La Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED) se ha mostrado preocupado por la nueva dinámica de criminalización del papel de la defensa letrada en el mundo, en la Asamblea General celebrada en enero en la ciudad de Amsterdam. En ella analizaron cómo los procesos de alta carga política «han puesto en el punto de mira a los profesionales del Derecho». La asamblea contó con la participación de delegados de la Asociación de Abogados de Euskal Herria-Eskubideak.

La Comisión de Defensa de la Defensa de AED ha hecho público su informe anual definitivo sobre la «grave situación de persecución que han sufrido los abogados en el mundo» durante el año 2010. Este informe tiene su difusión en todas las asociaciones que componen la AED, que cuentan aproximadamente con 6.000 afiliados en toda Europa. Además, es base de trabajo para labores de observación y para la interposición de denuncias ante organismos internacionales.

En dicho informe, la AED ha recogido «clamorosos casos de violaciones de derechos humanos» padecidos a la hora de ejercer la profesión letrada durante el año 2010 y se ha centrado en la denuncia de lo ocurrido en países tales como Kurdistán, India, Irán, Túnez, Egipto o en Europa, ámbito de trabajo natural de la asociación, en el propio Estado español. En este último caso, la AED ha rechazado «el hostigamiento» sufrido por abogados vascos, «a quienes se obstaculiza su acción profesional por medio de la interposición de denuncias improcedentes y por medio de su detención bajo acusaciones arbitrarias».

Así, en el informe se hace alusión a los hechos acontecidos durante 2010 en relación a la vulneración del derecho a la defensa. En este sentido, la asociación asegura que realizó labores de observación en el juicio sobre la euro-orden del abogado Joseba Agudo detenido a finales de 2009. En el informe también se denuncia el arresto de los abogados Arantza Zulueta, Iker Sarriegi y Jon Enparantza, que fueron puestos en libertad a finales de año, así como la detención e incomunicación de otros dos abogados, Haizea Ziluaga y Haritz Escudero, ambos en libertad bajo fianza tras permanecer tres días incomunicados.

En este sentido, se mencionan «las circunstancias» en las que mantienen en prisión a los abogados presos, «condicionadas en todo momento por la política de dispersión». La querella presentada por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, contra el abogado Alfonso Zenon por haber denunciado que sus clientes habían sido víctimas de torturas, también fue denunciada en la Asamblea General.

La AED se comprometió a mantenerse vigilante sobre las circunstancias referentes al contexto vasco, así como a acompañar a los letrados en el libre ejercicio de su labor profesional.