Tres jóvenes de Bilbo están citados en el tribunal especial español este viernes. Serán juzgados en Madrid acusados de haber realizado pintadas en el tranvía de la capital vizcaina contra el proyecto de Tren de Alta Velocidad (TAV) y la Fiscalía pide para cada uno de ellos tres años de cárcel, nueve de inhabilitación absoluta y 24 meses de multa. Además, una empresa de telefonía les reclama una indemnización de 4.000 euros por cubrir de pintura su publicidad.

La plataforma AHT Gelditu! Elkarlana llamó la atención ayer sobre este juicio, el primero que se celebra en la Audiencia Nacional contra opositores al TAV, con una petición fiscal que juzgan «desorbitada», atendiendo a los hechos de los que se acusa a los tres jóvenes bilbainos. Los representantes de la plataforma destacaron, asimismo, la falta de rigor de la propia acusación, ya que, tal como explicaron, las tres personas imputadas «fueron identificadas por la Ertzaintza, escasos minutos después de la realización de la pintada, a más de un kilómetro del lugar de los hechos, lo que denota que, de no haber tenido alas, sería imposible su presencia en los dos lugares simultáneamente».

Resaltaron también que este caso fue dirigido en primera instancia a la Audiencia Provincial de Bizkaia, tribunal que se inhibió y lo cursó a la Audiencia Nacional, lo que interpretan como «un salto cualitativo en la intención represora».

A juicio de la iniciativa popular contraria al macroproyecto ferroviario, este juicio es una muestra más del «goteo represivo contra opositores del TAV», una realidad que, según denuncian, «sigue inexorablemente» con el propósito de criminalizar la oposición, «tergiversando y desviando el verdadero debate sobre el TAV».

Circular interna de la Ertzaintza

De hecho, desde AHT Gelditu! Elkarlana resaltaron que la oposición a este proyecto ha sido constantemente criminalizada y, «como muestra», citaron una circular interna de la Ertzaintza en la que «se insta a sus agentes a detener a participantes en acciones pacíficas acusándoles de delitos de terrorismo y mandarles a la Audiencia Nacional». «Prácticamente no ha habido marcha montañera o manifestación en que no se hayan realizado identificaciones y cacheos en controles instalados al efecto por las diferentes policías», comenta la iniciativa ciudadana, al tiempo que recuerda los «casos de persecuciones y seguimientos obsesivos a determinadas personas» o los «incontables casos» de opositores «detenidos, golpeados, humillados y con acusaciones de muchos años de cárcel».

La plataforma sostiene que la judicialización y criminalización de las protestas contra el TAV pretenden esconder la realidad que hay detrás de «esta faraónica infraestructura, como la destrucción de territorios y desvío de miles de millones públicos a los bolsillos de constructoras y bancos, mientras las inversiones sociales -en enseñanza, sanidad o pensiones- se ven drásticamente recortadas, todo ello para financiar un modelo de transporte elitista y despilfarrador».

En ese contexto «fuertemente represivo» que amenaza cualquier tipo de acción de denuncia o rechazo al TAV, la plataforma anunció que se ha creado un colectivo de «represaliados por el TAV» con el objetivo de aunar todas las personas afectadas por ese tipo de medidas, para «mostrar su solidaridad con todas y cada una de las que han sido o van a ser juzgadas» y para «denunciar ante la opinión pública la represión con la que se está llevando este proyecto».

La primera tarea de este colectivo, al que han denominado «K-AHT-EAK Txikitu» consistirá, según precisaron, en la elaboración de un dossier que recogerá todos los hechos represivos que rodean la oposición al tren de alta velocidad.