En tiempo de descuento para las próximas elecciones, un juez de la Audiencia Nacional ha reactivado el llamado «Caso Faisán» y a la prensa de la derecha española se le han afilado los colmillos y las garras.

Ayer «La Razón», «Abc» y «El Mundo» dedicaban sendos editoriales al asunto. Para pedir cabezas del PSOE, claro.

El editorialista de «La Razón» lo tenía muy claro a la hora de pasar factura: «La gravedad de los hechos exige un esclarecimiento total. Si hubo chivatazo a ETA, no puede haber impunidad y la Justicia debe actuar hasta las últimas consecuencias. No pretendemos prejuzgar nada, pero hablamos de actos que comportan delitos muy graves. El Gobierno pretendió darle carpetazo desde el primer día. No lo logró. Es un alivio que un magistrado sea capaz de buscar la verdad sin reparar en ninguna otra circunstancia que no sea hacer justicia». De lo que se trata, en realidad, es castigar a quienes negociaron. Ya lo verán.

Lo dice de forma más explícita el editorial de «El Mundo»: «No es aventurado señalar que de seguir Garzón con este asunto en sus manos, a estas alturas estaría ya archivado o seguiría muerto en un cajón. Pero las diligencias ordenadas por el juez Ruz muestran un afán encomiable de proseguir una investigación torpedeada desde el propio Ministerio de Interior, como ya denunció en un auto Grande-Marlaska, el primer instructor del caso. Todo apunta no sólo a la implicación en el chivatazo de altos cargos de la Policía sino además a responsabilidades en la cúpula de Interior y del propio PSE, con Jesús Eguiguren a la cabeza, que querían salvar la negociación con ETA aun a costa de boicotear una importante operación policial planeada desde hacía meses. En cualquier caso, las nuevas diligencias ordenadas por Ruz hacen concebir la razonable esperanza de que los autores y mentores del chivatazo tendrán que pagar algún día por su repugnante conducta».

Ya le han puesto nombre a la cabeza de turco.

Y también en «Abc»: «Al margen de cualquier oportunismo político, así debe funcionar el Estado, porque la posible implicación de altos cargos de Interior debe ser aclarada sin sombra de dudas». Cuando se trata de torturas, no son tan firmes.