Representantes sindicales de LAB, ELA y CCOO en la Diputación de Bizkaia y los colectivos sociales Asamblea de Parados de Barakaldo y Sestao, Berri-Otxoak, Consejo de la Juventud de Euskadi, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo se concentraron ayer ante el Palacio Foral para denunciar los recortes sociales que provocará «la retirada de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a 750 familias vizcainas» y la «supresión» de puestos en el Instituto Foral de Asistencia Social que no se cubren, con lo que la calidad asistencial «se reduce a mínimos, generando cargas excesivas de trabajo».

Aitor Balda, portavoz de Elkartzen, denunció en ese acto de protesta «el nuevo recorte del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Patxi López en cuanto a las prestaciones necesarias para poder sobrevivir» y, a la vez, recordó que «esos recortes se producen en plena crisis económica, ya que de 60.314 parados en enero de 2009 se ha pasado a 79.730 parados en este momento, lo que supone un incremento del 32%».

En nombre de sindicatos y colectivos sociales, Balda recordó que esos recortes dejarán a 750 familias sin recursos y «la Diputación de Bizkaia mantiene un colapso burocrático, que supone un retraso de cinco meses en la tramitación, modificación, suspensión y actualización de los expedientes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de las familias perceptoras de esta prestación».

Para estos colectivos «están aplicando esa suspensión de las ayudas sin motivo alguno, porque «pensionistas, discapacitados con alto grado de minusvalía y personas que están a la espera de poder inscribirse en Lanbide se van a quedar sin las ayudas, cuando no tienen ninguna obligatoriedad de estar apuntadas al Inem o a Lanbide». En el caso de Diputación, Balda explicó que hay 3.400 expedientes «pendientes de resolución».

Aseguró que, además de los recortes, el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) «está suprimiendo contratos, y no está cubriendo las sustituciones». Según el cálculo de los sindicatos y de los colectivos sociales ascienden a 4.000 contratos menos, «lo que está provocando una perdida de la calidad» y «un aumento de los ritmos de trabajo del personal»