La decisión del Tribunal Supremo español de rechazar la revisión de la sentencia por la que Miguel Hernández fue condenado a muerte en 1940 por un tribunal franquista se antoja tan injusta, guardando las distancias, como la propia sentencia que condenó al poeta alicantino. Al margen de la macabra broma de haber sido condenado a muerte -si bien le fue conmutada por otra de 30 años de prisión; no obstante, murió preso dos años después- por el delito de adhesión a la rebelión por quienes se habían rebelado contra el gobierno legítimo, y de las irregularidades de aquel proceso, resulta revelador que la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo argumente que la sentencia ya fue reconocida como injusta por la Ley de Memoria Histórica. Precisamente, la familia de Miguel Hernández recurrió a la vía judicial para la anulación de esa sentencia debido a las carencias de esa ley pues, como dijo el abogado de la familia, «no abordó el problema». Queda así en evidencia el verdadero alcance de una ley cuya insuficiencia ya había sido denunciada. Y queda en evidencia, asimismo, la larga sombra de un régimen que organizó su transición.