Lorea Bilbao y Ane Ituino, portavoces de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), presentaron ayer en Bilbo lo que calificaron de «cifras escalofriantes», que de las 82 personas arrestadas en Hego Euskal Herria en 2010 por Guardia Civil, Policía española y Ertzaintza, 78 sufrieron el régimen de incomunicación y 63 denunciaron torturas. En este sentido, destacaron el papel jugado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, del que partieron las órdenes de arresto de 41 hombres y mujeres que denunciaron luego ser objeto de malos tratos en comisaría.

No quedaron ahí los datos más preocupantes para el colectivo que vela por la erradicación de la tortura, ya que advirtieron «del cambio de actitud de la Ertzaintza». Al respecto, explicaron que si en 2009 destacó el caso del joven de Villabona Manex Castro, «en 2010 se ha consolidado esa tendencia a la incomunicación, con 18 detenidos de los que 14 fueron incomunicados y denunciaron torturas».

Además, no se olvidaron de citar que a raíz de una redada de la Policía autonómica en Ondarroa, de la que se conocieron algunos de los casos, por iniciativa del consejero Rodolfo Ares, la Cámara de Gasteis aprobó actuar contra el abogado Alfontso Zenon, por denunciar públicamente el trato recibido por sus defendidos. Ane Ituiño añadió que mientras las denuncias presentadas han sido archivadas en los juzgados, prosiguen las diligencias de la querella criminal impulsada por el titular de Interior contra el letrado.

Subrayaron que no es un caso aislado, ya que en 2009 el joven Ibai Esteibalanda interpuso una denuncia por torturas y ahora se ha abierto una otra él, como le sucedió a Ibon Meñika, contra el que pesa desde 2009 una acusación por «falso testimonio» después de que tres años antes diera el paso de acudir a los tribunales. «Se abre un camino muy peligroso en la búsqueda de la impunidad total de los torturadores», remarcó Ituiño.

Por contra, saludaron el cambio de actitud de los abogados de oficio en la Audiencia Nacional, que se han negado de rubricar actas policiales al tener indicios de malos tratos y uno llegó a presentar un recurso contra una orden de encarcelamiento.

Desde un punto de vista positivo en esta batalla desigual, mencionaron las condenas dictadas contra el Estado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Constitucional español por no investigar denuncias por torturas interpuestas por los presos políticos Mikel San Argimiro y Sara Majarenas.

Tampoco faltó la referencia a la operación de abril de la Guardia Civil contra abogados que defienden a represaliados políticos vascos y familiares, y el dossier del instituto armado español en el que se especifica el trato diferenciado a dar a unos u otros. «Es la prueba de que se practicaron interrogatorios ilegales, con el objetivo de ratificar las imputaciones. Es -precisaron- la prueba clara de cómo se utiliza la tortura por el Estado».

Funcionarios del Estado, cinco policías y 15 guardias civiles que se sentaron en el banquillo de las audiencias de Madrid y Donostia por su participación en las torturas a Maite Orue y Mattin Sarasola e Igor Portu, respectivamente. En el primero de los casos, los acusados fueron absueltos, mientras que cuatro de los militares fueron condenados. Ambas sentencias están recurridas, lo que no impide a Torturaren Aurkako Taldea destacar que desde 2001 no se había juzgado a ningún miembro de las FSE por torturas.

En el balance tuvo su espacio la movilización del 30 de octubre en Donostia, en la que participaron 20.000 manifestantes, y el amplio movimiento ciudadano que se articuló. Ituiño resaltó los numerosos agentes políticos, sociales y sindicales que se adherieron a la reivindicación y que tendrá su continuidad en los próximos meses con nuevas iniciativas.

Llamamiento al Estado español

El nuevo ciclo político que se abre en Euskal Herria, en opinión de las representantes del TAT, es una buena oportunidad para la acumulación de fuerzas en torno a la exigencia al Estado de que acabe con esta práctica execrable y la denuncia de los casos si se siguen produciendo. «Es necesario e imprescindible que el Estado reconozca su responsabilidad para dar pasos hacia la resolución del conflicto», declaró Ane Ituiño.

Dentro de las medidas para acabar con la tortura, el organismo insiste en la importancia del reconocimiento de su existencia pública y oficialmente. «Este pueblo tiene derecho a conocer y recuperar la memoria histórica de las vulneraciones de derechos humanos ocurridas», señaló Lorea Bilbao y ratificó luego Ituiño, que recordó que, en los últimos 30 años, se han contabilizado 7.000 casos y 10.000 en el último medio siglo.

Además, creen imprescindible que se asegure que no se van a producir nuevos casos, destruyendo «toda la maquinaria que permite, ampara y esconde la tortura». Otro aspecto es la rehabilitación de las víctimas.