La aprobación de la «Ley Sinde» ha abierto la puerta al cierre judicial de páginas webs cuyos contenidos violen, supuestamente, las normas de derechos de autor. En realidad, el verdadero objetivo del Gobierno español es «el control de Internet», tal y como denuncian colectivos como Ex (http://la-ex.net/), Red SOStenible (http://red-sostenible.net/index.php/P%C3%A1gina_Principal) o Hacktivistas (http://hacktivistas.net/). El debate que trata de imponerse desde las instancias estatales, habla sobre la rentabilidad de la cultura, y argumenta que, si sigue la tendencia actual, el cine y la música podrían tener los días contados. Un razonamiento fatalista que oculta lo que muchos de los implicados han tratado de denunciar: lo que está en juego es la libertad de expresión en Internet.

La Disposición Segunda de la Ley de Economía Sostenible -conocida como «Ley Sinde»-, que el Gobierno español ha vendido como una norma para castigar las descargas ilegales en la red, ya tiene el visto bueno de las Cortes de Madrid. El pasado 9 de febrero, PSOE, PP y CiU la avalaron en el Senado español. Una semana después, la ley superó el escollo del Congreso. Sólo falta que se publique en el BOE y se desarrollen algunas disposiciones. A partir de entonces, podrán llegar las primeras denuncias y, con ellas, los cierres de páginas web, que el Ministerio español de Cultura confía en poner en marcha a principios de verano.

La irrupción de la red ha supuesto un verdadero terremoto en el ámbito de la industria cultural. Pero, mientras las grandes multinacionales han logrado imponer sus intereses en una norma hecha a medida, se multiplican las voces que defienden Internet como una oportunidad para los creadores y difunden alternativas para hacer frente a la posibilidad de censura.

«El objetivo es controlar Internet», advierte Simona Levi, una italiana afincada en Barcelona, y que se ha convertido en una de las voces con más autoridad en defensa de la cultura libre. Según explica esta fundadora de Ex (entidad antiguamente conocida como ExGae pero que tuvo que cambiar de nombre ante la amenaza de denuncia de la SGAE) y vinculada al movimiento Red S@stenible, los legisladores españoles han decidido «criminalizar al proveedor» a través de una norma que, si se siguiese al pie de la letra, «permitiría cerrar hasta Google». Todo aquello que provea contenidos en la red que puedan «violar» el copyright original, estará bajo la amenaza del cerrojazo. De este modo, las autoridades españolas han tomado un camino distinto al del Estado francés, que ataca directamente al usuario y corta el grifo de Internet a quienes descargan contenidos con copyright. Aunque, en realidad, lo único que han logrado ha sido desplazar a los internautas a las páginas de visualización online.

Con la firma del Borbón ya estampada en la ley, es importante conocer cómo funciona, cuáles serán sus efectos y, sobre todo, de qué manera escapar a su control. En la práctica, el proceso de cierre de páginas pactado por PSOE, PP y CiU es sencillo. Primero se constituirá una comisión gubernamental que analizará cada denuncia. Este grupo, donde no están representados ni usuarios ni creadores, solicitará información a un primer juez. Se estudiará el caso y, en un plazo de entre 15 y 17 días, otro magistrado tendrá que decidir si echa la persiana o si, por el contrario, se violan derechos fundamentales como la libertad de expresión.

La vía por la que se ha aprobado la norma también ha evidenciado que el interés, al margen del debate público, era contentar a las grandes multinacionales de la industria cultural. Hasta 12 veces dijo «no» el Congreso español al proyecto de ley. Pero la norma debía de aprobarse. A las presiones de la industria se sumaron las del Gobierno de EEUU, según revelaron algunos de los cables de Wikileaks. Así que el proyecto se desvió por el Senado, para probar suerte. Y ni por esas. El 27 de diciembre recibió su enésima negativa. Finalmente, CiU y el PP terminaron aceptando. Oficialmente, su cambio de opinión obedece a las mayores garantías que se incluyen a la hora de cerrar una web. Aunque, tal y como recuerda Gala Pin, el proceso de negociación ha tenido más de mercadeo con otras cuestiones que de discusión entre las diferentes partes implicadas en el ámbito cultural.

«Se equiparan los intereses de la multinacional, de un gremio concreto, con derechos básicos», alerta Levi, quien llama la atención sobre dos de las principales dificultades con las que se tendrá que enfrentar la aplicación de la ley: la saturación de los juzgados y las consecuencias para las propias páginas. La idea de que ésta es la única manera de garantizar la supervivencia de los artistas ha sido uno de los principales argumentos lanzados tanto desde Cultura como desde las sociedades de gestión como la SGAE. El otro razonamiento: que quienes defienden la cultura libre, son partidarios del «gratis total». A juicio de personas como Levi o Pin, ambas afirmaciones ocultan sendas falacias. «Los artistas son trabajadores y tienen que cobrar por lo que hacen», asegura la trabajadora de Ex. «El problema es que la industria cultural se aprovecha del concepto de derechos de autor porque no paga a sus empleados, y eso es explotación», añade Simona Levi.

«Lo que se ha terminado es el tiempo de los grandes contratos con multinacionales», indica Gala Pin. «La industria ha cambiado. Así como antes uno podía tener muchos ingresos por la venta de un trozo de plástico a 25 euros, existen otras formas de financiar a los artistas, como los bolos, el merchandising o el crowdfundig». De este modo, la trabajadora de Ex llama la atención sobre las posibilidades abiertas con las nuevas tecnologías. El crowdfunding, o financiación colectiva, es una de las más extendidas, y permite que un autor reciba donaciones a través de la web. Este formato está representado en páginas como Kickstarter (www.kickstarter.com), donde autores de cualquier especialidad ofrecen sus proyectos y encuentran colaboración y financiación dependiendo del grado de apoyo recibido por los internautas.

Las licencias al margen del copyright, como el Creative Commons, son otra de las batallas de los defensores de la cultura libre. «Hay artistas que han salido a favor de la copia argumentando que, con ella, logran más difusión», insiste Pin, que destaca que Internet se ha convertido en «una forma de distribución y una forma de lanzamiento para los grupos menos conocidos». Además, la trabajadora de Ex lanza la pregunta sobre quién representa a los creadores. No se puede olvidar que, por ejemplo, la SGAE, que es una entidad privada, reparte sus beneficios únicamente entre sus asociados, lo que, a juicio de Simona Levi, constituye «un delito de apropación indebida».

Las actuales webs en las que pueden encontrarse enlaces de descargas, como Seriesyonkis (www.seriesyonkis.com), buscan los resquicios legales para evitar el cierre. Esta página, que aparece en la lista negra de 200 webs elaborada por la Sociedad de Creadores (una entidad similar a la SGAE), ha anunciado que se reinventará para sortear la censura. De este modo, actualmente está preparando su reconversión en algo parecido a una red social, lo que dificultará a los jueces decidir sobre su cierre, ya que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

«Confío en los hackers», era la previsión optimista de Gala Pin. En la práctica, los jueces van a tener difícil llevar adelante la persecución de las webs. De hecho, la página de Hacktivistas, un grupo en defensa de la cultura libre, tiene ya muy avanzado un manual para combatir la censura. En los próximos días se hará público a través de su página web, tal y como confirmó a GARA uno de sus miembros este mismo sábado. El manual, dirigido a usuarios, administradores «e incluso a cualquier legislador», explicará «detalladamente cómo saltarse la Ley Sinde». El objetivo es que cualquier usuario pueda hacer frente a esta normativa de censura. Incluso aquellos para quienes escuchar sobre proxys o configuraciones compartidas sea como asistir a una charla acerca de partículas subatómicas impartida por Sheldon Cooper, el superdotado de la serie «The Big Bang Theory».