La nueva reforma de las pensiones en el Estado español supone la mayor agresión social de los últimos cien años y echa por tierra la lucha obrera por dignificar las condiciones laborales, sociales y económicas que se desarrollaron el siglo pasado. El siglo XXI arranca de la mano del neoliberalismo más feroz y bajo la sumisión del poder político a sus intereses. El Estado español va más allá porque las centrales sindicales CCOO y UGT han aceptado la reforma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que supone un paso muy grande en el desmantelamiento del modelo de protección social. Se dificulta el acceso a las pensiones futuras, que se reducirán, para beneficiar precisamente el negocio del sistema financiero.

Aceptar los términos de la negociación que ha impuesto el Gobierno español, dirigido por el sistema financiero, supone dar por válidas las premisas de que el sistema de pensiones está en crisis. La realidad demuestra que no es así. La Seguridad Social obtuvo el año pasado, en un año de fuerte crisis, un superávit económico de 2.380 millones, con lo que desde 2004 han entrado unos excedentes valorados en 74.000 millones, una cantidad importante. En este sentido, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se encuentra en el entorno de los 66.000 millones.

Esta situación no ocurre en el resto de Europa, como así lo constató el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, «Txiki», en la intervención en Bilbo en la jornada de huelga general del pasado 27 de enero: «se podrá ganar o perder las luchas, pero ningún sindicato europeo ha dado cobertura a unos recortes de estas dimensiones». Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, recordó en ese mismo escenario a CCOO y UGT que firmar esa reforma, «la más antisocial», es «pasar a la historia como el gran traidor de los trabajadores que estamos siendo machacados en esta crisis».

13.505 días de cotización

En una comunicación interna de CCOO del pasado 12 de enero a la que ha tenido acceso GARA se reconoce que la central sindical no está dispuesta a traspasar las «líneas rojas» que el Gobierno español puso encima de la mesa de negociación al elevar a 67 años la edad de jubilación y a 41 años la cotización para alcanzar el 100% de la pensión a los 65 años. Afirma que «en caso de desacuerdo» mantenían la convocatoria de huelga general. Sin embargo, todas las líneas rojas se han traspasado y CCOO y UGT han avalado al Gobierno en su empeño de reducir las pensiones y empeorar las condiciones de acceso a las mismas. Una situación que provocará el empobrecimiento de la población.

Con la reforma prevista se imposibilitará que haya un acceso al empleo más fluido. Porque el Gobierno español, CCOO y UGT han pactado que los trabajadores estén, al menos, dos años más en el trabajo, hasta los 67 años, lo que no se produce en la mayoría de países de la UE, pese a los intentos del sistema capitalista.

Además, para alcanzar el 100% de la pensión a los 67 años será necesario tener cotizados 13.505 días, es decir 37 años o 14.052 días cotizados, es decir 38,5 años, para poder jubilarte a los 65 años. Sin embargo, es imposible que determinados colectivos puedan reunir esas carreras de cotización. Para jubilarse a los 65 años, se necesitaría haber estado cotizando sin interrupción desde los 26,5 años y desde los 30 años, si se quiere llegar a la pensión completa, tras los 67 años. Fidel Ferreras, miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social y colaborador del Instituto Max Planck-Múnich, explica en un trabajo amplio sobre «Cambio demográfico y pensiones de la Seguridad Social» que la media de los años de cotización en 2007 fue de 35,7 años, justo antes de la crisis. Este hecho supone, como indicaba Carlos Sánchez en «El Confindencial», «dos años más de cotización y cobrar una pensión dos años menos».

La realidad muestra que habrá amplios colectivos, sobre todo jóvenes y mujeres, que les será imposible llegar al 100% de la pensión. Por ejemplo, quien tenga un contrato de trabajo parcial de veinte horas a la semana necesitaría cotizar 43,75 años para alcanzar los 13.505 días que te dan derecho a la pensión completa a los 67 años. En esta circunstancia se encuentran muchas trabajadoras. Según los datos a setiembre de 2010 de Lanbide, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa mantenían contratos temporales a tiempo parcial 59.529 personas, de ellas el 70% fueron mujeres que, junto a los jóvenes, serán las más perjudicadas con la reforma.

53 días y 82 días cotizados

Otro ejemplo claro es la precariedad laboral tan elevada que existe, porque los contratos firmados en el tercer trimestre de 2010, según Lanbide, tuvieron una duración media de 53 días cotizados y en 2008 esa media se estableció en 82 días cotizados de entre las 310.000 personas contratadas. Para conseguir esa pensión completa necesitarían 164 años. Por lo tanto, un elemento que no figura en la reforma de pensiones es la necesidad de que el empleo sea de calidad porque, de lo contrario, es imposible alcanzar esas carreras tan largas, sabiendo que desde la propia Administración pública se reconoce que la rotación laboral será más frecuente.

La reforma permite que los trabajadores se jubilen a partir de los 61 años en situaciones de crisis, siempre que los trabajadores hayan cotizado al menos 34 años y seis meses. Pero la edad de jubilación se eleva a los 63 años, con un coeficiente reductor de entre el 6% y el 8%, «siempre que se acredite un mínimo de cotización de 35 años». En la actualidad, los trabajadores abandonan a los 63,1 años, con lo que si se hubiera decidido que se cumpliera con la legislación anterior de jubilarse a los 65 años, no hubiera hecho falta esa medida. Sin embargo, se ha modificado con el propósito de reducir las pensiones a los trabajadores con menos recursos y, por otro lado, elevar la edad en que salen del puesto de trabajo.

Otro elemento muy preocupante es el paso de 15 a 25 años del número de años para el cálculo de la pensión de jubilación. Se aplicará de forma gradual, pero ese extremo llevará a que los trabajadores pierdan entre un 20% y un 30% en sus ingresos.

La situación se hace muy complicada para la sociedad porque todas estas medidas, aunque llevan el apelativo de gradual, suponen una detracción de cantidades de las pensiones que, por otra parte, en el Estado español son, al menos, un 35% inferiores a la media de los países de la Eurozona. Hay que tener en cuenta, además, que el 71% de las pensiones en Hego Euskal Herria se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, la nueva reforma profundizará en ese grave problema. Se mantienen los 15 años para tener derecho a la pensión mínima. Sin embargo, en este caso también se ha colado un coeficiente reductor, dado que antes de 1997 la pensión mínima era del 60%, a partir de esa fecha se redujo al 50% y en la actualidad, según el Pacto de Toledo, se homogeneiza el sistema, lo que supondrá, en realidad, que se reducirá al 42% la pensión mínima al modificar las escalas del 50% restante de la pensión mínima.