Una canción que popularizó el grupo chileno Quilapayún decía que la patria no es un fusil y una bandera, la patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Es decir, que las entidades político-administrativas con las que organizamos o queremos organizar nuestra vida sólo tienen sentido si sirven para mejorar las condiciones de vida de las personas que componen esa comunidad.

Si quienes nos gobiernan compartieran ese objetivo, no habrían tomando ninguna de las medidas antisociales aprobadas con la excusa de la crisis ni planearían otras similares. En un país donde los parados son más de cuatro millones, la prioridad debería ser la creación de empleo, no la subvención del despido. Con el 71% de las pensiones de Hego Euskal Herria y el 84% de las del Estado por debajo del umbral de pobreza, la prioridad debería ser mejorar las pensiones actuales, en lugar de congelarlas y procurar que las futuras no sean tan escasas, en lugar de ampliar los períodos de cómputo para reducirlas un 20%.

Si en Hego Euskal Herria el 32% de los menores de 25 años está en paro, y entre los que trabajan el 59,5 % tienen contratos temporales, y si la práctica totalidad del empleo a tiempo parcial está ocupada por mujeres, a cualquiera se le ocurre que ampliar los períodos mínimos de exigidos para acceder a una pensión, o los períodos de cómputo, va a dejar sin pensión o en la miseria a millones de jóvenes y mujeres.

El modelo económico en el que una persona debe trabajar desde la infancia hasta la muerte es repugnante, y el empeño de una gran parte de la humanidad ha conseguido respetar la infancia como período de formación y considerar la vida adulta como algo más que trabajar. Las relaciones, la actividad social, las aficiones y, por supuesto, el descanso forman parte de la vida civilizada. Para todo ello, lógicamente, se necesita un mínimo de salud. La esperanza media de vida en buena salud en el Estado español era en 2007 de 57,2 años para los hombres y 53,4 para las mujeres, lo cual explica que una gran parte de la población trabajadora se jubile antes de los 65 años, algo que ahora también quieren evitar. Retrasar la jubilación hasta los 67 años supone que vamos a estar trabajando prácticamente todos los años útiles de nuestra vida, que los últimos años lo haremos con serias dificultades y que no estaremos en condiciones físicas de disfrutar de la jubilación. Pero además el tipo de trabajo y el nivel social determinan el estado de salud de cada persona, por encima de otros factores individuales. Por lo tanto, estas medidas son más perjudiciales para quienes tienen un trabajo más duro y un menor nivel socioeconómico.

Los políticos que adoptan estas medidas no miran por el bienestar de las personas. Su patria será la del fusil y la bandera, rojigualda o bicrucífera, pero no la de las personas. Es más, su única patria tiene el color del dinero, ya que quienes lo tienen son los que deciden el rumbo de los gobiernos. Se pide el voto a los ciudadanos, pero se gobierna para «los mercados». Y para que la ciudadanía tenga la ilusión de que es la que decide, se le da a elegir entre quienes recortan los derechos sociales por convencimiento y quienes ponen la excusa de que lo hacen para preservar los mismos derechos que vulneran una y otra vez.

Entre las formas de hacer frente a las medidas antisociales hay diferencias notables entre unas latitudes y otras. En el Estado español, los sindicatos mayoritarios han optado por pactar las reformas con el Gobierno, para «contentar a los mercados», con la esperanza de tratar de evitar alguna de las muchas amenazas lanzadas por el Gobierno. Sin embargo, ceder hoy nos hará más débiles mañana, y en la siguiente seudo-negociación cederemos aún más.

En contraposición, cada vez somos más quienes apostamos por el modelo francés, en el que las medidas gubernamentales han recibido una respuesta social contundente, con huelgas sectoriales y generales en el marco de un plan de movilización continuada. A pesar de no haber evitado que se haya retrasado la edad de jubilación hasta los 62 años, parece evidente que el Gobierno francés se lo va a pensar dos veces antes de proponer nuevos recortes, porque sabe que el pueblo va a responder.

Pero además, envidiamos especialmente la situación de Ipar Euskal Herria, donde los sindicatos de ámbito estatal se movilizan y los sindicatos abertzales comparten con ellos fechas y convocatorias, cada cual con sus matices. Y además disponen de un movimiento social activo y plural como Oldartu, que fomenta la respuesta social de manera continuada.

Por todo ello consideramos que tanto los organismos sociales y políticos como el conjunto de la sociedad debemos implicarnos en buscar una respuesta unitaria y continuada a los recortes sociales. Participar en la Huelga General del 27 de enero es un paso necesario para avanzar en esa dirección.

(*) También firman este artículo Diego Calvo (Antikapitalistak), Mikel Zurbano (Aralar), Ana Etxarte (Alternatiba), Mikel Isasi y Josu Perea (Gorripidea ildoa-Zutik), y Joxean Cuesta y Vicente Silva (Ezker Batua-Berdeak)