Una semana después de su dimisión, Marcos Cuco explica los motivos de su decisión a GARA.

Tras cerca de doce años en el Consistorio de Muskiz, ¿por qué ha decidido dimitir?

Es una decisión que llevaba madurando desde que la Junta de Gobierno, en 2009, concedió las licencias de obra y actividad a las plantas de coque y de cogeneración. Aquel día voté en contra de los acuerdos por no ajustarse a la legalidad. Desde entonces mis discrepancias con el equipo de gobierno se hicieron más visibles, con votos particulares en bastantes ocasiones. Decidí seguir trabajando en las áreas de Acción Social, Juventud, Participación Ciudadana y Medio Ambiente. Se han puesto en marcha muchas iniciativas y a la vez, desde dentro, he podido conocer documentos y plazos respecto de la planta de coque que de otra forma hubieran pasado inadvertidos.

¿Se ha sentido arropado por sus compañeros de Corporación?

No, todo lo contrario. Mis mayores apoyos han venido de «fuera», de la Coordinadora Anti-Coke, asociaciones de vecinos y de formaciones que no tienen representación en el Ayuntamiento. Hubo dos concejalas que compartían mis inquietudes pero, por coherencia personal, decidieron dimitir. No les pude pedir que se quedaran.

¿No ha tenido que ser una decisión fácil para usted?

Estas decisiones nunca son fáciles de tomar, porque ves como el proyecto de pueblo por el que has estado trabajando tantos años desaparece de la noche a la mañana. Haría hincapié en las mejoras en el área social, destacando la implantación del Área de Infancia, el comedor social, transporte adaptado, Programa Zainduz, apertura del centro de respiro,... Sin embargo, lo más polémico ha sido Medio Ambiente, por proyectos impuestos como la planta de coque, las líneas de alta tensión o el expolio de la playa de La Arena.

¿Uno de los detonantes ha sido la ordenanza del ruido?

Sí. Comenzamos a trabajar en ella hace casi dos años. Sabía que lo más probable es que no la aprobaran, pero tenía que llevar la tramitación hasta el final para que se visualizara lo que había detrás. Ha sido bastante agotador, pero ha merecido la pena desde el punto de vista de que ha quedado clara la postura de los tres grupos que están en el Ayuntamiento: PNV, PSE y EA. La ordenanza se llevó a comisión en setiembre. El único grupo que hizo propuestas fue el PNV, todas y cada una de ellas eran automáticamente aceptadas e incluidas. La ordenanza se cepilló hasta el máximo posible, me prometieron su voto favorable, pero curiosamente tuvo tres dictámenes diferentes. El alcalde me pidió desde el principio que se aprobara por unanimidad, sabiendo que eso era condenarla al fracaso. Todavía hoy no han explicado por qué no la aprueban. Ni siquiera se ha debatido en pleno.

¿Ha habido otros proyectos que se hayan visto paralizados?

Sí, hay varios. Desde la orden de subvenciones de Medio Ambiente, proyectos de regeneración ambiental, el estudio de la calidad del aire y un estudio sicosocial del bienestar que teníamos previsto realizar con la UPV para detectar el nivel de estrés hasta de bienestar en la ciudadanía, por convivir con proyectos que generan tanto impacto. Parece que no interesa saber.

Hace unos días, la Coordinadora Anti-Coke volvió a denunciar la compra de voluntades de Petronor. ¿Ha sido víctima de esas presiones de las que hablaban?

Víctimas hemos sido todos. Al comienzo de la legislatura todo era distinto, parecía que nos habíamos sacudido ese vasallaje, pero duró muy poco tiempo. Los grandes partidos están hibridados con las grandes empresas y el capital, para que siga funcionando la economía de mercado. En Muskiz, particularmente, esto se ha hecho visible. Repsol fichó en plena polémica a Josu Jon Imaz y a su asesor de prensa; a Melchor Gil, destacado socialista y cuñado de Patxi López; el giro de algunos medios de comunicación, el patrocinio al Athletic, becas de estudio para jóvenes, calendarios con fotografías de asociaciones locales a quienes patrocinan, revistas buzoneadas y el mercadeo de un puñado de puestos de trabajo. Si un partido entra en ese juego, tarde o temprano tienes que devolver el favor y dejas de distinguir el servicio público con el beneficio privado.

Fuera de aquí se creen que este pueblo es un lujo, una especie de Emiratos Árabes en pequeño. Petronor ha vivido hasta ahora en un paraíso fiscal, pagaba los mismos impuestos en Muskiz que en Abanto, cuando el 80% de la actividad se realiza en Muskiz. Hasta se autoliquidaba, es decir, ellos mismos le decían al Ayuntamiento cuántos impuestos le correspondían. Ahora, han presentado la certificación final de la planta de cogeneración, es curioso ver cómo se invierten los números del proyecto, las partidas que computan bajan escandalosamente y las que no computan suben. Respecto de los puestos de trabajo creados en el pueblo, un 10% de la plantilla es de Muskiz.

¿Es la coherencia la que le ha obligado a dimitir?

La coherencia te hace ser fiel a tus principios. He dimitido porque he considerado que era el momento de hacerlo, no quería quedarme a calentar el sillón y creo que dimitir en este momento es un gesto. Se puede ser coherente en política.

¿Tan fuerte es Petronor?

Repsol es muy fuerte, tanto que hasta se pactan enmiendas en Madrid, sin luz y taquígrafos. Petronor debiera haber hecho un gran esfuerzo por ajustarse a la ley y tenía que haber presentado hace tiempo un plan para ir reduciendo progresivamente su actividad, de manera que la plantilla se fuera acomodando a las nuevas situaciones de una forma no traumática. En lugar de eso, comienzan a construir una nueva planta, de manera ilegal, en dominio público. Quieren seguir creciendo, ampliándose para obtener más beneficios a costa de la salud y el medio ambiente. Han actuado con una gran irresponsabilidad y el tiempo nos dará la razon.

¿Es posible que la petrolera cumpla la ley?

Es necesario seguir luchando para que cumplan la ley. Hay que presionar a la Administración para que lo exija y llevarles a los tribunales si es necesario, tal y como se ha hecho. Lo gracioso es que la Administración es quien da los permisos con poca o nada rigurosidad y la ciudadanía tiene que llevarles ante la justicia a «escote». Luego la Administración se defiende y recurre sus chapuzas con dinero de todos. ¿No es injusto?