TRAS LA ÚLTIMA OPERACIÓN POLICIAL
Amplio compromiso político contra la tortura
Oihana LLORENTE | DONOSTIA
«Aztnugal». La llamada de auxilio lanzada por Patxi Arratibel en medio de la incomunicación fue respondida ayer. Izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba, junto a sindicatos, movimientos sociales y juveniles, han suscrito una declaración en la que exigen al Gobierno español que abandone desde hoy las políticas represivas, y en concreto, las detenciones y la tortura. De igual modo, demandan a Madrid que avance hacia la resolución del conflicto, dando los pasos que le corresponden para alcanzar un escenario de paz y democracia.
Además de las formaciones políticas citadas, sindicatos como LAB, EHNE, ESK, HIRU y STEE-EILAS y agentes juveniles como Gazte Independentistak, Iratzarri o Gazte Abertzaleak consideran que es «inadmisible» que haya detenciones y torturas en un proceso resolutivo. Y advirtieron, ayer en Donostia, que no aceptarán que «en Euskal Herria se realicen más detenciones por razones políticas, ni situaciones como la incomunicación, ni la aplicación de la más brutal violencia con objetivos políticos».
Todos los agentes mostraron su disposición de seguir trabajando para llevar el proceso democrático hasta el final. Indicaron, sin embargo, que en ese camino resulta necesario acabar con las detenciones y torturas.
Oihana Agirre, en euskara, y Lorea Bilbao, en castellano, dieron lectura a los compromisos adquiridos, recogidos en su integridad en esta página, por todos estos agentes que no piensan «quedarse con los brazos cruzados».
Tras elogiar «la situación sin precedentes de cara a superar el conflicto» que vive este país y aplaudir que los deseos y las voluntades de agentes muy diversos se hayan plasmado en compromisos concretos, denunciaron que la actitud mostrada por el Ejecutivo de Zapatero «ha chocado de manera frontal» contra estos avances. «Los mandatarios españoles han querido asfixiar la ilusión que florece en Euskal Herria», denunciaron.
Los agentes firmantes denuncian que el Gobierno de Zapatero «actúa según las viejas recetas ante cada avance del proceso» y censuran que «ha realizado declaraciones políticas decepcionantes y ha llegado a utilizar una violencia extrema».
Como botón de muestra citan las 64 personas que el pasado año denunciaron haber sido sometidas a malos tratos y torturas en el transcurso de la incomunicación. La «bolsa», los mal- tratos sexuales, las amenazas o las declaraciones realizadas bajo coacción son, a los ojos de los firmantes, «brutalidades que tienen una difusión mínima». «Imágenes que se pueden ver en infiernos a los que ninguna cámara tiene acceso. Gritos que se escuchan en los más oscuros rincónes», apunta la declaración antes de sentenciar que es concretamente eso lo que se conoce como «efectividad policial».
Tuvieron especialmente en mente al joven etxarriarra Patxi Arratibel, arrestado por la Guardia Civil el pasado mes de enero y que aferrándose a la opción que le ofrecía la hoja en blanco de la declaración policial, escribió «aztnugal», lo que significa «socorro» en euskara y escrito al revés. Recordaron el conocido poema de Joseba Sarrionaindia ``Euskara da gure territorio libre bakarra'', escrito mientras se encontraba preso. «El joven etxarriarra reflejó en el mismo territorio su dolor», agrega el texto.
Los agentes creen que se han dado pasos irreversibles y están convencidos de que el trabajo realizado «no ha sido en balde». Sin embargo, consideran que no es suficiente y que es momento de «multiplicar» los compromisos ante arrestos y torturas.
Fuentes judiciales llegaron a afirmar que Pastor «ha negado haber sufrido torturas» y que dijo haberse golpeado a sí mismo «por miedo a lo que le podía estar ocurriendo a su novia».
El estado exacto de sus lesiones no se conoce al seguir incomunicado, pero se apunta que primero fue atendido en una mano y luego en la cabeza, en ambos casos en el Hospital Clínico de Madrid.
La iniciativa contra la tortura tuvo ayer dos citas importantes en Nafarroa, una en el Parlamento y la otra en el Ayuntamiento de Iruñea. La Junta y Mesa de Portavoces debatía por la mañana la petición presentada por NaBai para la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los últimos 17 casos de maltrato a navarros, mientras que los concejales no adscritos llevaban al pleno del Consistorio iruindarra los contenidos de la moción aprobada ya en decenas de pueblos.
En el Parlamento, donde se preveía un tenso debate, los grupos contrarios se agarraron a un defecto de forma en la presentación de la petición para desgajarla en dos partes. De esta manera, la solicitud de implantar las recomendaciones de Torturaren Aurkako Taldea se tramitará como moción y la petición de una comisión de investigación parlamentaria deberá registrarse de nuevo la semana que viene. Esto retrasará la discusión en la Mesa hasta el lunes 14.
La tranquilidad en el Parlamento se tornó en un tempestuoso pleno en el Ayuntamiento de Iruñea, donde UPN insultó y vejó a la concejala Mariné Pueyo (madre de una de las navarras detenidas que han denunciado torturas a manos de la Policía) sin dejarle a ésta turno de réplica. Para ello, utilizó un estratagema habitual en el equipo que dirige Yolanda Barcina: paralizar con sus votos la moción que defendían los concejales no adscritos y luego despachar sobre ella durante el turno de ruegos y preguntas.
Pueyo defendió la urgencia de la moción recordando que de las 82 personas arrestadas en Hego Euskal Herria en 2010 63 han denunciado abusos por parte de policías. Por ello, reclamó al Ayuntamiento que se posicionara en contra de las medidas que permiten la creación de espacios de impunidad. En su argumentación, la concejal procedió a leer el fragmento de un relato de torturas a una de las jóvenes detenidas, en el que se da cuenta de cómo varios policías la desnudan de cintura para arriba y le realizan tocamientos sexuales. Esta sesión de torturas terminó, según el escrito expuesto por Pueyo, cuando la joven detenida cae desmayada. «Esta es sólo una parte de las denuncias presentadas por Garazi Autor, mi hija», declaró la concejal al terminar de leer el texto. Después preguntó: «¿Cuándo va a llegar el día en que los gritos silenciados de la tortura nos despierten?».
Lejos de despertar empatía entre sus compañeros en el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno se vio contra las cuerdas y decidió emprender un ataque personal contra la concejal. El encargado fue José Iribas, portavoz de UPN: «Queremos repudiar con rotundidad el sarcasmo, la desvergüenza y la infamia con las que se ha pronunciado la señora Pueyo».
La edil independentista reclamó su derecho a responder y le emplazó a aceptar la moción y debatir en igualdad, pero la alcaldesa, Yolanda Barcina, salió al quite dando la sesión por terminada. Se vivieron fuertes momentos de tensión, después de los cuales nadie acudió a solidarizarse con la concejal injuriada. A. I.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra estos días, ha recibido una petición para que el Estado español suprima sus legislaciones especiales por el nuevo contexto existente en Euskal Herria. La demanda ha sido impulsada por la Asociación Americana de Juristas (AAJ), entidad creada en 1976 y que tiene estatus consultivo ante la ONU.
Su escrito hace referencia tanto al régimen de detención como a la Ley de Partidos, cuestiones ambas de total actualidad dados los arrestos del martes y el proceso contra Sortu. Como premisa, apunta que «considera como positivo el alto el fuego declarado por ETA» y que también resulta «altamente positiva la declaración del sector civil al que se vincula ideológicamente con dicha organización de `desarrollar su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logo de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza'».
En el nuevo contexto, estos juristas subrayan que «se deben emprender acciones que ayuden a una terminación definitiva del conflicto sobre la base de la más firme prevalencia de los derechos humanos para todas las personas».
Tras citar que el Relator de Derechos Humanos de la ONU Martin Scheinin habló de la «pendiente resbaladiza» de Madrid, la AAJ le pide primero que «siguiendo las recomendaciones de los relatores especiales y los organismos de la ONU, decrete la abolición del régimen de incomunicación, la detención en secreto y en completo aislamiento del mundo exterior a personas genéricamente vinculadas al terrorismo». Y recuerda que este régimen se extiende además «a personas cuya detención no parece tener otra causa que su acción política o social pacífica». Cita en concreto a los detenidos en enero en Nafarroa.
Tras evocar de nuevo a Scheinin, los juristas americanos añaden que «se requiere una revisión de las expresiones vagas que aparecen en la Ley de Partidos Políticos, limitativas de ese derecho para sectores políticos existentes en la sociedad vasca».
El escrito trasladado a la ONU alude también a los derechos de los presos y familiares y, como conclusión, dice que «las medidas excepcionales deben someterse única y exclusivamente a circunstancias especiales, calificación que hoy día no se puede sostener».
Giza Eskubideen Behatokia, que difundió esta noticia, apunta que el documento «es de vital importancia» y mas aún en el contexto del proceso contra Sortu. La intervención ha sido repartida a todas las delegaciones y dará pie a iniciativas concretas.
