En el momento en que diversos sectores de la izquierda vasca se perfilan y elaboran los programas municipales es vital vehiculizar un debate sobre la crisis económica y nuestra nueva realidad social. Frente a la crisis económica, financiera, social, energética, alimentaria, ecológica, y de civilización que sufrimos en nuestros días, se trata de recuperar y potenciar nuestro desarrollo comunitario en espacios locales que nos permitan solventar las necesidades básicas y recuperar nuestro poder, cultura, biodiversidad y democracia social.

El objetivo fundamental de una política municipal en un momento en que la crisis económico-social atiza a sectores crecientes de la población, debiera ser, a nuestro juicio, la defensa de los sectores mas desfavorecidos. Junto a ello habría que considerar otras tres orientaciones básicas: impulsar una estructura social más socializada, construir una forma de vida más conectada con lo comunitario y la defensa frente al fin del petróleo y el cambio climático.

El primer principio consistirá en fortalecer la propiedad municipal. Esta es la plasmación moderna de la antigua propiedad comunitaria que los vascos tuvimos durante milenios y hasta épocas recientes con el Derecho Pirenaico. Ello tiene grandes consecuencias en ámbitos como la vivienda. Municipios como Viena son propietarias del 40% de las viviendas existentes y ello permite a sus ciudadanos/as obtener una vivienda municipal de alquiler sin los grandes precios, sudores, hipotecas y angustias de nuestra tierra.

El segundo principio consiste en implantar una política regida por el principio de la prioridad social. Dicho de otra manera, la situación actual exige una política en que el objetivo privilegiado de los presupuestos sea atender las necesidades y servicios sociales fundamentales de cada municipio concreto. Una ver atendida la prioridad social, el presupuesto se adaptará al cumplimiento de los gastos corrientes y otros derivados de la gestión municipal. Ello conlleva a que diversas inversiones, gastos corrientes y proyectos urbanísticos, queden subordinados a esta orientación social.

El tercer principio exige considerar la nueva situación creada con la crisis actual, planteando la realización en cada municipio de un plan de emergencia social, ecológico, alimentario y cultural. Se trata de responder a la deuda contraída con los sectores socialmente desfavorecidos de nuestra comunidad, reducir la huella de carbono, contribuir a la soberanía alimentaria, potenciar nuestra lengua y cultura propia y recuperar nuestra biodiversidad. En el terreno económico social mentaremos al menos dos orientaciones primordiales.

En primer lugar, se trata de encaminar las decisiones económico-sociales hacia la producción de bienes colectivos. Consideramos así la producción de bienes y servicios sociales, ecológicos y culturales (lagos, parques públicos, gimnasios, casas de cultura, mediatecas, ludotecas, lugares de ocio, etc.) gestionados por el sector público y en las que se pueda utilizar su usufructo gratuito por los ciudadanos/as en función de sus necesidades. Mentaremos también la opción por una estructura sanitaria y educativa público-comunitaria (planteada en la misma lógica) al servicio de la comunidad donde está insertada. Comentaremos en tercer lugar el recurso al transporte colectivo; imponiendo normas que reduzcan y/o eliminen el transporte privado. La cuarta aplicación consiste en impulsar la producción de bienes con usufructo colectivo. Ello tiene una gran aplicación en los diferentes barrios de los centros urbanos: centros de lavadoras, ascensores públicos, viviendas públicas para jóvenes, etc.

En segundo lugar se trata de integrar el anterior apartado en la cristalización creciente de formas socializadas de salario, y accesibles, por su carácter universal, a todos los/las residentes en el municipio. Se trata de extender esta lógica ya introducida con la producción de bienes colectivos a ámbitos de la vida ciudadana como el deporte, la cultura, la energía, la euskaldunización , la vivienda, el agua y los servicios básicos, Las tarifas sociales (las reales y no los descuentos) suponen un paso intermedio en este sentido. Y uno de los grandes objetivos es asegurar el pago de la seguridad social a todos los residentes en la comunidad. Dicho de otra manera, la asistencia social debe de ser gratuita y universal y el derecho a una pensión digna, tal como lo han defendido parte de los trabajadores movilizados recientemente en el estado francés, no debe excluir en la tercera edad a aquellas personas que ya han sido excluidas en el mercado laboral durante su vida activa.

El cuarto principio es el de la huella ecológica y el de la sostenibilidad. Abordaremos aquí tres cuestiones fundamentales.

Primero, la apuesta por la soberanía alimentaria en la producción de los alimentos. Planificando el desarrollo de redes que articulen la recuperación de la función ecológico-productiva de los diferentes caseríos y explotaciones tradicionales. Asegurando progresivamente la autosuficiencia alimentaria de los diferentes municipios y comarcas.

Segundo, el desarrollo de formas desmonetizadas de consumo, asentadas en las relaciones humanas, en el desarrollo de la individualidad de las personas, y en la priorización de formas colectivas de demanda y usufructo de los bienes (como complemento al diseño socio-productivo aquí planteado).

Tercero la opción por el desarrollo de la producción cognitiva, propio de una sociedad postindustrial. Como es sabido, el ejercicio de la producción cognitiva exige implantar sistemas de estructuras democráticas y «salario social» que garanticen el desarrollo intelectual de la comunidad y/o colectivo social.

El quinto principio es el de la Autoorganización Popular. Se trata de superar las inercias históricas en la gestión municipal configurando un sistema social de participación popular.

En su trabajo sobre «Democracia y participación», Marta Harnecker diferencia los gobiernos autoritarios de la derecha, los gobiernos populistas y los gobiernos de participación popular. Según esta autora los gobiernos autoritarios de la derecha tienen un estilo verticalista, benefician a los que tienen mayor poder adquisitivo y buscan perdurar en la memoria de la ciudad con grandes obras urbanísticas. Los gobiernos populistas se caracterizan en cambio por poner en práctica políticas de beneficio popular. Ellos gobiernan para el pueblo pero no gobiernan con el pueblo, y por eso su estilo de administración es similar a los gobiernos autoritarios de derecha.

Los gobiernos de participación popular se orientan a su vez por el lema de que los infelices deben ser los privilegiados y tratan de buscar prioritariamente soluciones para los que siempre fueron humillados y estuvieron desamparados. Se trata de pagar una deuda social con los sectores más desvalidos, sin por ello abandonar la atención de los sectores que siempre fueron atendidos. Según esta autora, a diferencia del dirigente populista, el líder revolucionario busca que el pueblo crezca, se organice, vaya prescindiendo cada vez más de su liderazgo y se vaya transformando en protagonista de la historia.

Esta última expresión resume el sentido más profundo de la participación. Se trata de un proceso, asentado en el protagonismo de los afectados y en la participación, en el que los afectados deciden y los aciertos y errores ayudan al desarrollo del sujeto. Se trata de un proceso en el que los trabajadores, las trabajadoras, los parados, los excluidos, y en general, todos los ciudadanos interesados en hacerlo, van consolidando un nuevo sujeto para la transformación política y social.

El que cubre nuestras deficiencias en las últimas tres décadas. Ese que nosotros necesitamos «sine qua non» para nuestro proceso de liberación.