La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, acudió ayer a la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de las Juntas Generales de Bizkaia para aportar los datos que posee el Ejecutivo de Lakua acerca de la planta de tratamientos de purines, cuyas obras están paralizadas desde hace muchos meses en el barrio Las Torcachas de Karrantza.

Unzalu informó de que dejaron de aportar subvenciones a esta infraestructura después de constatar que, tras una inversión pública de 10 millones de euros, la ejecución de las obras rondaba el 20 ó 30%. Tal y como lo dijo también el miércoles pasado en la Cámara de Gasteiz, la consejera consideró que el proyecto debe partir «desde cero» para buscar una solución real a los desechos que generan varios miles de cabezas de ganado en este valle vizcaino.

Para Lakua, el proyecto que promueve desde 2005 Karrantzako Minda SL es «el plan de la incertidumbre», lo que llevó al Gobierno a no aportar los otros 3 millones de euros que se comprometió el anterior Ejecutivo autonómico. A raíz de esto, la constructora -la UTE Ahidra-Colsen, subcontratada por la ingeniería Ade Biotec- rescindió el contrato por falta de pago.

La responsable incidió en que ni siquiera se llegó a rubricar un acuerdo con los ganaderos para garantizar el suministro de purines, ni cómo se llevaría a cabo el traslado hasta la planta de Las Torcachas, ni cómo se acometería el tratamiento de las fracciones sólida y líquida de los desechos, especialmente esta última muy contaminante por contener nitrógeno y fósfatos, lo que podía hacer disparar los gastos.

Unzalu subrayó, por ejemplo, la importancia de conocer algunos de estos extremos, ya que la infraestructura iba a necesitar a diario un mínimo de 450 metros cúbicos de purines, con los que generaría electricidad a través del biogas y hasta 14.600 toneladas de fertilizantes al año, que luego habría que sacar con camiones de la planta y venderlos. Tampoco se concretó la tasa que iban a tener que abonar los ganaderos por la retirada.

«La indeterminación» del proyecto, resaltó, era enorme, ya que el presupuesto pasó de los 12,2 millones de euros del anteproyecto de julio de 2006 a los 25,8 millones de mayo de 2010. Lo único que al parecer estaba bien atado era la inversión pública, con aportaciones de Lakua de 4 millones, otros 4 del Gobierno español y 2 de la Diputación. Además, la consejera informó de que el anterior Ejecutivo autonómico suscribió un acuerdo con Karrantzako Minda SL por el que se comprometió a cubrir las pérdidas durante los 20 primeros años con 49,5 millones de euros, a los que se sumaría otra aportación adicional de 360.000 euros anuales.

También volvió a citar las partidas por valor de 1,6 millones de euros que el Gabinete de Juan José Ibarretxe liberó en los últimos días de gobierno, del 24 de abril al 5 de mayo, cuando estaba en funciones.

Pilar Unzalu añadió que, a la vista de los datos que les fueron aportados y de las dudas que les fueron surgiendo, concluyeron que el proyecto impulsado por Karrantzako Minda -sociedad conformada por la cooperativa ganadera Guvac (69%), el Ayuntamiento del valle (21%) e Ipar Kutxa (10%)- «no era serio ni asumible». Esta conclusión también se deriva de los estudios encargados por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca a la UPV-EHU y Neiker, que ponen en cuestión la viabilidad económica y medio ambiental de la planta.

Los apoderados de Alternatiba, Ezker Batua, PP y PSE coincidieron en la necesidad de esclarecer todo lo que ha rodeado a este proyecto y abogaron también por buscar una solución para los purines que genera la cabaña ganadera de Karrantza, con periódicos vertidos al cauce de los ríos. Esa contaminación, advirtió Arturo Aldecoa (PP), es la que provocó que localidades cántabras orientales hayan sufrico cortes en el suministro de agua por contaminación.