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REFORMA DE LAS PENSIONES
La mayoría sindical vasca sitúa en la movilización el camino del cambio
La mayoría sindical vasca, formada por ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, destacó ayer que persistirá en la movilización como único camino hacia el cambio social y económico. Pidió a los parlamentarios vascos que no voten a favor del recorte de pensiones y destacó el éxito de la huelga general. Además, acusó a UGT y CCOO de «amparar las agresiones del PSOE contra los derechos históricos laborales y sociales».
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Juanjo BASTERRA | BILBO
Adolfo Muñoz (ELA), Ainhoa Etxaide (LAB), Belén Arrondo (STEE-EILAS), Eneritz Otamendi (EHNE) y Esteban Muruamendiaraz (Hiru) valoraron de forma positiva la reciente huelga general en Hego Euskal Herria y advirtieron de que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno español, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme son «un saqueo» y suponen «el mayor ataque de los últimos 35 años a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y la sociedad».
El Ejecutivo escenificará hoy en La Moncloa la firma de ese acuerdo, que se tramitará como un proyecto de ley en el Congreso y Senado españoles. Pero la mayoría sindical vasca dejó claro en Bilbo que la rúbrica se hará «de espaldas a los trabajadores y a la sociedad vasca», por lo que exigieron a los parlamentarios vascos que ocupan un escaño en Madrid que «no avalen esa reforma, porque la sociedad vasca les hizo un mandato el pasado 27 de enero para no firmar esa agresión contra los derechos sociales» que traerá más pobreza para miles de ciudadanos y peores condiciones de trabajo.
Porque, a juicio de la mayoría sindical, ese recorte de las pensiones beneficia sólo al sistema financiero privado que «busca ese enorme negocio que con un sistema público no obtiene» y, por otro lado, apoyará a los empresarios que, a partir de los acuerdos incorporados al pacto social, no pagarán cotizaciones sociales por la contratación de trabajadores. Una medida similar se produjo hace tres años con el intento de los mismos protagonistas del pacto de reducir la temporalidad de los contratos. Sin embargo, no se logró; todo lo contrario, aunque las arcas públicas inyectaron más de 4.500 millones a los empresarios para contratar en precario.
De hecho, así lo indica el «Acuerdo Social y Económico», como se denomina el pacto al que han llegado el Ejecutivo de Zapatero, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y que se firmará hoy en La Moncloa. En ese texto se reconoce, entre otras muchas razones, que «la reforma de la sostenibilidad del sistema pasará además por reforzar su universalidad a través de los sistemas complementarios, desarrollados en los países de nuestro entorno con mucha más intensidad. Los interlocutores sociales y el Gobierno asumen la importancia de incentivarlos en mayor medida y mejorar los marcos que los regulan».
Belén Arrondo recordó que Hego Euskal Herria se pronunció en contra de los recortes sociales que fija el pacto de Madrid. «Es vergonzoso el acuerdo al que han llegado Gobierno español y patronal, pero que esté avalado por CCOO y UGT es mayor vergüenza, porque supone la mayor agresión contra los trabajadores y los derechos que a lo largo de la historia han ido consiguiendo mediante la lucha». Por eso, indicó a los políticos que «la sociedad vasca les ha dicho que no avalen y acompañen al Gobierno español en la destrucción de esos derechos».
Advirtió de que este paquete de medidas no será el último, por lo que insistió en que «la vía para cambiar ese modelo económico y social es la movilización». Una apuesta que la mayoría sindical vasca trabaja desde la primera huelga general convocada el 21 de mayo de 2009. Entonces alertó de que, si no se cambiaba el rumbo de las políticas economías y sociales, llegarían los recortes, como así está sucediendo.
Beneficio privado
Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, recordó, tras confirmarse el pacto social en Madrid, que se empeora el sistema público de las pensiones con el único objetivo de «que beneficie al sistema privado». De esa manera, adelantó que ocurrirá que en el sistema público «habrá menos trabajadores y menos prestaciones» porque el modelo firmado en Madrid por el Gobierno español, CCOO, UGT y las patronales «llevará a la pobreza a más pensionistas. El 70% de las pensiones en Hego Euskal Herria están por debajo del umbral de la pobreza, pero con esta reforma castigará más a los trabajadores más desprotegidos porque ni garantiza los derechos ni permite generar nuevos derechos».
A su juicio, se profundiza en «un sistema injusto en la que pierden los trabajadores, porque el sector público se adelgaza». Etxaide aseguró que CCOO y UGT «no sólo avalan esta reforma», sino que «garantizan el recorte social y supone una cobertura a la política del Gobierno del PSOE en todos sus recortes que está aplicando a conse- cuencia de la crisis que no hemos generado ni los trabajadores ni los pensionistas». Acusó a ambas centrales de actuar de esa manera a cambio de «cuantiosas subvenciones».
Adolfo Muñoz, Txiki, destacó que las reformas y recortes en materia social y laboral suponen «un saqueo» y un «ataque a los derechos sociales y laborales de los trabajadores, reforma tras reforma, en la que somos los trabajadores los que salimos perjudicados, a pesar de no haber sido los culpables de la crisis». Culpó al Gobierno español de estar «al servicio y al dictado del poder del capital y las grandes empresas» y lamentó que CCOO y UGT «renuncian a la defensa de su gente del mundo del trabajo».
También criticó a esos sindicatos porque «nos dicen que no se compare con lo que había. No es de recibo decir eso, porque es necesaria la comparación».
Txiki Muñoz explicó que la decisión del Gobierno español se encuentra en la reedición de los «pactos de la Moncloa», suscritos en la Transición para dar estabilidad económica y política al país. Pero el secretario general de ELA recordó que «se ha hecho la reforma laboral y los empresarios están pidiendo otra» cuando «se están haciendo los ajustes presupuestarios más duros desde los últimos treinta años».
El secretario general de la central más representativa de Hego Euskal Herria aseguró que «esa agresión contra los trabajadores no termina ahí, porque la patronal ha conseguido que le bajen las cotizaciones sociales».
«Paso muy grave»
Por ello, señaló que se ha dado un paso muy grave, con el apoyo de sindicatos como CCOO y UGT, como es que «se acepta que las pensiones no se paguen con impuestos, aspecto que en la Unión Europea ya se producen en algunos países». A la vez, recordó que «se aceptan las bonificaciones y exenciones de las cuotas a los empresarios y que sean sufragadas por las cotizaciones de los trabajadores. Es decir, nos dicen que no hay recursos para pagar las pensiones y permiten a los empresarios que no coticen».
La mayoría sindical vasca se preguntó «dónde están las líneas rojas» a las que habían aludido CCOO y UGT al comienzo de esta última fase de negociación, porque «se han traspasado todas». En este caso, recordaron que no sólo se ha avanzado en el recorte de las pensiones, sino que con la reforma de la negociación colectiva, que se incluye en el paquete, se apela a la «obsesión» que CCOO y UGT tienen «por el monopolio» y la patronal, «por empobrecer los salarios», según dijo Muñoz.
Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru se reafirmaron en la presentación de una querella criminal contra el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, por las declaraciones realizadas antes del 27 de enero, en las que imputó a los sindicatos convocantes de la huelga general los delitos que pudieran registrarse.
La reforma de las pensiones provocará más pobreza en la sociedad, y las demás actuaciones previstas por el Gobierno español, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, «pérdidas de derechos laborales y salariales».
Izquierda Unida ha valorado «mucho» las aportaciones de los sindicatos al «acuerdo social» alcanzado y que ha permitido limitar «la ferocidad» de las propuestas del Gobierno español en pensiones, aunque asegura seguir oponiéndose a esta reforma. Días antes, Cayo Lara, su coordinador general, mostró un rechazo claro. GARA
La mayoría sindical vasca denunció que el acuerdo en el que se recortan las pensiones permite que los empresarios se vean favorecidos porque pagarán menos cotizaciones sociales. «Nos dicen que no hay dinero, pero se les perdonan las cuotas».
El Consejo Confederal de CCOO aprobó ayer por «abrumadora mayoría» el acuerdo del pacto económico y social que hoy será rubricado por el Gobierno español, las centrales sindicales y la patronal en un acto oficial en La Moncloa.
Según un comunicado de CCOO, la propuesta de acuerdo global «protegerá a las personas, cambiará el modelo de crecimiento y garantizará la pervivencia del sistema de protección, en el caso de las pensiones». La central que lidera Ignacio Fernández Toxo sólo ve ventajas en los recortes de la reforma como, entre otras cosas, elevar la edad de jubilación a los 67 años y aumentar la edad de prejubilación y de los años para el cálculo de la pensión. Los órganos de dirección de UGT también dieron el visto bueno a los mayores recortes sociales de los últimos 35 años.
Según Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, el acuerdo económico y social que han alcanzado sindicatos, patronal y Gobierno español «permite dar respuestas a una crisis en la que se está conjugando una situación muy grave de estancamiento económico y de aumento del desempleo y la inflación», aunque no explicó por qué deben ser los trabajadores quienes sufran las consecuencias con recortes en materia de pensiones y en materia laboral. La patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) dijo que la reforma de las pensiones constituye un «importante y necesario paso adelante» para garantizar la sostenibilidad del sistema y poder afrontar «los desafíos de la evolución demográfica».
La CEOE destacó que el acuerdo se produjo porque se tuvo «plenamente en cuenta» las propuestas de la patronal ya que, en opinión de los empresarios, «servirá para garantizar la sostenibilidad, equidad y contributividad del sistema». Indicó que «el pacto social y económico transmitirá confianza porque incluye dos reformas estructurales necesarias como son la de pensiones y la de la negociación colectiva». GARA
En una jornada de APD de Donostia, que hoy se repite en Bilbo, el jurista José Ramón Mínguez recordó que la mejor solución al problema de las pensiones es «rebajar los salarios», lo que fue muy aplaudido por un nutrido grupo de empresarios vascos.