El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció ayer que va a pedir al Ministerio de Justicia que aborde con los magistrados «qué conviene cambiar y acelerar», especialmente en materia de justicia penal, para tratar de acallar así la protesta que están llevando a cabo los jueces del Estado francés y de la que ayer se vivió un nuevo capítulo.

En un intento por recuperar el apoyo de la opinión pública de cara a las presidenciales de 2012 y en medio de una polémica que está desgastando a algunos de los pesos pesados de su Gobierno, Sarkozy se sometió ayer en directo en la cadena privada TF1 a las preguntas de nueve ciudadanos y en ese marco señaló que el ministro de Justicia, Michel Mercier, iniciaría esta pasada madrugada «una consulta muy abierta» para conocer «las razones del malestar» en el poder judicial.

Los jueces se movilizaron ayer de nuevo para denunciar lo que consideran ataques del jefe del Estado, que prometió castigo a los responsables de los «errores» que permitieron la excarcelación del presunto autor de la muerte de una joven de 18 años, cuyo cuerpo fue descuartizado.

Sarkozy reconoció que «hace falta cambiar la legislación, que el Tribunal de Menores adapte sus sanciones», y dijo que va a «pedir al conjunto de fuerzas políticas, porque no es un problema de derechas o de izquierdas, que antes del verano adoptemos nuevas medidas relativas a la delincuencia juvenil».

«Competentes y honestos»

«Lo que ha sucedido no está relacionado con lo que yo pienso de la magistratura, que es un oficio apasionante y cuyos trabajadores son en su inmensa mayoría competentes y honestos», se defendió en el programa «Paroles de Français.

Sarkozy adelantó la intención de que de aquí a 2018 se aumenten en un 40% las plazas de prisiones, hasta un total de 70.000, y se incrementen las actuales 60.000 cámaras de vigilancia instaladas en las calles.

Para que «la justicia vuelva a estar en manos del pueblo francés», añadió que los franceses serán llamados a acudir al Tribunal Correccional de su departamento en calidad de jurado popular para aportar una respuesta y definir sanciones sobre la delincuencia que les afecte.

Respecto a la otra cuestión polémica que está provocando un importante desgaste en el Gobiernos, las vacaciones navideñas en Túnez y Egipto de la ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, y el primer ministro, François Fillon, el presidente dijo que comprende la sorpresa ciudadana, pero subrayó que en ninguno de los casos «se cometió una falta» aunque admitió que ir a Túnez, en medio de una revuelta popular en ese país, «no fue la mejor idea».

«Puedo entender que sea chocante y por lo tanto no se debe repetir», pero agregó que «la política exterior francesa no se ha visto afectada» por esos viajes. No obstante, se defendió al indicar que «ni un centavo de dinero público fue malversado en estos dos desplazamientos» y recordó que ordenó a sus ministros que preferentemente pasen sus vacaciones en en Estado francés.

Se refirió también a la cuestión de la multiculturalidad para constatar, como la alemana Angela Merkel y el británico David Cameron, su «fracaso» en toda Europa al considerar que se ha protegido la identidad del inmigrante en detrimento de la del país de acogida. «Si aceptamos a todo el mundo, nuestro sistema de inmigración explota», subrayó.