El Colegio de Abogados de Madrid cuenta con más de 50.000 colegiados. Salvo que se presenten voluntarios, lo habitual es que sólo hagan turno de oficio una vez al año. Por tanto, resulta sumamente infrecuente que a alguno de ellos le toque atender a un ciudadano vasco incomunicado en la Audiencia Nacional. Y, aunque la legislación y el código deontológico establezcan la obligación de defender los derechos de sus representados, también parece lógico que en estos casos prefieran que su labor pase lo más desapercibida posible. Ésta es una de las razones que hacen que tradicionalmente los abogados de oficio se hayan convertido en testigos ciegos, sordos y mudos ante lo que ocurre en calabozos y comisarías.

Fue el caso, por ejemplo, del letrado al que le tocó asistir a Mattin Sarasola tras su detención junto a Igor Portu, en enero de 2008. El abogado fue citado al juicio por el atentado de la T-4, donde afirmó que no vio una sola señal de tortura cuando le tocó defender a Sarasola, salvo un arañazo en la mano y síntomas de cansancio. Aseguró que los interrogatorios policiales fueron normales: «El mecanismo era de respuestas naturales ante preguntas que se le estaban haciendo». Tras la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa que condena a cuatro guardias civiles por torturar a los dos jóvenes lesakarras, cabe concluir que, en el mejor de los casos, el abogado hizo muy mal su trabajo.

Esta actitud ha sido norma habitual durante muchos años, pero algo está cambiando. Sin ir más lejos, el sábado aparecieron sendas quejas tras los interrogatorios practicados a dos de los detenidos en la redada de Nafarroa. Según ha difundido el movimiento pro amnistía, el abogado de oficio trasladó al juez Fernando Grande-Marlaska que se habían producido maltratos a Xabier Beortegi -cuyo testimonio no ha sido detallado por el momento- y que también existían sospechas sobre Iñigo González. Este joven ha explicado también que comunicó su situación tanto al médico forense como al juez; detalla que se le practicó «la bolsa» varias veces, que padeció «golpes en todo el cuerpo» y que los guardias civiles simularon que le iban a violar y a poner electrodos.

Dada la opacidad con que se desarrolla todo este procedimiento, al menos en los primeros días resulta imposible conocer quién es el letrado de oficio, de modo que en este caso ni siquiera se sabe si las quejas pertenecen a un solo letrado o son dos diferentes.

Al de Atristain le quitaron el móvil

Uno de estos casos sí ha trascendido pero no en la prensa española ni en la vasca, sino en la venezolana. Se trata del letrado que atendió a Xabier Atristain tras su detención en Donostia en setiembre pasado. Como se recordará, tras la misma el Embajador venezolano en Madrid expuso dudas fundadas de que hubiera sido torturado. Atristain contó luego que se había desmayado varias veces por «la bolsa» y que sufrió otros tormentos.

El letrado de oficio se negó a firmar el acta de la declaración policial dado el estado en que encontró al detenido. El diario ``Ciudad Caracas'' difundió su escrito de protesta al juez. En él, el abogado argumenta que «es curioso, sorprendente y significativo que en la primera declaración del 1 de octubre el señor Atristain no haya manifestado nada al respecto de lo declarado el 3 de octubre (sobre el curso de Venezuela con [Arturo] Cubillas). Ni tan siquiera se lo preguntaron».

El abogado muestra sorpresa también por el modo en que se practican esas declaraciones, a horas tan intempestivas como las tres de la madrugada y sin aviso previo. «Comprobé que lo que a este letrado se le presenta para firmar no coincide exactamente con lo declarado en mi presencia por el señor Atristain», denunció incluso.

Por ello, decidió firmar así el acta: «No conforme». Entonces, la Guardia Civil reaccionó arrebatándole el móvil y revisando sus llamadas y SMS. Todo ello ha sido denunciado al Colegio de Abogados madrileño.