La frase con la que arranca este artículo fue pronunciada ayer mismo por el catedrático de Derecho constitucional Javier Pérez Royo, destacado jurista que ha seguido muy de cerca tanto los casos de ilegalización como la elaboración de los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale. Entrevistado en el programa «Boulevard» de Radio Euskadi, el profesor sevillano llegó a plantear como una posibilidad razonable que la Fiscalía no encuentre motivo alguno para impugnar la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. Lo hizo porque considera que los estatutos presentados en el Euskalduna contienen «una interpretación de la Constitución y de la Ley de Partidos de una escrupulosidad extraordinaria y jurídicamente son intachables, van mucho allá de lo que es exigible».

Pérez Royo fue tajante al contestar a quienes esgrimen como argumento para la no legalización la siguiente cuestión: «No me fío de sus intenciones ocultas». Su respuesta fue: «Eso jurídicamente es completamente irrelevante». Ante la insistencia de quienes se aferran a la «falta de credibilidad» de la izquierda abertzale -a la que apeló el mismo lunes el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para poner un «pero» a las declaraciones realizadas por Iñigo Iruin y Rufi Etxeberria-, el catedrático añadió que la presentación de una impugnación ante el Tribunal Supremo «no es una decisión política; eso está reglado en la Constitución y en la Ley de Partidos. Nos puede gustar más o menos, pero no tiene nada que ver». Es más, no descartó que ocurra lo contrario: «Si [el Ministerio Fiscal] llega a la conclusión de que la Ley está siendo respetada y cumplida, lo lógico es que dijera al Gobierno `aquí no se puede interponer ningún recurso'».

Si esta hipótesis se cumpliera, sería un hecho tan «novedoso» como para calificarlo de «ruptura» respecto a la posición mantenida por el Estado español frente al independentismo vasco desde el inicio de la transición.

El fiscal jefe, ¿a favor o en contra?

Las declaraciones de Javier Pérez Royo dieron paso en las ondas de Radio Euskadi a las de Juan Calparsoro. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) también entró al trapo de algunos de los supuestos «indicios» que se utilizarán en las próximas semanas para reclamar la ilegalización de Sortu pero, sorprendentemente, lo hizo para rechazarlos, al menos implícitamente. Así sucedió cuando fue cuestionado sobre el concepto de «continuidad», en relación a la notable presencia de dirigentes de la izquierda abertzale en la presentación de los nuevos estatutos. «Hay una discontinuidad -puntualizó- en la medida que han cambiado en un elemento que era clave, la violencia, el amparo de la violencia, la colaboración con la violencia, el apoyo a la violencia que ahora expresamente se rechaza».

Calparsoro no llegó a poner en cuestión la presentación del recurso por parte de la Fiscalía -anuncio que desde el Gobierno español se hizo antes incluso de que se hicieran públicas las líneas maestras de los estatutos en cuestión-, pero sus palabras hacen más incomprensible que el órgano al que pertenece actúe guiado por prejuicios. Dijo que la actual legislación prohíbe «los partidos que sean continuidad de un grupo que haya sido ilegalizado», pero matizó que no hace «una exigencia expresa y concreta al pasado de la organización terrorista ETA». Por último, cuando se le preguntó si él personalmente impugnaría la inscripción de Sortu, prefirió nadar y guardar la ropa.

Si Calparsoro y Pérez Royo lanzan reflexiones de este tipo, no es de extrañar que medios como «El Diario Vasco» destacara que jueces y catedráticos «coinciden en que, si el texto fundacional mantiene los términos usados ayer [por el lunes], respetaría la Ley de Partidos». Aunque las interpretaciones no eran unánimes, el rotativo guipuzcoano llegó a esa conclusión tras consultar a Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD); Joaquín Jiménez, magistrado del TS; Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, que estuvo como invitada en el acto del Euskalduna; y los catedráticos de Derecho de la UPV José Manuel Castells y Alberto López Basaguren.

También hubo quien prefirió ver la botella medio vacía, como la agencia Efe, que difundió un despacho con el titular «Rechazar la violencia es insuficiente mientras exista ETA, según los juristas». Dos de los tres citados eran Javier Corcuera y Javier Tajadura, catedrático y profesor, respectivamente, de Derecho constitucional en la UPV.

Como colofón, la llamativa reflexión del alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, quien dijo que «crear un clima ya a priori» en contra de Sortu es «una pasada». Saavedra es doctor en Derecho y dirigente del PSOE, fue ministro con Felipe González y presidente autonómico de Canarias.