Un tribunal de apelación belga emitió el viernes un fallo favorable a los francófonos de un municipio flamenco de la periferia de Bruselas al estimar que no deben reclamar una y otra vez la traducción al francés de los documentos administrativos en flamenco, cuestión central del conflicto lingüístico entre las dos comunidades. El Gobierno de Flandes recurrirá el fallo.

Desde los años 90, los francófonos que residen en seis municipios situados en Flandes pero pegados a Bruselas debían presentar una solicitud cada vez que querían una traducción al francés de los documentos que las autoridades les remitían en flamenco.

Los francófonos siempre han cuestionado esta norma, fijada por el Gobierno de Flandes. Ellos consideran que supone un obstáculo a la garantía de los derechos de quienes viven en esos seis municipios con un estatuto lingüístico especial.

Un residente francófono de unas de esas comunidades se negó en 2004 a pagar un impuesto que se le reclamó únicamente en flamenco.

En un fallo dictado el lunes, pero difundido el viernes, el Tribunal de Apelación de Mons, situado en la Valonia francófona, le da la razón.

Los jueces califican de «comentarios legislativos (...) sin valor reglamentario» las circulares del Gobierno de Flandes que obligan a los francófonos a solicitar sistemática- mente la traducción mientras que antes podían hacerlo una sola vez para todos los casos.

El Ejecutivo flamenco, «al amparo de una interpretación restrictiva, eleva a rango de ley» la exigencia de un respeto a la formalidad «que esta no prevé», dice el Tribunal.

Las autoridades flamencas apoyan la medida en una decisión de una cámara flamencófona del Consejo de Estado, que validó esa norma.

Los derechos lingüísticos de los cerca de 100.000 francófonos que viven en los municipios flamencos de Bruselas -integrados en el distrito electoral Bruselas-Halle-Vilvoorde- es una de las cuestiones principales del bloqueo de la formación de un nuevo Gobierno en Bélgica desde las elecciones de junio de 2010.