La iniciativa emprendida ayer por los ochos militantes independentistas en Izura no resulta, ciertamente, novedosa en Ipar Euskal Herria. Sin pretender ir más lejos en la historia, en los últimos cuarenta años se han dado diferentes encerronas desde que cientos de ciudadanos del sur del país se han visto obligados a huir la represión del Gobierno de turno contra el proyecto independentista, sea antes o después del franquismo.

Las peticiones concretas de tales iniciativas han tenido sus variantes en función del contexto de cada época (reivindicación del estatuto de refugiado político, derecho a vivir libremente en Euskal Herria...) y los protagonistas también han sido diversos (refugiados con riesgo de ser expulsados o extraditados, confinados y asignados a residencia que decidieron retornar a Euskal Herria, deportados en países lejanos que hicieron otro tanto...).

Ahora es un instrumento jurídico instaurado por la Unión Europea (esa de los derechos, que dicen) no hace tantos años pero que, en el caso del conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los estados español y francés, está dando los frutos esperados, sobre todo al primero pero, también, a París que bien se aprovecha para «limpiar» su territorio del peligro abertzale.

La denuncia de la cada vez más sistemática aplicación de la euroorden a decenas de militantes vascos que son entregados a Madrid, sin tan siquiera tener opción a que se les escuche, para ser encarcelados durante años es el motivo del encierro.

Cabe preguntarse, sin embargo, por qué ahora y no antes ya que el goteo euroórdenes contra ciudadanos vascos por parte del Estado francés tampoco data de hoy.

Es evidente que el caso de Aurore Martin ha influido sobremanera en la intensificación de la dinámica contra la eurorden y, por supuesto, en la toma de conciencia de mucha gente. Y es que el hecho de que se tratara de una «ciudadana francesa» ha hecho reaccionar a muchas personas, a representantes políticos y electos de prácticamente todas las tendencias, a europarlamentarios, a fuerzas políticas, sindicales y movimientos sociales que, en algunos casos, parecían descubrir la existencia de ese instrumento.

Es más, cuando gracias a la ingente labor de denuncia desarrollada por colectivos antirrepresivos en los últimos años respecto al verdadero objetivo de estas entregas (intentar abortar un proyecto político, el de la izquierda abertzale), respecto a los métodos utilizados (a menudo acusaciones sonsacadas a través de los malos tratos a detenidos), cada vez más sectores de la sociedad de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa -y también del Estado francés- se han dado cuenta de la «aberración» que supone para los derechos elementales. Porque, en realidad, como lo subrayaron una y otra vez en la comparecencia de ayer, ése es el fondo de la cuestión. No se trata de ser de nacionalidad española o francesa sino del respeto a los derechos y libertades básicos.

Pero hay otro factor a no obviar en todo esto, cual es que la euroorden por motivos políticos se está aplicando en Europa casi exclusivamente en el caso de los ciudadanos vascos y eso, por supuesto, no es casual.

Algunos vecinos de la pequeña localidad bajonavarra que observaban atónitos la efervescencia inusual de ayer, no necesitaron estar presentes en la comparecencia para saber de qué se trataba. Con el típico `xuka' de la zona, «espainolak dittuxu?» preguntó una vecina, desde la ventana, a otra que le contestó: «Ez, euskaldunak dittuxu».