El juez Pablo Ruz, que investiga el supuesto «chivatazo» que hubiera alertado a ETA sobre una operación policial en 2006, ordenó nuevas diligencias, entre las que pide a la Policía más datos sobre la cadena de custodia de la cinta que grabó en el bar Faisán en Irun. Así lo acordó el magistrado de la Audiencia Nacional española en un auto dictado ayer en el que transforma las diligencias previas en sumario, ya que la pena que podrían conllevar los delitos que se investigan, «revelación de secreto» -castigado con 3 años de cárcel- y «colaboración con organización terrorista» -penado con 10 años de prisión- superan el límite legal establecido en 9 años para que sea procedimiento abreviado.

Para el juez, el hecho de incoar sumario no significa que existan los delitos mencionados, sino que hay que analizar los indicios. El juez considera que las declaraciones recogidas hasta ahora «no han sido lo suficientemente concluyentes sobre el sistema de grabación», y por ello pide a la Policía un informe sobre la existencia de grabaciones que cubran la salida del bar «del individuo que establece contacto con Joseba Elosua», dueño del establecimiento e imputado en la causa sobre la «red de extorsión» de ETA.