La transición que se está produciendo en Túnez, con un liderazgo social importante, está siendo aplaudida sin reparo alguno en el Estado español. Resulta bueno que así suceda, pero no deja de ser muy llamativo. Porque, por ejemplo, una de las primeras medidas adoptadas ha sido la suspensión del partido de Ben Alí, el primer paso hacia su posible disolución.

Nada de ello ocurrió en el Estado español tras la muerte natural -que no huida a Arabia Saudí- de Franco. Su transición no fue impulsada desde la calle, sino que se asentó sobre el propio legado del dictador y se desarrolló mediante acuerdos políticos tomados bajo la larga sombra del Ejército. Como consecuencia lógica, los partidos profranquistas no fueron ilegalizados. No lo fue AP, germen del PP. Ni Falange. Oficialmente, son demócratas de toda la vida.

Ese tablero de juego tiene una única excepción: la disidencia independentista vasca. Durante estos días en Madrid se ha impuesto un discurso único que establece que es lógico y razonable exigir a la izquierda abertzale, debido a su historia, un plus que nunca se reclamó a los demás. Evidentemente, ni Falange ni seguramente el PP serían hoy partidos legales si se les hubiera conminado a rechazar prácticas violentas como la tortura, la dispersión o la persecución política, y mucho menos si esa obligatoriedad se hubiera proyectado hacia el pasado y se les exigiera una toma de posición contraria al franquismo, periodo «de extraordinaria placidez», según el conocido enaltecimiento de Jaime Mayor Oreja. Y qué decir de un tal Juan Carlos de Borbón, ¿no juró los «principios fundamentales del Movimiento»?

Todo lo anterior es archisabido y lleva a la conclusión obvia de que el Estado usa cartas marcadas en su partida contra el independentismo. Pero éste no es un análisis suficiente. Lo principal no es qué hace, sino para qué: seguir manteniendo a la izquierda abertzale fuera del marco legal es lo único que le garantiza que se bloquea cualquier avance político.

Precisamente por eso y para eso la izquierda abertzale necesita un partido legal. Ni siquiera para participar en unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, sino para que el debate político se instale en Euskal Herria sin barreras ni vetos, para siempre. Resignarse a perder la partida porque el contrario usa cartas marcadas no es más que un triste y pobre consuelo. Y la izquierda abertzale no nació para ser un buen perdedor a los puntos, sino para ganar una Euskal Herria independiente y socialista.