciante y sólo notificó «la parte dispositiva» de la misma -recoge la decisión final y la imputacón, pero no en qué se basa-, sin emitir todo el auto. Pues bien, escasos días después de la decisión del Constitucional, que le obliga a rehacer las actuaciones judiciales, el citado juez ha vuelto a hacer lo mismo, ya que el auto de los encarcelados del viernes se encuentra recogido en el mismo auto emitido ayer.

Llamativo resultó ayer también el hecho de que, encontrándose la causa judicial bajo secreto de sumario, las ediciones digitales de varios rotativos españoles recogieran antes de que el propio Fernando Grande-Marlaska hiciera público el auto de prisión, extractos de las supuestas declaraciones policiales que algunos de los detenidos habrían realizado ante la Guardia Civil.