La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió ayer al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «máxima diligencia» para impedir que la izquierda abertzale pueda estar presente en los comicios de mayo. En particular, le demandó que no se agoten los plazos de los que dispone la Fiscalía y la Abogacía del Estado para presentar el recurso correspondiente contra Sortu, ya que, a su juicio, la estrategia será «parecida» a la de 2007 e intentarán presentarse con «otras marcas» o a través de agrupaciones de electores.

La declaración de Cospedal se produjo al mediodía, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, a puerta cerrada, en la que el líder del PP, Mariano Rajoy, expresó el rechazo de su partido a la presencia de Batasuna «con cualquier nombre, marca o de cualquier manera» en las municipales de mayo.

Tras recordar que el plazo para la Abogacía y la Fiscalía para presentar el recurso correspondiente termina el 11 de marzo, Cospedal reclamó al Ejecutivo «que no se agoten estos plazos», máxime cuando ya se cuenta con los informes de la Policía y la Guardia Civil que sostienen que Sortu es lo mismo que Batasuna.

Anuncio de adelanto

Pocas horas después de que el PP hiciera su apelación al Gobierno, se anunciaba que la Abogacía General del Estado presentará previsiblemente antes del 4 de marzo una demanda para pedir al Tribunal Supremo que prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos.

Por la mañana, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya había dado por hecho que la Abogacía acudiría al Supremo, pero en ningún caso había hablado de fechas. Simplemente, se había limitado a decir que todavía estaban estudiando la documentación remitida por Policía y la Guardia Civil.

El ministro declaró ante los medios que «no tengan duda de si a la vista de esos informes ese nuevo partido es un partido que es sucesión de la anterior Batasuna la Abogacía del Estado lo va a impugnar y va a pedir por tanto su ilegalización ante los tribunales de justicia». Y añadió que «se llame Sortu o se llame de otra manera, todas las opciones políticas en España han de ser iguales».

Por la tarde, tras las declaraciones del PP, un teletipo de Efe daba cuenta de que, según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia, la Abogacía presentará su demanda, previsiblemente, antes del 4 de marzo.

El PSOE huye y el PP le persigue

Remitiendo la inscripción de Sortu a los tribunales, el PSOE ha pretendido huir de la responsabilidad de tomar la decisión, lavándose las manos sea cual sea su resolución final. Sin embargo, el PP no quiere dejarle escapar por ahí.

La posición oficial del Gobierno español y del PSOE es que «fueron los tribunales los que los ilegalizaron y han de ser los tribunales lo que los legalicen». Incluso tratan de hacer ver que esto ofrece más garantías a todas las partes. Lo volvió a repetir ayer el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, quien recalcó que la vía judicial dará «un aval mucho más importante que el de simplemente un gobierno».

Sin embargo, desde las páginas de «La Razón», el presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, aseguraba que «el responsable de que Batasuna no se cuele es el Gobierno, no los jueces». Exige que «el Gobierno cumpla con su obligación, que sea muy exigente y que ponga todas las pruebas a disposición de la justicia».

«Confío en que el Gobierno se haya preocupado de recopilar toda la información necesaria para que no se cuelen», declaró.

La presión sobre el Ejecutivo, difundiendo la sospecha de que podría no poner en manos del Tribunal Supremo toda la información de la que dispone, ya fue puesta en circulación hace diez días por el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y por el portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Leopoldo Barreda. El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, las calificó como «declaraciones infumables».