Zapatero sustituye la prestación a los parados por ayudas a las empresas
Las empresas se verán beneficiadas con reducciones de hasta el 100% de las cuotas que pagan a la Seguridad Social, en el caso de las pymes, y del 75% las más grandes, si contratan a trabajadores a tiempo parcial. Se trata de una medida que el Gobierno español ha adoptado en sustitución de la ayuda de 426 euros que recibían los parados de larga duración. El ministro de Trabajo argumenta que lo que se busca es «animar» a las empresas a contratar a trabajadores.
GARA
El Gobierno español ha decidido eliminar las ayudas de 426 euros que recibían los parados de larga duración, que no cobraban ninguna otra prestación y, a cambio, ayudará a las empresas reduciendo las cuotas que pagan a la Seguridad Social si realizan contratos de trabajo a tiempo parcial con el 50% de la jornada habitual.
Según argumentó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, tras la Conferencia Sectorial con representantes de las comunidades autónomas, este plan «anima» a las empresas a crear trabajo y va dirigido especialmente a jóvenes y a parados de larga duración.
En términos puramente económicos, sin embargo, se trata de transferir un dinero público que hasta ahora iba destinado a los parados sin recursos a las empresas que se verán beneficiadas por estas deducciones. Unas empresas que, a su vez, se van a ver «animadas» a despedir a sus trabajadores eventuales para contratar a otros en las mismas condiciones y recibir al tiempo bonificaciones fiscales.
Según detalló el ministro, las empresas podrán reducir sus cuotas durante el primer año de vigencia de dicho contrato. La reducción será del 100% si el contrato es de pymes o del 75% en el caso de que la empresa tenga un plantilla superior a los 250 trabajadores.
Condiciones a los parados
Además de este programa «excepcional» de empleo, el «plan de choque» establece acciones de recualificación profesional para aquellos que hayan agotado su prestación por desempleo en sectores con «potencial de crecimiento», como el turismo, la atención social o las energías renovables. Las personas que participen en estas acciones formativas y que tengan menores rentas recibirán una ayuda «de acompañamiento» de 350 euros mensuales hasta un periodo máximo de seis meses.
Esta ayuda, en todo caso, estará sometida a estrictas condiciones. Quienes la reciban deberán haber agotado la prestación por paro a partir del 16 de febrero y no tener rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Asimismo, la ayuda «estará en función de las disponibilidades económicas».
En cuanto a su financiación, será por la reordenación del programa de las bonificaciones y los programas de políticas activas de empleo y el adelanto del Fondo Social Europeo. Este programa durará 6 meses y será para menores de 30 años y personas en paro de larga duración, inscritas en las oficinas de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a su contratación. El contrato a tiempo parcial podrá ser indefinido o temporal de al menos seis meses de duración y deberá tener una jornada del 50 % de la habitual.
El Gobierno de Lakua, tras ahorrar en 2010 cien millones de euros en la masa salarial de los empleados públicos, este año les rebajará el sueldo entre el 0,48% y el 4,50%, en función del nivel. Los efectos de la minoración salarial se reflejarán en la nómina desde el primer mes del ejercicio.
El Gobierno español entrará como accionista en el capital de las cajas de ahorros y de los bancos que incumplan los nuevos requisitos mínimos de capital que se impondrán estas entidades, que tendrán de plazo hasta setiembre para lograr en el mercado los fondos necesarios. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, dijo ayer, en declaraciones recogidas por Efe, que las nuevas exigencias buscan eliminar «cualquier duda que pudiera haber sobre la solidez del sistema financiero español».
La titular de economía declaró también que la necesidad de capitalización de las cajas no superará los 20.000 millones y que el decreto que articulará estas medidas se aprobará en febrero.
El Ejecutivo obligará a las entidades financieras a tener un mínimo de capital básico del 8 % de los activos ponderados por riesgo, que será superior para las entidades que no cotizan y que no tienen una presencia significativa de inversores privados, como ocurre en las cajas de ahorro. Así, el Gabinete de Zapatero adelantará para las entidades financieras españolas los requisitos de capital que establece la nueva normativa bancaria Basilea III, de obligado cumplimiento en 2013. GARA
