Situaciones como las de ayer dan pie a preguntarse por qué el Estado español no legaliza de una vez la tortura a los ciudadanos vascos, por ley, como Israel por ejemplo. Para empezar, sus guardias civiles y policías no tendrían que sentarse en el banquillo de vez en cuando (muy de vez en cuando). En estos casos, su ministro del Interior no quedaría en evidencia dos veces: por mentir primero y por callar después, por ejemplo tras la condena del «caso Portu-Sarasola». Y, por cierto, los diputados vascos o simplemente progresistas tampoco quedarían en feo por no haber tenido nada que decirle al respecto desde el mes de diciembre.

Su gobierno no debería dar explicaciones periódicas sobre casos concretos al Relator de la ONU o al Comité Europeo de Prevención de la Tortura. Y Amnistía Internacional o Human Rights Watch no deberían interpelarle en sus informes por la contradicción entre la ley y la práctica.

No harían falta forenses que dijeran que no vieron nada raro a Gurutze Iantzi antes de morir, que Unai Romano tenía la cara así porque se pegó con una puerta, o que el testigo protegido del «caso Lasa-Zabala» se quemó a sí mismo con cigarrillos por todo el cuerpo y se desgarró el esfínter para fingir que lo habían violado. No se necesitarían fiscales que lo den por bueno. Ni jueces que archiven los casos sin investigar nada, aun a riesgo de que Estrasburgo les tire de las orejas, como en el caso de Mikel San Argimiro. No se precisarían abogados de oficio que miren a otro lado, ni habría que desprestigiar a quienes sí se comporten como profesionales, como el letrado de Xabier Atristain.

Tampoco habría necesidad de medios de difusión que oculten los relatos o, más absurdo aún, los reduzcan a media columna (¿no se lo creen o no les parece grave?) Y, ya de paso, ninguna persona con sentido crítico tendría que preguntarse cómo es posible que los vascos lo cuenten todo en comisaría voluntariamente y otros crímenes tanto o más graves quien los esclarezca sea Ana Rosa Quintana.