Las imágenes del cuerpo sin vida de Joxe Arregi arrojaron algo de luz sobre la tenebrosa práctica de la tortura. Aquellas fotografías revelaron lo conocido y lo padecido por muchos y muchas, pero también lo silenciado por jueces, médicos y medios de comunicación.

Han transcurrido tres largas décadas desde que aquellas imágenes, recibidas de forma anónima por distintas organizaciones, vieran la luz. Las instantáneas de la espalda amoratada de Iratxe Sorzabal o el rostro deformado de Unai Romano han podido escapar, en estos treinta años, de la opaca incomunicación, pero han chocado de bruces contra todas las instancias judiciales del Estado español.

El vigor mostrado en Argentina por las madres de la Plaza de Mayo en la lucha de la memoria contra el olvido tiene su reflejo en Euskal Herria con los «Padres y madres contra la tortura». El martes se concentraron ante el juez Fernando Grande Marlaska, magistrado responsable de la detención de sus hijos e hijas, y le hicieron llegar una misiva en la que le responsabilizaban del estado en el que «les devuelven» a los hijos e hijas tras el paso de la incomunicación.

Miles de anónimos ciudadanos vascos, cerca de 10.000 según los datos recabados por Fundación Euskal Memoria, han padecido en sus carnes la tortura. Trece de ellos han sido devueltos a Euskal Herria en ataúdes. Y cientos de ellos perviven enfrentándose a lo que un instinto arraigado se empeña en enterrar en un lugar oscuro y profundo.

Mientras que los cuerpos y las mentes torturadas luchan por volver a ser lo que eran antes de este infierno, un video que se extiende por Internet muestra que el Secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, pide que apaguen la cámara al ser preguntado sobre los casos de torturas. Otra vez la oscuridad.

Una vela intentará velar por los derechos de los detenidos de hoy en adelante. Luz y esperanza en las sombrías cloacas del Estado, treinta años después de la brutal muerte de Joxe Arregi.