Ahora que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de la Abogacía del Estado y todos los medios del nacionalismo radical español dan por supuesto que el TS le dará dócilmente la razón, a los editorialistas les han entrado otras urgencias. No vaya a ser que el truco no funcione y los independentistas estén en las urnas para que les vote quien quiera.

Así, en «El Mundo» se agarraban al informe chirene del abogado del Estado para sentenciar que «no deja lugar a dudas, por lo que el Gobierno español debería ahora cargarse de argumentos ante un eventual recurso de Sortu ante el Constitucional e impedir la presencia de Batasuna en las municipales a través de agrupaciones electorales». Ya ven por dónde van sus temores y su sinvivir.

También en «Abc» daban la voz de alarma: «es evidente que la izquierda proetarra no cejará en su empeño de participar en las elecciones municipales y forales del País Vasco y Navarra. Y lo hará buscando cobijo en agrupaciones de electores, partidos democráticos -como Eusko Alkartasuna- o franquicias aún desconocidas». Les falta muy poco para pedir la ilegalización del partido de Carlos Garaikoetxea. Todo se andará.

El editorialista de «El País» no se empana y evita cuidadosamente contrastar la información. O sea, el antiperiodismo. Según el de Prisa, «la izquierda abertzale podría estar perdiendo una ocasión inmejorable para ganar la credibilidad que le niega su inmediato pasado, además de algunos hallazgos recientes como la presunta vinculación de Sortu con cuentas bancarias de la banda». Se refiere a la cuenta desde la que un grupo de profesores universitarios ayudan a los familiares de otros profesores encarcelados. ¿También es ilegal?

En «Diario de Navarra» jugaban a Sherlock Holmes (en realidad se parecen más a Mortadelo y Filemón) y, siguiendo la lógica deductiva, establecían que «sus últimos movimientos indican que la pretensión de estar presentes en las urnas sigue adelante. Con Sortu o con otra percha, que bien pudiera ser EA».

Y el de «La Razón» era categórico: «el Gobierno y el PP están obligados a no equivocarse ante el supuesto Plan B de Batasuna». Alguien podría decir aquello de «ladran, luego cabalgamos».