La revolución pacífica que los islandeses pusieron en marcha en octubre de 2008 tras la crisis bancaria que llevó a la bancarrota a esta isla noratlántica puede no haber escrito aún su último capítulo después de que el Althingi (Parlamento) aprobara ayer por una clara mayoría un nuevo acuerdo destinado a reembolsar cerca de 4.000 millones de euros a los 340.000 inversores británicos y neerlandeses afectados por la quiebra del banco en línea Icesave, que todavía debe ser ratificado por el presidente, Ólafur Ragnar Grimsson.

La ley contó con el apoyo de la Alianza Socialdemócrata de la primera ministra, Johanna Sigurdardottir, de la mayor parte de los diputados de su socio de Gobierno, el Movimiento de Izquierda Verde, y del líder de la oposición, el conservador Partido de la Independencia.

La quiebra de los tres grandes bancos islandeses que provocó una crisis que colapsó el sistema financiero del país sacó a los islandeses a las calles en octubre de 2008. Su presión forzó la dimisión en bloque del Gobierno, la nacionalización de los tres principales bancos, la decisión de no asumir las deudas contraídas por estas entidades y la creación, el pasado enero, de un «Parlamento popular» integrado por 25 ciudadanos sin filiación política para reformar la Constitución. Esta revuelta pacífica llevó incluso al arresto de los responsables de la crisis: directivos y altos cargos de las entidades financieras.

Tercera vez

No es la primera vez que el Gobierno, al que la población aupó al poder tras la crisis, cede a las pretensiones de británicos y holandeses de saldar la deuda. La de ayer fue la tercera vez que el Althingi aprueba una ley sobre el caso Icesave, la sucursal de internet abierta por uno de los tres principales bancos cuando ya no podía financiarse en los mercados. La última tuvo lugar en diciembre de 2009, aunque el presidente se negó en enero a promulgarla a petición de una iniciativa popular apoyada por más de 56.000 personas (de los 330.000 islandeses), una cuarta parte del censo electoral.

Esa negativa, la primera de este tipo en la historia del país, obligó a convocar un referendo en marzo del año pasado, en el que el «no» logró una victoria aplastante con el 93% de los votos. Una situación que podría volver a repetirse ahora.

El acuerdo de entonces contemplaba el pago de casi 4.000 millones de euros en 15 años con intereses del 5,5%, lo que suponía unos 50.000 euros por familia, en un momento en que el paro y las dificultades de hacer frente a las deudas estaban en su punto álgido. Por eso, se consideró que, además de injusto, el acuerdo podría llevar a la ruina a centenares de familias.

La nueva ley aprobada ayer es fruto de un acuerdo logrado hace dos meses entre los gobiernos de los tres países. Amplía el plazo de devolución y rebaja los tipos de interés.

Los defensores del «sí» argumentaron la necesidad de aprobar la ley para evitar que una hipotética demanda judicial pue- da obligar a hacer frente a otras reclamaciones relacionadas con el banco Landsbanki, cuya sucursal de internet era Icesave. Sigurdardottir dijo que es hora de resolver la cuestión y agregó que es «el mejor acuerdo que se puede lograr». Sus detractores han denunciado la prisa del Gobierno en sacarla adelante antes de que la oposición popular alcance la dimensión que obtuvo hace un año. Una plataforma en internet ha recogido cerca de 33.000 peticiones a favor de un referendo, una idea que apoya el 62,1% de los islandeses, según un sondeo del rotativo «Morgunbladid».

De acuerdo a cálculos de este diario, si la corona islandesa se mantiene fuerte y se recuperan los activos del Landsbanki, el pago de la deuda apenas afectaría a los contribuyentes islandeses. En caso contrario, cada familia debería pagar unos 12.570 euros.