La sentencia emitida por la jueza de Lizarra desestima íntegramente la demanda que interpuso el Arzobispado de Iruñea contra el Concejo de Garisoain por la propiedad de la citada ermita, y le condena al pago de las costas procesales.

A lo largo de 18 folios, la magistrada analiza y desmonta los argumentos esgrimidos por el Arzobispado para apropiarse de este pequeño templo, donde solo se oficia una misa cada año.

Precisamente uno de los argumentos esgrimidos en el juicio por la jerarquía de la Iglesia católica fue que «de manera continuada, y desde tiempo inmemorial, la ha usado, poseído, disfrutado y dedicado al culto católico».

Sin embargo, la jueza considera que esta tesis «adolece de un claro error de base», y en concreto que «no puede compartirse la existencia de una presunción de tal tipo, que carece de apoyatura legal alguna y que, además, contraviene la historia y la lógica de las cosas».

«Son abundantísimos -añade- los supuestos que pueden encontrarse, en los que entidades o personas distintas del propio estamento eclesial encargaban la construcción de ermitas o iglesias u otros lugares destinados al culto, quedando los mismos bajo su propiedad».

Junto a ello, constata que «los creyentes de todos los tiempos han consagrado a Nuestro Señor construcciones de todo tipo, sin que de ello pueda derivarse que los mismos son propiedad de la Iglesia como institución».

En definitiva, la magistrada entiende que «la histórica cooperación entre los dos poderes -político y secular- no puede llevar al error de entender que la gestión y participación de los clérigos en iglesias, ermitas y similares en todos los casos ha supuesto la realización de actos a título de dueño, porque en muchos supuestos se trataba del goce de un beneficio eclesial, esto es, de actos propios del desempeño de su oficio».

«Datos trascendentales»

Otro argumento expuesto por la diócesis de Iruñea fue que esta ermita no fue objeto de la desamortización de Pascual Madoz, por lo que «nunca pasó a formar parte del Estado».

Frente a ello, la sentencia recoge que «se ignoran datos tan, a priori, trascendentales, como quién encargó su construcción, quién la pagó, si han existido transmisiones a lo largo del tiempo, quién ha venido encargando y/o abonando las reparaciones y otras tantas cuestiones similares».

Además, considera probado que del cuidado y ornato de la ermita se ha encargado el pueblo, y que los gastos de la ermita eran sufragados por los fieles. En concreto, y tal como se evidenció en la vista oral, constata que una cofradía de feligreses de Garisoain se ha venido encargando «del sostenimiento, conservación y gestión» de la ermita, que esta cofradía no tiene personalidad jurídica y que existen discrepancias entre sus propios miembros sobre si lo hacían «a favor del Arzobispado o a favor del pueblo».

La sentencia también da gran importancia a la posesión de las llaves de la ermita, y señala que el propio párroco de Garisoain ni las ha tenido ni ha dado su consentimiento para realizar obras en la misma. Incluso, el Arzobispado llegó a prestar dinero a los miembros de la cofradía para arreglar las campanas, dinero que tuvieron que devolver con intereses. «No hay mayor prueba de dominio que la tenencia de las llaves», afirma.

En definitiva, la sentencia deja claro que el Arzobispado no ha presentado «prueba alguna» de que es propietario de la ermita de Nuestra Señora del Pilar.