Los trabajadores del Grupo Ramón Vizcaíno, ubicado en Oiartzun, denunciaron ayer «la extrema situación» en la que se encuentran tras siete meses sin cobrar sus salarios. En una rueda de prensa multitudinaria ofrecida en una de las salas de la empresa, los trabajadores criticaron, asimismo, que tras años de «crisis permanente», las graves irresponsabilidades de los responsables de la compañía «han condenado al cierre y a su liquidación a un grupo empresarial que da trabajo a cerca de 400 familias».

Así lo señaló Belinda Aguado, miembro del comité de empresa, y encargada de leer un comunicado de los trabajadores. «La historia de los últimos años del Grupo Ramón Vizcaíno ha sido y es la historia de una crisis permanente», dijo. Al respecto, explicó que las continuas situaciones de crisis se han saldado los últimos años con «trabajadores en la calle» y «sin ninguna asunción de responsabilidad» por parte de las respectivas direcciones de turno. «Siempre a la espera de que el apellido Vizcaíno fuese suficiente garantía para obtener las ayudas públicas necesarias y así ir tirando hasta la siguiente situación de crisis», rechazó.

En este sentido, el año pasado volvieron a una situación de crisis que a punto estuvo de llevar a la empresa a una Ley Concursal. Ante esta situación, se diseñó un Plan Industrial de salvación, liderado por la multinacio- nal americana AIAC y que contaba con la implicación y corresponsabilidad del Gobierno de Lakua, la Diputación de Gipuzkoa y el socio Jesús Gómez Montoya, según explicó Aguado. Era un proyecto, asimismo, liderado por el Departamento de Industria que dirige el consejero Bernabé Unda, de la mano del responsable de desarrollo indus- trial Juan Garayar.

Al respecto, la representante de los trabajadores denunció que fue responsabilidad «exclusiva» de la familia Vizcaíno, de Jesús Gómez Montoya y del equipo directivo dirigido por Agustín Tellería la situación a la que se abocó al Grupo a principios de verano de 2010.

La situación se agravó después de que, de la mano de Lakua, se le dio la propiedad de la compañía a AIAC, sin que ésta hiciera aportación alguna de capital. Los problemas se agudizaron el pasado 3 de febrero cuando la multinacional norteame- ricana abandonó el proyecto, provocando un vacío de dirección en la empresa, según explicó Aguado.

4,5 millones de euros

En este sentido, los trabajadores creen de «gravedad máxima» que AIAC, al comprometerse a reflotar la compañía, obtuviera 4,5 millones de euros de dinero público procedentes del Gobierno de Lakua y la Diputación de Gipuzkoa «sin control y garantía alguna de cumplir ninguno de los acuerdos suscritos».

«Esta grave irresponsabilidad ha condenado al cierre y a la liquidación a un grupo empresarial que da trabajo a cerca de 400 familias», denunció la portavoz del comité, para añadir que esta actuación es una muestra de que el deterioro del tejido industrial en Euskal Herria, una vez más, es «responsabilidad de unas instituciones públicas incapaces de garantizar los puestos de trabajo».

Por todo ello, los trabajadores del Grupo Ramón Vizcaíno señalaron que «rechazamos no seguir siendo los paganos que acaben pagando los platos rotos derivados de la incompetencia y negligencia de todos los directamente responsables de garantizar la supervivencia de Ramón Vizcaíno, ya sean instituciones públicas, particulares o multinacionales».

Asimismo, explicaron que con todas estas actuaciones los responsables de la compañía «han hecho que las y los trabajadores hayan tenido que forzar su despido» para poder mínimamente obtener ingresos que permitan su subsistencia. «¡Hasta este punto nos hemos visto forzados a llegar para poder comer!», señalaron enfurecidos.

Por su parte, la dirección del grupo afirmó ayer que presentará de forma «inmediata» el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que, tras su aprobación, permitirá cobrar el paro a los 400 trabajadores de la firma. Se dará así fin a la trayectoria de una empresa que el año que viene habría cumplido los 70 años.