El Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo ha admitido a trámite la denuncia por prevaricación contra el alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, y otros dos concejales del PSE y tres del PP en 2006, a los que la izquierda abertzale acusa de adjudicar «a dedo» a personas allegadas viviendas de protección local en La Siebe.

La izquierda abertzale interpuso la denuncia judicial contra los representantes del PSE y PP que conformaban el 15 de setiembre de 2006 el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo. Los imputados son el actual alcalde, Tontxu Rodríguez, y sus compañeros de partido Jesús María González Suances y Ana Belén Quijada, actuales concejales delegados de Urbanismo y Disciplina Urbanística, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, respectivamente. También están implicados la actual portavoz del PP, Amaia Fernández, y los ex ediles Rafael Carriegas y Juan R.A. Nieto de Cossio.

En la denuncia se les acusa de haber adjudicado presuntamente viviendas de protección local a personas allegadas al PSE y a técnicos del Consistorio, al margen de los requisitos establecidos en la ordenanza municipal; es decir, estar apuntados en la lista de solicitantes y someterse a sorteo ante notario. La izquierda abertzale desveló que se entregaron «a dedo» pisos a la hija de González Suances, a uno de los escoltas del delegado de Urbanismo, y a otros dos familiares de trabajadores municipales muy ligados a éste, a otro edil del partido en Durango, así como a otro familiar de un militante del PSE de Barakaldo.

Viviendas de La Siebe

En la reunión de la Comisión de Gobierno del 15 de setiembre de 2006 se acordó calificar 53 pisos de La Siebe como de protección local, aunque, según los impulsores de la denuncia, «ya se manifestaba que parte de estas viviendas quedaban exentas de las obligaciones de listado y sorteo público, porque el promotor las tenía `comprometidas'».

La izquierda abertzale de Barakaldo resalta que la adjudicación de la promoción de La Sieba «se realizó en función de los intereses que quienes la realizaron querían favorecer, con total desprecio a las normas vigentes, habiendo quedado, por tanto, fuera de la adjudicación personas que reunían los requisitos legales, por haberse realizado la adjudicación sin respetar la ordenanza».

Desde la formación independentista se informó ayer de que, una vez admitida a trámite, su denuncia se encuentra en fase de diligencias previas, al objeto de que el juzgado recabe la documentación pertinente. A continuación, se tomará declaración a imputados y testigos.