Adolfo Muñoz (ELA), Ainhoa Etxaide (LAB), Belén Arrondo (STEE-EILAS), Eneritz Otamendi (EHNE) y Esteban Muruamendiaraz (Hiru) valoraron de forma positiva la reciente huelga general en Hego Euskal Herria y advirtieron de que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno español, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme son «un saqueo» y suponen «el mayor ataque de los últimos 35 años a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y la sociedad».

El Ejecutivo escenificará hoy en La Moncloa la firma de ese acuerdo, que se tramitará como un proyecto de ley en el Congreso y Senado españoles. Pero la mayoría sindical vasca dejó claro en Bilbo que la rúbrica se hará «de espaldas a los trabajadores y a la sociedad vasca», por lo que exigieron a los parlamentarios vascos que ocupan un escaño en Madrid que «no avalen esa reforma, porque la sociedad vasca les hizo un mandato el pasado 27 de enero para no firmar esa agresión contra los derechos sociales» que traerá más pobreza para miles de ciudadanos y peores condiciones de trabajo.

Porque, a juicio de la mayoría sindical, ese recorte de las pensiones beneficia sólo al sistema financiero privado que «busca ese enorme negocio que con un sistema público no obtiene» y, por otro lado, apoyará a los empresarios que, a partir de los acuerdos incorporados al pacto social, no pagarán cotizaciones sociales por la contratación de trabajadores. Una medida similar se produjo hace tres años con el intento de los mismos protagonistas del pacto de reducir la temporalidad de los contratos. Sin embargo, no se logró; todo lo contrario, aunque las arcas públicas inyectaron más de 4.500 millones a los empresarios para contratar en precario.

De hecho, así lo indica el «Acuerdo Social y Económico», como se denomina el pacto al que han llegado el Ejecutivo de Zapatero, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y que se firmará hoy en La Moncloa. En ese texto se reconoce, entre otras muchas razones, que «la reforma de la sostenibilidad del sistema pasará además por reforzar su universalidad a través de los sistemas complementarios, desarrollados en los países de nuestro entorno con mucha más intensidad. Los interlocutores sociales y el Gobierno asumen la importancia de incentivarlos en mayor medida y mejorar los marcos que los regulan».

Belén Arrondo recordó que Hego Euskal Herria se pronunció en contra de los recortes sociales que fija el pacto de Madrid. «Es vergonzoso el acuerdo al que han llegado Gobierno español y patronal, pero que esté avalado por CCOO y UGT es mayor vergüenza, porque supone la mayor agresión contra los trabajadores y los derechos que a lo largo de la historia han ido consiguiendo mediante la lucha». Por eso, indicó a los políticos que «la sociedad vasca les ha dicho que no avalen y acompañen al Gobierno español en la destrucción de esos derechos».

Advirtió de que este paquete de medidas no será el último, por lo que insistió en que «la vía para cambiar ese modelo económico y social es la movilización». Una apuesta que la mayoría sindical vasca trabaja desde la primera huelga general convocada el 21 de mayo de 2009. Entonces alertó de que, si no se cambiaba el rumbo de las políticas economías y sociales, llegarían los recortes, como así está sucediendo.

Beneficio privado

Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, recordó, tras confirmarse el pacto social en Madrid, que se empeora el sistema público de las pensiones con el único objetivo de «que beneficie al sistema privado». De esa manera, adelantó que ocurrirá que en el sistema público «habrá menos trabajadores y menos prestaciones» porque el modelo firmado en Madrid por el Gobierno español, CCOO, UGT y las patronales «llevará a la pobreza a más pensionistas. El 70% de las pensiones en Hego Euskal Herria están por debajo del umbral de la pobreza, pero con esta reforma castigará más a los trabajadores más desprotegidos porque ni garantiza los derechos ni permite generar nuevos derechos».

A su juicio, se profundiza en «un sistema injusto en la que pierden los trabajadores, porque el sector público se adelgaza». Etxaide aseguró que CCOO y UGT «no sólo avalan esta reforma», sino que «garantizan el recorte social y supone una cobertura a la política del Gobierno del PSOE en todos sus recortes que está aplicando a conse- cuencia de la crisis que no hemos generado ni los trabajadores ni los pensionistas». Acusó a ambas centrales de actuar de esa manera a cambio de «cuantiosas subvenciones».

Adolfo Muñoz, Txiki, destacó que las reformas y recortes en materia social y laboral suponen «un saqueo» y un «ataque a los derechos sociales y laborales de los trabajadores, reforma tras reforma, en la que somos los trabajadores los que salimos perjudicados, a pesar de no haber sido los culpables de la crisis». Culpó al Gobierno español de estar «al servicio y al dictado del poder del capital y las grandes empresas» y lamentó que CCOO y UGT «renuncian a la defensa de su gente del mundo del trabajo».

También criticó a esos sindicatos porque «nos dicen que no se compare con lo que había. No es de recibo decir eso, porque es necesaria la comparación».

Txiki Muñoz explicó que la decisión del Gobierno español se encuentra en la reedición de los «pactos de la Moncloa», suscritos en la Transición para dar estabilidad económica y política al país. Pero el secretario general de ELA recordó que «se ha hecho la reforma laboral y los empresarios están pidiendo otra» cuando «se están haciendo los ajustes presupuestarios más duros desde los últimos treinta años».

El secretario general de la central más representativa de Hego Euskal Herria aseguró que «esa agresión contra los trabajadores no termina ahí, porque la patronal ha conseguido que le bajen las cotizaciones sociales».

«Paso muy grave»

Por ello, señaló que se ha dado un paso muy grave, con el apoyo de sindicatos como CCOO y UGT, como es que «se acepta que las pensiones no se paguen con impuestos, aspecto que en la Unión Europea ya se producen en algunos países». A la vez, recordó que «se aceptan las bonificaciones y exenciones de las cuotas a los empresarios y que sean sufragadas por las cotizaciones de los trabajadores. Es decir, nos dicen que no hay recursos para pagar las pensiones y permiten a los empresarios que no coticen».

La mayoría sindical vasca se preguntó «dónde están las líneas rojas» a las que habían aludido CCOO y UGT al comienzo de esta última fase de negociación, porque «se han traspasado todas». En este caso, recordaron que no sólo se ha avanzado en el recorte de las pensiones, sino que con la reforma de la negociación colectiva, que se incluye en el paquete, se apela a la «obsesión» que CCOO y UGT tienen «por el monopolio» y la patronal, «por empobrecer los salarios», según dijo Muñoz.