Los ocho jóvenes independentistas que ayer iniciaron un encierro en Izpura son una cruda muestra de la persecución de muchos vascos por causa de su militancia política, una persecución que se ceba especialmente en la juventud vasca. Los ocho huyeron en octubre pasado de una operación policial que numerosos jóvenes habían anunciado que se produciría, basada en declaraciones de otros jóvenes en periodo de incomunicación en dependencias policiales. Ahora se enfrentan al riesgo de que les sea aplicada una euroorden y sean entregados al Estado español.

El motivo de la huida de estos jóvenes, más que el temor a un posible proceso judicial, se debe al periodo de incomunicación que precede a los procesos contra los jóvenes vascos. No se trata de una denuncia y un temor gratuitos, ya que casi todos los jóvenes y otros ciudadanos vascos detenidos tanto en la redada de octubre como en las anteriores han afirmado haber sufrido malos tratos y torturas durante su estancia en manos de las diferentes policías del Estado español. Pero, además de la denuncia, el encierro comenzado ayer responde al deseo de los encerrados de reafirmar su compromiso con la lucha política que llevaban a cabo, con el proceso político abierto en Euskal Herria, para cuyo desarrollo seguirán trabajando.

No se trata de una cuestión ligada a la nacionalidad de estas personas sobre las que pesan demandas de euroorden, como tampoco lo fue en el caso de Aurore Martin, a quien llegaron al tramposo absurdo legal de aplicar la euroorden a pesar de su nacionalidad oficial y de militar en un partido legal en el Estado francés. En todos los casos la euroorden obedece a una decisión de dos estados de reprimir y tratar de hacer desaparecer un proyecto político y, por tanto, se trata de un claro ataque a los derechos civiles y políticos que intentan disimular tras la criminalización, vano intento ante la realidad que se impone en Euskal Herria y la valiente actitud de esos jóvenes.