La propuesta fue acordada cuatro horas antes de que concluyera el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado español. Según el PP, el texto de la enmienda es «totalmente» diferente a lo que contenía la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, conocida como «Ley Sinde», rechazada en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre. «Se trata de un cambio profundo» en la regulación de la anterior norma antidescargas, añadieron las mismas fuentes.

La enmienda, a la que tuvo acceso Efe, ratifica la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura español, para ejercer funciones de mediación y arbitraje, y examinar las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

Se añade que todo requerimiento de cierre de una web a dicha comisión «exigirá la previa autorización judicial», que deberá ser aceptada o rechazada por el juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal.

Una vez obtenida la autorización, las páginas web «estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación».

La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos pero, antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que «en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores» o realizar las alegaciones que considere oportunas.

Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución.

En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes. La falta de resolución en los plazos determinados «tendrá efectos desestimatorios de la solicitud», añade el texto.

Durante todo el día de ayer, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP negociaron el acuerdo que ya por la mañana, en opinión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, era posible siempre que el PSOE introdujera garantías judiciales en la aplicación de las normas contra la piratería en internet.

El Senado español acordó el pasado martes ampliar hasta ayer el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Economía Sostenible, que contenía en una disposición final medidas para combatir la piratería en internet.

«Pagafantas» de la banda ancha

El director de cine vasco Borja Cobeaga ha afirmado hoy que existe un debate entre los internautas y los creadores sobre la «Ley Sinde» que es «muy artificial», ya que las que tendrían que hablar son las teleoperadoras, que son las que cobran, pero se callan y se benefician.

El cineasta apuntó que no entiende que «alguien defienda bajar películas gratis cuando está pagando un dineral, un 25 por ciento más alto que la media europea, por el precio de la banda ancha».

«Es increíble que seamos líderes justo en eso, en el precio de la banda ancha. Somos los `pagafantas', ya que les estamos pagando las fantas a Telefónica de una manera descomunal», recalcó el cineasta.